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En Nicaragua, unos y otros, de diferentes partidos, integrantes de la clase política y económica, se han convertido en una casta de funcionarios públicos que se reparten el poder como si fuera un pastel, en su mayoría con más de diez o quince años desempeñando diferentes cargos públicos, saltando de lo social a la economía, política o diplomática.

Hasta hoy y en las últimas dos décadas, la clase política representada en los poderes económico y político han hecho de todo lo que ha estado a su alcance para venir quebrantando y resquebrajando la lucha por establecer una verdadera institucionalidad que se viene empujando desde la Sociedad Nicaragüense, haciendo esfuerzos para lograr un Estado Social de Derecho basado en el respeto, la equidad, la inclusividad y el hecho de reconocer nuestra diversidad.

Los logros obtenidos por la Sociedad a lo largo de estos años, junto a organizaciones internacionales que practican la solidaridad como principio, aportado a la importancia de construir un verdadero Estado Social de Derecho, cimentado en el cumplimiento de los derechos humanos, medioambientales, reconocidos en la Constitución Política de la República y en la Carta Universal de los DD- HH de la cual Nicaragua es signataria. En estos últimos años la Constitución ha sido anulada como producto de la voluntad política del gobierno y sus “obedientes” funcionarios partidarios y socios en la economía.

Nos están negando el derecho a contar con un Estado que basado en el respeto a la gobernabilidad humanística, que centre sus políticas económicas, presupuestarias y sociales, invirtiendo en el desarrollo humanos, teniendo como centro del desarrollo a las personas y con énfasis en las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, a los adultos mayores, a todos y todas las y los Nicaragüenses como una prioridad, pues tenemos derecho al buen vivir.

Para lograr un cambio de visión de país y pasar del Estado Botín al Estado Social de Derecho, se requiere que estos funcionarios puestos por los partidos políticos, actúen con ética, moral y buenas costumbres. Que respeten la institucionalidad, a las personas. Que éstos llamados profesionales respeten y obedezcan a la Constitución y no a la llamada telefónica o la orientación personal del caudillo, de la cúpula política y económica.

Estamos ante una clase política que con ánimo de dueño gobierna nuestro país, asumiendo como política las orientaciones, las directrices de un grupo económico, partidario y familiar. Obviando la institucionalidad, las políticas públicas, defendiendo en algunos casos y siendo cómplice en otra la corrupción, el robo, la mentira y el cinismo, la utilización lapidaria de recursos nacionales, internacionales y otros, de origen no muy claro, para satisfacer ambiciones personales dictatoriales.

El abuso del poder, la corrupción y la violación a los derechos humanos y medio ambientales son el pan nuestro de cada día. Sumiéndonos en el empobrecimiento, a ser los más pobres de América Latina.

Casi todos los funcionarios públicos, en los diferentes niveles y en los diferentes poderes del estado, en estos últimos años se han convertido en sumisos y obedientes servidores, a la espera de la llamada, la consigna, de las orientaciones trasnochadas e ilegales del partido y del líder único y eterno. El que todo lo sabe y todo lo ve, pues se encuentra por toda Nicaragua, omnipresente por obra y gracia de sus rótulos. Y tienen que cumplir las orientaciones, convirtiéndose con esto en cómplices de la destrucción del Estado de Nicaragua. Unos, por acción y otros por omisión.

Defienden el “huesito” a cualquier costo, eso les mantiene el Estatus Quo, aunque con ello terminen con la poca Institucionalidad que queda en el País. De la Ética, la Moral, la Dignidad, quien habla de eso. Con el tiempo eso se olvida, eso quedo atrás.

No existe actualmente una decisión política o económica que se aplique sin que medie lo prebendario y la corrupción. Y aunque algunos y algunas traten de justificar su actuación, como una buena parte de los diputados, de los funcionarios públicos y los llamados líderes empresariales, la historia tiene para ellos y ellas, reservada una condena, que no pueden ni podrán justificar y explicar a las generaciones actuales venideras y a sus descendientes.


*Msc. en Sociología