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Llama poderosamente la atención el silencio, casi total, de las organizaciones que trabajan en pro de los inmigrantes en este país, y de las autoridades nicaragüenses, respecto a la nueva ley de migración en Costa Rica, la cual entró a regir el pasado 1ero de marzo.

El título de este artículo nace después de leer detenidamente la nueva legislación migratoria de este país y hacer una comparación con la ley antiinmigrante y discriminatoria del Estado de Arizona, llegando a la personal conclusión de que no hay nada que envidarle… a lo mejor unas palabras más trabajadas en la de los ticos, pero el fondo y contenido de algunos artículos lleva a la misma acción represiva y persecutoria de la de Arizona.

Aunque se alega y se sostiene que la legislación vigente tiene rostro más humano, es integradora y respetuosa de los derechos de las personas inmigrantes, en su articulado existen algunos elementos que ponen en duda esas aseveraciones.

En Arizona, la reforma SB1070, faculta a la policía a detener y requisar sumariamente a cualquier persona que se sospeche no tenga una estatus legal migratorio; de igual forma sancionar a quiénes tengan trabajadores indocumentados o alquilen viviendas a inmigrantes sin residencia legal.

“Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, con el fin de aplicar la normativa migratoria vigente. Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, excepcionalmente y cuando exista causa justificada, a fin de verificar el cumplimiento de la presente Ley y su reglamento”. ¿Esto le dice algo o se asemeja a la Ley de Arizona?
Pues bien, eso son los Incisos 5 y 7, del Capítulo II, de la nueva Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica. Ahí se revela una clara intención de “inspeccionar” para detectar personas con estatus ilegal, cayendo esta norma principalmente en contra de miles de nicaragüenses que se encuentran en situación irregular pero que su mano de obra es bien aprovechada no solo en el desarrollo productivo sino en la cultura misma de la sociedad costarricense.

Y qué le parece este Inciso 5, del Capítulo IV, Artículo 18, de la misma Ley tica, respecto a las facultades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería: “Efectuar el control migratorio de las personas extranjeras en cualquier lugar del país y en los medios de transporte nacional, internacional y particular, con el propósito de verificar su condición migratoria”.

Ésa es una clara facultad a la Policía migratoria para detener o requisar a cualquier persona en su vehículo, ya sea en la parte fronteriza o en la mera capital San José, a fin de pedirle para “verificar” su condición migratoria. ¿Acaso esto no es la misma facultad que le confieren a la Policía de Arizona y que se critica tanto?
Y siga leyendo: “Efectuar, previa autorización del director general, inspecciones en hoteles, pensiones, casas de alojamiento, casas de huéspedes, moteles o establecimientos similares y lugares de trabajo, los cuales serán definidos reglamentariamente. Se exceptúan las habitaciones privadas, salvo se haya emitido una orden de allanamiento, conforme la legislación nacional, con el fin de determinar la condición migratoria de las personas extranjeras”. Este es el Inciso 8 del mismo Artículo 18.

Pero aún hay más. En el Inciso 20, siempre del Artículo 18, se faculta a los oficiales migratorios, “Investigar la situación migratoria de las personas trabajadoras extranjeras; para ello, podrán ingresar a los centros de trabajo en horas laborales, revisar pasaportes, cédulas de residencias, permisos de trabajo, así como cualquier otro documentos de identificación, a fin de comprobar infracciones contra la presente Ley y su Reglamento”.

Esto en otras palabras son operativos y redadas en contra de inmigrantes indocumentados o dónde se sospeche existan trabajadores en condiciones irregulares… ¿Y para qué?
Bueno para sancionar a lo patrones que tengan a trabajadores sin un estatus legal y para deportar a quiénes no cumplen con los requisitos para estar en el país.

Como puede observarse, las nuevas facultades que tiene la Policía de Migración de Costa Rica, son las mismas que le delegaron a la Policía de Arizona. La del norte con unas palabras más directas mientras que a la de aquí con un juego de palabras que conduce al mismo fin; perseguir a los indocumentados.

Frente a esas facultades símiles, ningún organismo pro defensa de los derechos de los inmigrantes en Costa Rica ni el Gobierno nicaragüense, ha levantado la voz y solo se han conformado con aceptar que la nueva Ley migratoria “es más humana” que su antecesora, y brindar asesoría para legalizarse.

A esto hay que agregarle que la nueva tramitología en vez de facilitar la regularización, vino a establecer una serie de aspecto que eleva el costo del proceso y lo hace menos accesible para miles que viven en condición irregular y con precaria situación económica.

Existen millones de voces que se han alza en contra de la reforma migratoria en Arizona, aquí todavía no se ha hecho nada frente a una reforma que nada tiene que envidiarla a la de Arizona; aunque sí existe una clara diferencia: la de allá es para un Estado, aquí para todo un país.


* Fondo Latinoamericano de Desarrollo
Folade

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