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En el contexto del Cuadragésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se llevó a cabo en Lima, Perú, el día 5 de junio recién pasado, el llamado “Diálogo entre el Secretario General de la OEA y los representantes de las organizaciones de sociedad civil”.

La sociedad civil nicaragüense se hizo representar en dicho diálogo por el Dr. Julio Icaza Gallard y la Lic. María José Zamora, como delegados de la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS), que auspicia proyectos y actividades del Movimiento por Nicaragua y la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD).

En su intervención, los delegados de la sociedad civil nicaragüense denunciaron al Secretario General de la OEA las reiteradas violaciones que se han dado en nuestro país a la Constitución Política y el Estado de Derecho; el fraude en las elecciones municipales del 2008, realizado por el Consejo Supremo Electoral; la ilegal aprobación de la pseudo sentencia firmada por seis magistrados orteguistas en la que declararon inaplicable al presidente Ortega el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección, y el Decreto 03-2010, por el que el Presidente Ortega prorrogó en sus cargos a 25 altos funcionarios de los poderes e instituciones del Estado, arrogándose potestades que solamente corresponden a la Asamblea Nacional.

La delegación nicaragüense hizo ver al Secretario General Insulza que estas acciones realizadas por el gobierno de Nicaragua, representaban una serie de violaciones al artículo 3 de la “Carta Democrática Interamericana”, que textualmente dice: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Luego, los delegados nicaragüenses le expresaron al Secretario General Insulza que: “el artículo 20 de la Carta Democrática, previendo este tipo de situaciones, autoriza al Secretario General a actuar: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, con el fin de “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. Es importante destacar que este artículo habla de “alteración del orden constitucional” y no necesariamente de “ruptura”, lo que da un amplio margen para la diplomacia preventiva.

En su respuesta a la delegación nicaragüense, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza insistió en que “para aplicar la Carta Democrática Interamericana, a menos que se haya producido ya la ruptura de la Democracia total, hay que tener la autorización y el beneplácito del país”. Sin embargo, el artículo 20 de la Carta Democrática, tal como lo hicieron ver los delegados nicaragüenses, no dice eso. Dicho artículo, textualmente, dice: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. Lo que está ocurriendo en Nicaragua ameritaría que el Secretario General ponga en acción este mecanismo.

En cambio, es interesante lo que dijo el Secretario General Insulza sobre la tendencia a considerar que la prohibición de la reelección presidencial representa una violación de los derechos humanos de los presidentes en ejercicio si estos aspiran a reelegirse. El señor Insulza calificó de “tremendo equívoco” e inaceptable esta tesis y sostuvo que la reelección o no reelección no tiene nada que ver con los derechos humanos de las personas. Incluso aconsejó que se consultara al respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.