Jorge Eduardo Arellano
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La reciente aprobación del Código penal de Nicaragua supone, sin duda alguna, un importante avance en la legislación penal, ya que en dicho texto se incorpora una serie de garantías y figuras jurídico-penales que antes no existían o no estaban claramente definidas en el CP/1974. Así, por ejemplo, especial relevancia tiene el contenido del título preliminar, en donde se incluyen los principios limitadores de la potestad punitiva del Estado (Ius Puniendi) como instrumento esencial para evitar arbitrariedades. Así mismo, el libro I contempla toda una serie de figuras de incalculable valor teórico y práctico, tal es el caso de la regulación expresa de los delitos de omisión propia e impropia.

En tal sentido, la nueva legislación penal está a la altura de las exigencias de todo Estado democrático; sin embargo, hay algunos aspectos que podrían ser mejorados en pro de una correcta comprensión y aplicación de la norma. Resulta llamativo que en el nuevo CP se haya incluido el concepto de “autor intelectual” como una forma de autoría strictu sensu, cosa que no sucedió en la última ley de reformas y adiciones al CP (ley 419, de 11 junio de 2002), en la que --a mi juicio-- se adoptó un concepto restrictivo de autor, en virtud del cual, autor de un delito es quien realiza la conducta que más directamente se enfrenta a la norma, es decir, el sujeto que ejecuta -con total dominio- el hecho.

Desde la perspectiva del concepto restrictivo, esencial para distinguir entre las formas de autoría y participación en el delito, la alusión a un “autor intelectual” o “moral” es poco afortunada, principalmente porque no contribuye a una adecuada comprensión y delimitación de las formas de participación en el delito. Además, dicha categoría suscitará, en algunos casos, problemas de proporcionalidad de la pena, ya que podrían presentarse actos de planificación u organización del delito que no constituyan, por su escasa entidad, verdaderas colaboraciones necesarias, sino meros actos de complicidad, cuyo marco penológico es sustancialmente menor que el de los autores (ahora incluyendo a los “intelectuales”), cooperadores necesarios e inductores.

Debemos admitir que es muy poco probable que hayan casos de organización o planificación del delito que no constituyan colaboraciones necesarias o, que incluso, supongan actos de inducción; no obstante, considero preferible la utilización de la moderna terminología jurídico-penal en materia de autoría, en donde se incluye -sin más- a quienes realizan directamente el hecho (autor directo); a quienes ejecutan el delito por medio de otro que actúa como instrumento (autor mediato) y; finalmente, a quienes realizan conjuntamente el hecho (coautores). El autor intelectual es, pues, una categoría poco precisa y que abona poco o nada a la clarificación del concepto de “autor” en el Derecho penal.

*Doctorando en Derecho Penal, Universidad de Alcalá, España.