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El municipio es la célula básica de la división política administrativa de la nación nicaragüense. Sólo a través del municipio es posible echar a andar la maquinaria política, económica y social de todo el país. Aunque la Constitución Política establece también como división los departamentos y regiones, estas conformaciones territoriales únicamente cumplen una función más política que de naturaleza administrativa. Por esa razón, no existe un vínculo orgánico jurídico entre el departamento y la institución denominada municipio. Por ese motivo es que el Estado ha puesto mayor énfasis en el municipalismo, dividiendo todo el país en 153 municipios.

El Estado ha dotado al municipalismo de importante estructura jurídica, para que cumpla los fines y objetivos, como regular el transporte, recolectar la basura, impulsar obras de progreso comunitarias, aplicar las leyes urbanísticas, etcétera. El municipio cuenta con las leyes siguientes: Plan de Arbitrios Municipal, que define los impuestos; Ley de Municipios, que regula el funcionamiento del gobierno municipal; Ley de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI}; Ley de Solvencia Municipal (quien compra un inmueble no puede inscribirlo si no tiene la solvencia municipal), Ley de Régimen Presupuestario, etcétera.

La Ley de Régimen Presupuestario regula los ingresos y egresos que tiene el municipio. Establece los parámetros para asignar el salario del Alcalde y demás funcionarios edilicios. La mencionada ley clasifica a los municipios según sus ingresos tributarios: “A” Managua, “B” con captación de 10 a 50 millones de córdobas; “C”, de 6 a 10 millones; “D”, de 2 a 6 millones; “E”, de 1 a 2 millones; “F”, de 650 mil a 1 millón; “G”, de 400 mil a 650 mil; “H”, de 400 mil en adelante.

El derecho es un fenómeno dinámico, dialéctico, que transforma la realidad social. El Derecho, por medio de la ley, norma y regula la vida colectiva e individual de las personas. No obstante, el hombre, en la medida en que va conociendo los bemoles de la ley, en esa medida conoce los medios y las formas para infringirlas. Ante esa actitud antijurídica, el Estado, a través del Poder Legislativo, con la participación de la sociedad, debe disponerse a enfrentar las posiciones ilegales, por lo cual es menester que cada cierto periodo actualice, evalúe, modernice las leyes en función de mejorarlas y perfeccionarlas, para subsanar los defectos que tenga el ordenamiento jurídico. Así vemos cómo el Estado nicaragüense, cambió de un solo tajo las leyes adjetivas y sustantivas en materia penal.

En cuanto al municipio, el Estado debe poner mucha atención reflexiva al cuerpo legal que regula la vida jurídica de esta institución. Toda ley tiene un administrador y un beneficiario. Las leyes municipales son administradas por el Gobierno Municipal y los beneficiarios de las mismas son los habitantes del municipio. Los disputados, dizque representan un departamento en el cual hay varios municipios y deben escuchar a sus electores sobre cómo perciben el funcionamiento de las leyes municipales, o si las normas ya son un obstáculo para el desarrollo del derecho municipal.

El principal cuello de botella de los ciudadanos en los municipios es que sus reclamos y quejas contra alcalde y concejales no tienen un interlocutor con suficiente autoridad para resolver los problemas individuales y colectivos. Hay una hermenéutica dañina y nociva sobre el principio de autonomía municipal, aunque la Constitución Política establece que la autonomía es relativa, lo que no inhibe al Poder Ejecutivo ni a los otros Poderes de Estado, de sus obligaciones y responsabilidades. Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley de Municipios establece mecanismos de control para regular las conductas de las autoridades municipales.

La inobservancia a las leyes municipales por parte de los gobiernos municipales, genera crisis de gobernabilidad, corrupción, quiebras técnicas financieras, mal manejo de los recursos económicos, baja calidad en los servicios, aumentos desproporcionados del salario de alcaldes y demás funcionarios edilicios. Hay Concejos que cobijados en el principio de legalidad, elevan artificialmente la captación de impuestos, con un solo propósito: elevarse ellos mismos el salario. Bajo esa burda manipulación, hay alcaldes que ganan un salario que se aproximan al que gana el Presidente de la República.

Otro adefesio jurídico de algunos Concejos es que usan la figura de la Ordenanza Municipal para incrementar los impuestos a los contribuyentes, a lo que eufemísticamente llaman ajustes tributarios. Los Concejos se creen un pequeño parlamento, con plenas facultades para legislar en materia fiscal, cuando el más profano sabe que el único con facultades constitucionales para legislar en materia de tributos es el parlamento nacional. Hay gobiernos municipales que no cumplen con el 30 por ciento de los ingresos para obras municipales. Existen Concejos que entre sí acuerdan pagar salarios a los concejales suplentes, lo que está terminantemente prohibido por la Ley de Municipios.

Es preciso poner un alto al derroche y al mal manejo de los recursos económicos que hacen algunos gobiernos municipales. Los Consejo de Desarrollo Municipal (CDM}no son instalados, pues algunos Concejos tienen alergia en su piel, sienten picazón, a toda forma de fiscalización social. Es imperativo revisar el mecanismo de asignación de salarios del alcalde y resto de concejales. El clientelismo político está diezmando la institucionalidad del municipio. Los políticos inescrupulosos llegan al puesto de Concejal bajo la venia del alcalde, despiden trabajadores, no pagan las prestaciones laborales a los despedidos, desarticulan sindicatos, violan el fuero sindical, para luego engrosar las planillas en un ciento por ciento, con su clientela política.

Hay que hacer reformas a las leyes municipales, en las cuales se estructure una segunda instancia administrativa, con capacidad de decisión, que podría ser el Poder Ejecutivo o la Contraloría General de la República, desde donde se pueda controlar los abusos administrativos e infracciones a las leyes en que están cayendo las autoridades municipales. Por esa conducta, los más afectados son los pobladores de los municipios.


*Abogado y notario público