Jorge Eduardo Arellano
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La sociedad nicaragüense desde el año 1987, ha estado sometida a una constante instabilidad política-social, situación que tiene su raíz en la promulgación de la Constitución Política en el año 1987, los preceptos y postulados consignados en la nueva Constitución Política, fueron abiertamente rechazados por un sector político de oposición, que por razones obvias no participó en la redacción y elaboración del proyecto constitucional, por ello se puede afirmar que lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente no fue consensuado por todas las fuerza vivas de la nación, muy al contrario lo consignado en la Carta Magna de 1987, en cuanto a los Poderes de Estado, fue resultado de la visión unilateral de una sola fuerza política, que en ese momento conducía el proceso revolucionario que vivía nuestra sociedad.

Por ello la aprobada constitución política es resultado de la correlación de fuerza política del partido de gobierno de ese momento (FSLN), quien sin tener una genuina oposición política, se despachó con una cuchara grande, por lo cual se le otorgó al Poder Ejecutivo las facultades siguientes: El Presidente de la República, demás de ser Jefe de Gobierno, de Estado, Jefe de la Fuerzas Armada, tenía la potestad de imponer impuestos por medio de decretos; elaboraba el presupuesto general de república, para su ratificación por la Asamblea Nacional; nombraba Ministros de Estado y Directores de entes autónomos; por ternas enviaba al Poder Legislativo, propuesta de candidatos a magistrados del Poder Judicial, Electoral, Contralor General de la República, propuestas que eran invariables, en otras palabras, el Presidente de la República tenía tanto poder, que constitucionalmente estaba por encima de cualquier otro Poder de Estado.

En la constitución de 1987 se consignó quién y cómo se elegirían a las personas que pasarían a formar parte del Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, pero en ninguna parte se dejó establecido el procedimiento a seguir y la instancia competente para destituir del cargo a un funcionario público, sea éste diputado, magistrado de la Corte Suprema, magistrado del Poder Electoral, cuando éstos incurra en actos irregulares, como abuso de poder, corrupción, prevaricato, etc. etc. Todo parece indicar que el legislador constitucional pecó de ingenuo y jamás se le pasó por la mente, que tarde o temprano se producirían conflictos entre Poderes, que las personas que en un futuro llegarán al cargo público siempre serían blancas palomas, que nunca jamás caerían en actos de corrupción. El legislador pensó que el momento (1987) que vivía sería eterno, que el estado de cosas, se mantendría invariable que siempre habría armonía y coordinación entre los diferentes poderes, que la corrupción del sistema somocista, no volvería jamás a manifestarse en Estado nicaragüense.

Craso error del legislador constitucional y de la Constitución de 1987, pues una vez que el partido de Gobierno fue derrotado en las Elecciones Generales de 1990, lo primero que impulsó la oposición política fue reformar la constitución de 1987, reformas constitucional de 1995, en la cual al Poder Ejecutivo se le quitan poderes trasladándolos al Poder Legislativo, de esta manera a Asamblea Nacional es la única facultada en materia tributaria; el presupuesto general de la república es aprobado por el legislativo; los nombramientos de funcionarios públicos para los diferentes poderes de Estado es hecho por la Asamblea Nacional. Con estas reformas se manifiesta la primera crisis institucional, en la que se ven involucrados los tres poderes de Estado, la que al final es resuelta por la Corte Suprema de Justicia, la que declara inconstitucional una serie de leyes aprobadas por el poder Legislativo, entre ellas una que pretendía ejercer control sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Luego, la Constitución Política siguió siendo objeto de reformas, en el año 2005, la Carta Magna nuevamente fue objeto de reformas, en las cuales el Poder Legislativo unilateralmente decide cercenarles facultades al Poder Ejecutivo, cambios que en vez de traer paz y estabilidad al país, muy al contrario los problemas trascendieron más halla de nuestras fronteras, al punto que tuvo que intervenir como mediador el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La última crisis institucional que vivió el país, sucedida el recién pasado año, en la que se vieron seriamente enfrentados los tres Poderes de Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Crisis que se suscita por una inexistente armonía entre los diferentes poderes, en la cual ninguno quiere ceder un ápice en cuanto a sus atribuciones constitucionales, todos se dicen invadidos en sus atribuciones por los otros poderes.

La raíz de todas las crisis tiene su punto de partida en la constitución de 1987, en la cual el legislador constituyente no fue capaz de marcar nítidamente las fronteras de funciones y atribuciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la debilidad más seria que arrastra esa Constitución es que no establece causales de destitución y de control para los funcionarios que integran los diferentes poderes de Estado, es decir Presidente de la República, magistrados, etc. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados no aceptan ni permiten que el Poder legislativo, por medio de una ley ordinaria establezca control en ese Poder de Estado, todo intento en este sentido ha sido vano, ya que una vez que una ley es aprobada tratando de ejercer control, inmediatamente los magistrados en corte plena la declaran la ley inconstitucional. Igual ocurre con el Poder Legislativo, dicho poder cree que en materia legislativa, puede hacer lo que quiera y si algún otro poder intenta controlarlo, los diputados, hacen todo un escándalo político, diciendo que no los dejan legislar.

En este círculo vicioso de crisis y de inestabilidad, tanto el poder Legislativo, como los magistrados de la Corte Suprema, han caído en Prevaricato en el ejercicio de sus funciones, es decir, los diputados legislan en función de su intereses particulares y partidarios, no lo hacen poniendo por encima los intereses de la nación. Igual ocurre en la Corte Suprema de Justicia, los magistrados en sus resoluciones judiciales incurren en el Prevaricato, pues muchas sentencias que dictan son en función de defender sus propios intereses y particulares. De manera que la problemática no tendrá solución, haciendo más reformas a la constitución política, o haciendo leyes ordinarias de control de Poder, ya que los funcionarios de esos poderes de Estado la anularan, sea por abrogación o por sentencia judicial. La Solución en perspectivas es hacer una nueva Constitución Política, por medio de una asamblea constituyente, al tenor del arto. 193 Cn., esto significa llamar a elecciones para que se elijan diputados constituyentes, que tendrán como única función elaborar una propuesta de Carta Magna, dicho proyecto debe ser sometido a consulta por todo el pueblo de Nicaragua. Sólo de esta manera saldremos de este atolladero en que nos encontramos.


*Abogado y Notario Público