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Desde que el actual Presidente tomó posesión de su cargo y juró respetar la Constitución y las leyes de la República, se ha ido produciendo un paulatino deterioro de la institucionalidad democrática y el avance sistemático de un proyecto de carácter autoritario, que cada vez más se aparta de los elementos fundamentales que caracterizan a una República democrática.

Nuestra Constitución Política define a Nicaragua como una república democrática, participativa y representativa, organizada en cuatro Poderes del Estado, que según la misma Constitución, son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la Constitución.

Ésta es la descripción del país legal. Pero el país real es muy diferente. El Poder Ejecutivo tiene avasallados a los Poderes Electoral y Judicial, así como a la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Procuraduría. En buena medida, tiene también casi controlado el Poder Legislativo y ahora está atropellando lo que quedaba de la autonomía municipal e incluso de la autonomía universitaria, como lo hemos visto en los más recientes procesos electorales de la UNAN-León y de la UNAN-Managua, mancillando el legado de Mariano Fiallos Gil, Padre de la Autonomía Universitaria.

La voluntad popular, expresada en las elecciones, no se respeta como lo demuestra el fraude electoral del 9 de noviembre de 2008 y la destitución, sin forma ni figura de juicio, de alcaldes electos popularmente, como es el caso del alcalde de Boaco, Sr. Hugo Barquero.

Y como si fuera poco, por un ucase dictado el 3 de de enero del presente año, el Presidente de la República, sin tener ninguna facultad para ello y pasando por encima de la Constitución, prorrogó el mandato de los magistrados y contralores cuyos períodos constitucionales se agotaron. Esto nos ha conducido a un verdadero Estado de facto, con un Consejo Supremo Electoral y una Contraloría General de la República compuestos por magistrados que están usurpando cargos y funciones, incurriendo incluso en un delito perfectamente tipificado en el nuevo Código Penal. Y en la Corte Suprema de Justicia, dos abogados insisten en actuar como magistrados del más alto tribunal de justicia del país y una magistrada pretende transformar una simple regencia administrativa en el cargo de Presidente de la Corte, con todas las atribuciones propias del cargo.

En fin, nos encontramos sumergidos en un verdadero caos institucional, provocado por las ambiciones reeleccionistas del actual Presidente. En este remedo de República en que nos hemos convertido, lo único que se impone, incluso a instituciones que trataban de profesionalizarse, como es la Policía Nacional, es la voluntad omnímoda del autócrata que se hace llamar Presidente de una inexistente República democrática. Hasta ahora, solo el Ejército Nacional, por fortuna, ha logrado mantener su profesionalismo y apego a la Constitución Política, pese a las intenciones presidenciales por alinearlo a su proyecto continuista.

¿Podemos llamar República democrática a lo que el Presidente Ortega ha creado, atropellando cuanta norma constitucional o legal se opone a su afán reeleccionista? Creo que ni siquiera califica para Monarquía Constitucional, pues en estos sistemas de gobierno el Monarca está sujeto a la Constitución, que debe ser el primero en respetar, bajo el riesgo de ser separado de su cargo. A lo que más se parece el engendro creado por el actual gobierno es a una Monarquía absoluta, donde el autócrata no se siente obligado a respetar ninguna ley, sea de rango constitucional o de rango ordinario. Su voluntad está por encima de toda norma y toda institución.

Ésta es la triste situación en que nos encontramos: Nicaragua dejó de ser República y se transformó en una dictadura personal y autocrática, incluso con pretensiones dinásticas, a como lo fue la dictadura somocista. Es el somocismo del siglo XXI lo que estamos viviendo, y en algunos aspectos, peor aun en cuanto al desprecio por guardar ciertas formas, que los Somozas aparentaban respetar.

Pero tenemos la confianza, y la esperanza, que este pueblo que supo terminar con la dictadura somocista, encontrará las vías cívicas para poner fin a semejante degradación de nuestras instituciones democráticas y hacer que Nicaragua vuelva a ser República.