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Al tenor de nuestra Constitución Política (Art. 178) se pierde la condición de alcalde, vicealcalde y de concejal, por cualquiera de las siguientes causas: a) Por renuncia expresa; b) Al fallecer el funcionario; c) Al ser condenado mediante sentencia firme de pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo; d) Abandono de sus funciones por sesenta días continuos; e) Al haber obtenido alguna concesión del Estado, o ser apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que hayan contratado con el Estado; f) No haber declarado sus bienes ante la Contraloría General de la República al momento de tomar posesión del cargo; g) Por haber sido declarado incurso en malos manejos de los fondos municipales, mediante resolución de la Contraloría General de la República.

Cuando se trate de las causales d) y e), el Consejo Municipal aprobará la resolución declarando que se han incurrido en la circunstancia que conlleva la pérdida de su condición. Esta resolución se remite al Consejo Supremo Electoral, con los soportes pertinentes, refiriendo quién es el sustituto, que será el vicealcalde si el retirado es el Alcalde; si el afectado es el vicealcalde el nombre de uno de los concejales. El Consejo Supremo Electoral al estar conforme la documentación procederá a tomar la promesa de ley y darle posesión del cargo al designado, dentro de un término no menor a quince días (Art. 178 Constitucional y Art. 24 de la Ley de Municipios)

La Ley de Municipios (Art. 24) determina las causales para la perdida y dicha condición y a su vez establece que se considera abandono a las funciones cuando de forma injustificada se presente inasistencia a las sesiones y actividades convocadas por el Consejo Municipal, de forma continúa y sin notificación a la secretaria del Consejo. En el caso del Alcalde se presume abandono de sus funciones cuando injustificadamente no convoque al Consejo Municipal por un período igual o mayor a los sesenta días continuos; o por la reincidencia en el incumplimiento a los acuerdos del Consejo en el mismo plazo.

La disposición antes referida amplía el espíritu constitucional del “abandono de sus funciones por sesenta días continuos” ya que basta con que la inasistencia a las sesiones y actividades sea de forma contìnua; lo que podría conducir a una interpretación mal intencionada para la destitución.

El Concejo Municipal como máxima autoridad del gobierno local (Art. 25 de la Ley) sesionará una vez al mes para conocer los asuntos que están a la orden del día; y sesionará extraordinariamente cuando lo soliciten concejales, lo que deben hacer por escrito y firmado por los interesados, especificando el o los asuntos a tratar, además de los documentos o fundamentos pertinentes (Art. 29 Reglamento). El Alcalde por medio de Secretaría convocará a los concejales propietarios, expresándose el lugar, día y hora de la sesión e indicar si es ordinaria o extraordinaria (Art. 20 Reglamento). En las sesiones ordinarias se podrán incluir nuevos asuntos a tratar, pero en la extraordinaria sólo los previstos en la solicitud y convocatoria (Art. 34 Reglamento)
El quórum para las sesiones se constituye con la presencia de más de la mitad de sus miembros (Art. 30 de la Ley) y sus decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de los presentes, salvo cuando la ley exija mayoría calificada (Art. 32 de la Ley). En ambas sesiones la presencia del Alcalde es exigida con excepción de aquella sesión en donde se traten asuntos presupuestarios, balances y estados financieros de las empresas municipales que los haya presentado el alcalde (Art. 30 de la Ley y Art. 37 Reglamento).

El reglamento de la Ley de Municipios establece que de haber motivos del incumplimiento de las obligaciones del alcalde, vicealcalde o concejal, los miembros del concejo municipal citarán a sesión extraordinaria y oirán al responsable. O sea que legalmente no se puede destituir a uno de esos funcionarios municipales de elección popular, en sesión extraordinaria, encerrada y en secreto, ya que es mandato que se le tiene que oír en la sesión para que esgrima argumentos en su defensa. Tiene derecho a su defensa como principio constitucional (Art. 78 Reglamento) y no solo eso, sino que puede impugnar la resolución si le es contraria.

De estimar que existen elementos suficientes para la perdida del cargo, el voto favorable para ello debe ser de las dos terceras partes de los miembros del consejo (Art. 79 Reglamento). Para estos efectos el funcionario municipal de elección popular tendrá derecho de recurrir ante el Consejo Supremo Electoral en revisión (Art. 80 Reglamento) El Consejo Supremo Electoral conocerá de las causas imputadas y comprobará que se haya cumplido con el procedimiento administrativo establecido para resolver de conformidad (Art. 81 Reglamento).

De lo que resuelva el Consejo Supremo Electoral en el sentido de confirmar lo resuelto por el Consejo Municipal, el agraviado tiene la posibilidad de interponer el recurso de Amparo por violación o intento de violentar los derechos y garantías constitucionales. Este proceso implica cumplir con los requisitos de la ley de amparo y pedir la suspensión del acto.

Todo actuar de los concejos municipales, distinto al debido proceso estipulado por nuestro sistema jurídico, tal como se ha denunciado en los medios de comunicación social, que ha sucedido en las últimas destituciones de alcaldes y vicealcaldes, es ilegal, arbitrario y el sistema jurisdiccional, así debería de declararlo al comprobarse los mismos, si el propio Consejo Supremo Electoral no lo hiciere cuando tuvo el conocimiento del caso en donde se demostró vehemente lo ilegal o arbitrario de la destitución.

Resulta interesante referir que la Constitución Política ordena al Consejo Supremo Electoral a juramentar al sustituto en un término no mayor a los quince días de la destitución, lo que pareciera que no importara que el agraviado esté haciendo uso de los recursos impugnatorios que la ley le concede, lo que resulta contraproducente en cuanto al mismo derecho constitucional a la defensa de toda persona. Precisamente la misma Ley de Amparo para evitar que perdure inestabilidad jurídica le impone la obligación a la Corte Suprema de Justicia para que dicte la sentencia dentro de los cuarenta y cinco días de haber recibido las diligencias del recurso de amparo.

Empero, el asunto es que nuestro sistema de justicia en cuanto al tema particular, no opera prontamente lo que ocasiona un mayor caos e inestabilidad jurídica local y nacional y como si fuera poco, al final el asunto es visto desde la perspectiva política y se apuesta y espera a que habrá una resignación poblacional a los acontecimientos.

*Abogado y Notario en ejercicio, profesor de la Facultad de Derecho de la UCA.