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Los nicaragüenses estamos prácticamente a las puertas de un nuevo proceso electoral. El Consejo Supremo Electoral, en pocos meses hará la convocatoria a partidos políticos y ciudadanía en general para participar en los comicios que se verificaran el domingo 07 de noviembre de 2011. El pueblo, por medio del voto universal, libre y secreto, elegirá a funcionarios a cargos públicos (presidente y vicepresidente de la república y diputados), los que salgan electos regirán los destinos de este país en el periodo 2012-2017. La justa electoral que se avecina, no tiene parangón con anteriores procesos electorales. Estos comicios tienen la particularidad, que dos años antes de dar la orden de salida, la polarización y la confrontación política es manifiesta. La manzana de la discordia es la ilegitimo derecho del gobernante de turno, de querer postularse candidato presidencial. Ese afán continuista ha generado una profunda crisis institucional en el país.

Si por la víspera se saca el día, los comicios de 2011 no tendrán un clima de paz y concordia nacional, amén de la crisis económica que agobia a los nicaragüenses, en el horizonte se perciben fuertes tensiones. En el espacio hay negros nubarrones que presagian la llegada de un diluvio que tiene en zozobra a la sociedad. Es más, ya se escuchan voces irresponsables lanzando mensajes apocalípticos, agitando los tambores de guerra, como que si el negocio de la guerra ha sido la solución a los problemas políticos que ha sufrido históricamente el pueblo de Nicaragua. La verdad es que incitar nuevamente a la población a la violencia política sería como llevar al cordero al sacrificio. El pueblo en las calles comenta que de nada sirvió el sacrificio de 50 mil muertos en la guerra contra los Somoza, ni los 50 mil caídos en la guerra de los años ochenta, pues el país en vez de avanzar se encuentra en un estado de involución.

Los nicaragüenses para enfrentar los problemas políticos deben buscar otros métodos de lucha. Hay que superar la cultura heredada de nuestros antepasados, éstos pensaban que la única manera de sacar del poder al adversario era utilizando como carne de cañón al pueblo humilde, incitándolo a la rebelión, a la desobediencia civil, protestar violentamente en las ciudades y en el campo, desconocimiento de las autoridades, provocar anarquía y el caos social. En esa turbulencia el que pagaba los costos con sudor, sangre y muerte era el campesino con caites, el obrero artesano, para que al final los políticos oportunistas, que nunca habían tomado las armas, se montaran en el poder.

La situación por la que atraviesa la sociedad nicaragüense es compleja y muy difícil. Tenemos un Presidente de la República, que cuando anduvo en campaña electoral, juró hasta con los dedos de los pies, que respetaría y defendería la Constitución Política, mas una vez alcanzado el objetivo, olvidó lo prometido. Ahora por medio de sus voceros ha dicho que está dispuesto a hacer cualquier cosa, cueste lo que cueste, por mantenerse en el trono hasta los 95 años de edad. Con esa finalidad usa como instrumento político a la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional dicta una aberrante sentencia con la que los magistrados ilusamente creen haber reformado la Carta Magna. Manipula al Consejo Supremo Electoral, éste está presto a admitir una candidatura abiertamente ilegal.

El gobernante emite decreto administrativo con el que cercena las atribuciones del Poder Legislativo, en cuanto a mantener en el cargo a funcionarios de otros poderes de Estado. Manosea la Constitución, pretendiendo revivir artículos constitucionales que están enterrados en el cementerio, pues fueron derogados de mero derecho. Rehabilita a diputados que años atrás habían sido defenestrados, para que hagan en el parlamento nacional el triste papel de caballo de Troya.

Los próximos meses serán decisivos para la democracia nicaragüense. Estimo que el ajedrez político estará determinado por la reelección o no de los magistrados del CSE. Los escenarios podrían ser los siguientes: Primero será cuando Ortega no consiga los votos en el Parlamento Nacional, que le permitan reelegir a sus magistrados. En estas condiciones, el Presidente de la República tendrá dos opciones, derogar o no el decreto 03-2010. Si opta por lo segundo, mantendrá de facto a los ex magistrados electorales, éstos harán la convocatoria y de ipso facto inscribirán la candidatura de Ortega.

En esta conjetura: ¿cuál será la postura de los partidos políticos de oposición? ¿Disciplinadamente ocurrirán ante el CSE para inscribir sus candidatos presidenciales? ¿La oposición política legitimará las decisiones de los magistrados del facto? ¿Cómo quedaría el proceso electoral si los partidos políticos de oposición deciden no participar en la contienda electoral? ¿Qué papel jugará la comunidad internacional, ante un llamado al abstencionismo que haga al pueblo la oposición política? ¿El Presidente de la República tendrá el garbo suficiente para lanzarse solo a una aventura electoral?
El otro escenario sería que Ortega consiga los votos en la Asamblea Nacional, lo cual le permitirá mantener en sus puestos a los magistrados del CSE. El Tribunal Electoral convocará a elecciones, inscribirá la candidatura de Ortega. Pero ojo, a partir de la inscripción de esa candidatura, el proceso electoral estará viciado de nulidad, pues la Constitución Política, tajantemente rechaza la reelección continua. En estas condiciones surge la pregunta: ¿La oposición aceptará la candidatura de Ortega? ¿La oposición política se hará cómplice de la violación a la Constitución Política?
Lo fundamental en esta disyuntiva es que la oposición política mantenga inclaudicable una posición de principios. Es decir ser inflexible en la defensa del orden constitucional. No es plausible mostrarse indiferente ante una candidatura presidencial, que la carta magna señala como anticonstitucional. La lucha debe ser firme, indeclinable, todo debe estar enmarcado en una resistencia pacífica y cívica, es más si el oficialismo no se detiene en sus planes, los partidos de oposición deben orientar al pueblo a quedarse en casa el día de las elecciones, no hay que salir a votar. Si los partidos políticos son conminados por el CSE, en cuanto a que pueden perder la personería jurídica, entonces habrá que hacer ese sacrificio por la defensa de la Constitución Política.

Considero que a este gobierno y cualquier otro, no les conviene ir en solitario a las elecciones, en donde el único candidato presidencial sería el partido de gobierno. En cualquier país que se llame democrático, para que las elecciones sean legítimas, exige la participación genuina de una oposición política, en caso contrario el proceso electoral sería un simple circo romano, cuyos resultados no tendrían la mínima credibilidad, menos que tenga la legitimidad y el reconocimiento de la comunidad internacional.


*Abogado y notario público.