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Desajustado como está el orden jurídico institucional por la absorción de las funciones y decisiones por parte del Ejecutivo –léase el presidente Ortega—, de los magistrados de su partido y de los adquiridos, en dos Poderes del Estado – el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia— , mientras al tercero –la Asamblea Nacional— que lo tiene en crisis por su pugna en torno a los 56 votos necesarios para reformar la Constitución y dejar abierta su reelección, ya no queda nada de lo institucional que no haya sido pervertido. Daniel Ortega ha decidido imponer sus ambiciones, aunque tenga que acabar con la institucionalidad.

Es indudable que la personalidad ambiciosa, mesiánica y autoritaria del presidente Ortega, es factor decisivo en esta ofensiva desestabilizadora. A lo suyo, se agregan las ambiciones del grupo de oportunistas que han hallado en su liderazgo caudillesco al conductor ideal para alcanzar sus propósitos egoístas y de enriquecimiento fácil y rápido a la sombra del Estado. Pero sin las condiciones materiales, políticas, sociales y culturales predominantes históricamente en nuestro país, el orteguismo no hubiera podido llegar tan lejos como ha llegado. Este mal del orteguismo, tiene pues su raíz en la conformación estructural y el poder de clase que controla el Estado, desde los inicios del proceso de su construcción post colonial y de su degeneración, que ya dura 189 años.

Dentro de ese cuadro histórico, no se ha logrado la construcción plena del carácter democrático del Estado nacional. Siguen igual de predominantes las clases dominantes tradicionales y las de nuevo sello, como el orteguismo. Con algunas excepciones, todos los integrantes de estas clases se han caracterizado por su inclinación al autoritarismo, a lo dictatorial, al saqueo del Estado, al anti-patriotismo y al oportunismo político. En estas sus actividades, les han acompañado unas veces toda la jerarquía y otras un solo jerarca de la iglesia católica, o simultáneamente.

Más que influencia, las jerarquías y los jerarcas han ejercido la complicidad con las clases dominantes en la práctica no ética de sus políticas. Para identificar algo de esta complicidad no es necesario escarbar profundo en nuestra historia, sino en sus etapas más cercanas a nuestro tiempo. El magistrado Francisco Rosales, hoy uno de los grandes operadores políticos de Daniel Ortega en la CSJ, y entre 1990-1996 ministro del gobierno libero-conservador de Violeta Barrios de Chamorro –en el cual se supone fue un infiltrado del Frente—, se encargó de poner en evidencia la complicidad clerical con las clases dominantes.

Pero, al margen de ese hecho anecdótico, está otro importante: que el referido artículo transitorio perdió vigencia y validez al concluir la causa que indujo a su aprobación, cual fue la necesidad de darle carácter legal a la transición de las anteriores autoridades gubernamentales hacia las electas en los comicios del 25 de febrero de 1990. Rosales está consciente de este hecho, aunque por oficio e interés no sólo acepta como válido el artículo 201, sino que también se ampara en el mismo para justificar el decreto ilegal del presidente Ortega, y dejar a los ex magistrados orteguistas y a los liberales cooptados, usurpando el cargo.

Ya es sabida la complicidad de la jerarquía con los políticos dominantes más interesados en la utilidad de sus cómplices que en resguardar los preceptos constitucionales, como a los jerarcas les interesa mucho más conservar sus privilegios que los preceptos bíblicos. Pero, aparte de eso, se observa el interés no sano del doctor Rosales: no cuestionar la acción ilegal, absurda, inmoral y delictiva del Cardenal Obando al asumir una función pública y laica, como es publicar el texto constitucional y sus reformas, sino que no recuerda para justificar el propósito ilegal, absurdo, inmoral y delictivo de los magistrados orteguistas de la CSJ de publicar un nuevo texto de la Constitución, incluyendo el artículo transitorio y caduco desde hace 20 años: el 201.

De esta forma atropelladora --que está caracterizando en todo, a la administración pública del orteguismo--, bajo una legalidad artificialmente creada y, por ende, abusiva y delictuosa, es que Daniel Ortega está ensuciando el camino hacia su reelección. Entonces, está fuera de duda que si en tres años este señor se ha dedicado a todo lo ilegal e inmoral para propiciar su reelección contra todo derecho; a construir su poder económico; y a cortar libertades y derechos civiles, la consecuencia es que le ha restado tiempo a las actividades constructivas que pudo haber desarrollado a favor del país. Luego, en los años de un nuevo período sólo se dedicaría a defender “sus victorias” con mayor represión y mayores abusos.

Con tan tétrica perspectiva para la vida nacional, toda pérdida de tiempo en intrigas palaciegas se hace a favor de las pretensiones del orteguismo. Si así habrán de conducirse los políticos llamados de oposición, inconscientemente, no tendrían perdón; y si lo están haciendo de forma consciente por oportunistas, merecerían la condena popular.

Pero, antes de que la primera conducta siga causando daños, o la segunda vaya a ocurrir, el pueblo deberá ponerse en acción, no sólo por su obligada defensa propia, sino también porque de nada serviría condenar una traición cuando el daño está hecho de forma irremediable.