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Un descendiente de Manuel Antonio de la Cerda (Granada, 1780–Rivas, 29 de noviembre, 1828) me ha pedido que escriba sobre la participación del primer Jefe de Estado de Nicaragua en la rebelión insurgente de Granada en 1812. Para entonces ejercía el poder en el Reino de Guatemala, desde el 14 de marzo de 1811, José Bustamante y Guerra, quien sería el más drástico e intransigente de los Capitanes Generales, enviado especialmente para reprimir el proceso de independencia. En Sudamérica dicho proceso ya se había iniciado con la Junta Gubernativa de Caracas el 19 de abril de 1810 y la revolución del 25 de mayo del mismo año en Buenos Aires.

El guatemalteco Alejandro Marure, en su Bosquejo histórico de las revoluciones en Centroamérica, retrata a Bustamante y Guerra: “Este español acababa de señalar su celo contra los independientes en la plaza de Montevideo, y era uno de los peninsulares más aparentes para retardar la emancipación de los guatemaltecos. Duro, inflexible, suspicaz, absoluto, vigilante y reservado, sus planes de gobierno estaban en perfecta consonancia con su carácter. Él dio más vigor a las disposiciones que encontró establecidas para contener los movimientos insurreccionales y adoptó otras nuevas y más estrictas; sistematizó la persecución y las delaciones, tuvo un tino particular para elegir sus agentes y espías, desobedeció constantemente las disposiciones moderadas que, una que otra vez, dictó la metrópoli a favor de los infidentes y se avocó del modo más arbitrario el conocimiento de sus causas.”

Sin las decisiones de ese hábil político no se puede explicar el destino inmediato de los criollos que en Granada, durante una insurrección popular, exigieron el 22 de diciembre de 1811, en un cabildo abierto de su Ayuntamiento, la destitución de los empleados peninsulares, quienes renunciaron y emigraron a Masaya con sus familias. Esta iniciativa era consecuencia primero de la insurrección de San Salvador del 5 de noviembre y del tumulto popular desarrollado en León del 10 al 14 de noviembre del mismo año, que logró la destitución del Gobernador Intendente de Nicaragua José Salvador —odiado por su despótico gobierno desde dieciocho años atrás— y de otras tres autoridades. Pero el obispo Nicolás García Jerez, otro funcionario habilísimo del absolutismo monárquico, lo había controlado y neutralizado; más aún: se hizo reconocer el sustituto de Salvador en la Gobernación Intendencia. Todo ello —como lo comunicaría a Bustamante y Guerra en Guatemala— con el fin de “impedir que se aclame la independencia, se derrame la sangre de los europeos y se disipen [a los insurgentes] todos sus proyectos de erigirse en soberanos”.

El 1° de enero de 1812 se verificó la elección de los nuevos miembros del Ayuntamiento de Granada, resultando electos Juan Argüello, alcalde de primer voto; Juan Espinoza, alcalde del segundo voto; Juan Ignacio Marenco, síndico; y otros cinco criollos en igual número de cargos. “El 8 de enero los granadinos se apoderaron por sorpresa del fuerte de San Carlos —relata Marure— y pusieron presos a los jefes europeos. No por eso se mantuvieron disidentes de su capital, antes bien reconocieron a la Junta Gubernativa que allí se instaló después que se sosegaron los tumultos populares; y aún determinaron mandar dos diputados que los representasen en la misma Junta. Asimismo reconocieron, como Gobernador Intendente al obispo fray Nicolás García Jerez, a quien obedecieron en todo, menos en aquellas medidas en que creyeron encontrar tendencias a favorecer a los empleados expulsos. Esto fue el origen de la guerra que se le hizo a Granada”.

Comisionado de García Jerez para pacificar a los insurgentes de Granada fue el padre Benito Soto, natural de la ciudad y cura de Niquinohomo. A una moción suya debió el Ayuntamiento el honor de haber abolido la esclavitud en la sesión del 10 de enero de 1812, más de cuatro años antes que lo proclamara Simón Bolívar en Curúpano, Venezuela, el 2 de junio de 1816. Al convencerse de que su misión no era sino una treta para atrapar a los cabecillas, se pasó al bando de los sublevados. Mientras tanto, Bustamante y Guerra ordenaba la movilización de tropas reales destacadas a Olancho (Honduras) y San Miguel (El Salvador) y Cartago (Costa Rica) para marchar sobre Nicaragua.

Marure refiere que el 10 de abril más de mil hombres entraron en Masaya, al mando del Sargento Mayor Pedro Gutiérrez, destinados a conquistar Granada. Pero los granadinos ya tenían cubiertas de trincheras todas las avenidas de la plaza y puestos en batería doce cañones de grueso calibre. A la madrugada del 21 de abril, José María Palomar, oficial de las tropas invasoras, se acercó a hacer un reconocimiento y penetró con sus negros caribes hasta la plazuela de Jalteva, haciendo algunos estragos en la población que estaba fuera de las fortificaciones. Desde allí comenzó el tiroteo con la guarnición de la plaza que se defendió todo aquel día; al aproximarse la noche, los realistas evacuaron la ciudad temerosa de que se les cortase la retirada”.

El 22 de abril de 1812 se trabó otro combate entre el batallón real y los criollos granadinos. Los negros caribes del primer se desparramaron por la ciudad para continuar sus excesos y robos, hasta que el comandante Miguel Lacayo envió una columna a enfrentarlos, haciéndoles veintiocho muertos y cuarenta y tantos heridos. Pero los criollos dispusieron enviar a Masaya ante Pedro Gutiérrez al presbítero Joaquín González, en calidad de parlamentario; y el 25 de abril concluyeron un convenio por el cual los insurgentes se someterían.

Sofonías Salvatierra anota: “En el convenio se estipuló que el vecindario de Granada reconocía a la autoridad real española, haciéndose constar que se tenía como hecho indudable que el Ayuntamiento no había faltado a esa obediencia; que los rebeldes entregarían todas las armas; que todos los vecinos se retirarían pacíficamente a sus quehaceres; que las tropas de Pedro Gutiérrez ocuparían la ciudad bajo la responsabilidad de éste; que el actual Ayuntamiento quedaría integrado por los mismos individuos; que nadie sería molestado a pretexto de los sucesos pasados, lo cual debería considerarse como un indulto formal; y que se pasaría la transcripción del convenio tanto al Obispo-Intendente como al Capitán General del Reino”.

El 28 Gutiérrez recuperó la plaza de Granada. El primero de mayo fue celebrada una misa de gracias. Al día siguiente, ingresaron a la ciudad las familias emigradas a Masaya. Su rencor era tal que pedían venganza contra los insurrectos; estos, a su vez, no disimulaban el odio que sentían contra aquéllas. De acuerdo con el Diario de la Expedición realista escrito por el capitán Francisco Gardela, el ánimo popular se mantuvo: “La plebe está insolente e insurrectada, por haber mamado la doctrina de los perversos y díscolos que existen en esta desgraciada ciudad”.

Bustamante desconoció el convenio de la capitulación, alegando “que el Rey no podía tratar con rebeldes”, y ordenó a García Jerez que tomara todas las medidas conducentes a la aprehensión y castigo de los culpables. José Dolores Gámez especifica: “El Obispo, alegre de encontrar una ocasión en que mostrar su celo por la causa real, nombró a don Alejandro Carrasco, tan enemigo como él de todos los criollos, para que en concepto de Juez Fiscal se constituyera en Granada y formara causa a todos los conspiradores.” Un bando contra los insurgentes de México, emitido por el Virrey Francisco Javier Venegas el 25 de junio de 1811, sirvió de instrumento a Carrascosa —por orden de Bustamante y Guerra— para aplicarlo estrictamente. Dicho bando implicaba la confiscación de bienes de los encausados.

La investigación duró casi dos años. Mientras guardaban prisión en Granada y Guatemala, adonde llegaron engrillados y a lomo de mula el 14 de agosto de 1813, dieciséis cabecillas fueron sentenciados a muerte (entre ellos Juan y Telésforo Argüello, Juan y Manuel Antonio de la Cerda, Miguel Lacayo, Joaquín Chamorro y José Dolores Espinoza); nueve a presidio perpetuo y ciento treinta y tres de los otros insurgentes a presidio temporal. De estas codenas, sólo la primera no tuvo efecto. Al fin, Bustamante y Guerra resolvió remitir a España a los presos granadinos a través del Golfo Dulce, embarcados en el bergantín “San Miguel” con destino a La Habana, en donde los encerraron en El Morro. El 15 de abril de 1814 el gobernador de La Habana avisó a Bustamante y Guerra el arribo de once reos, y que cuatro de ellos (Miguel Lacayo, José Telésforo Argüello, José Narciso Hernández y el presbítero Benito Soto) habían sido despachados a Cádiz en una goleta correo.

También Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello —regidor el primero y alcalde de segundo voto el segundo el 22 de diciembre de 1811, cuando convocaron a cabildo abierto en el Ayuntamiento de Granada— permanecieron en Cádiz, cumpliendo sus condenas. También lo hizo el presbítero Soto, pero éste murió allí, según Marure; igualmente falleció José Telésforo Argüello. En realidad, se ignora cuántos perecieron. Sólo se sabe que por Real Orden del 25 de julio de 1817 se les restituyó sus bienes a quienes se hallaban presos tanto en América como en España y se les otorgó la libertad; pero a nueve de los que purgaban sus penas en el castillo de San Sebastián de Cádiz (fortaleza erigida sobre unas rocas internadas en el mar, cuyas olas la azotan en su base) no se les permitió volver a Granada de Nicaragua sino hasta que su Majestad resolviese.


De hecho, Manuel Antonio de la Cerda, tras algún tiempo en Suecia —donde ganó la vida remendando zapatos— y otro tanto en Cuba, regresó a Granada el 7 de diciembre de 1820.