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Todos estamos obligados, por respeto a lo que hacemos y a nosotros mismos, a ser precisos en el uso de los términos, a los cuales recurrimos necesariamente para expresarnos. Pero nadie comete delito alguno por no ser siempre pulcramente preciso en todo lo que escribe y dice.

Con frecuencia calificamos como “errores”, y más precisamente como “errores del gobierno”, sus arbitrariedades, abusos, desaciertos y hasta sus barbaridades en el ejercicio administrativo del Estado. Y no es acertado identificarlos y calificarlos como errores, aun menos cuando las consecuencias de sus actos causan horrores. Ninguna actitud, medida o política de ningún gobierno es causada por error, sino por decisiones políticas premeditadamente concebidas.

Si en el primer momento las consecuencias de tales decisiones políticas se consideran erróneas, será porque causan desconciertos, dado que son contrarias a lo que la sociedad y el país necesitan, demandan y esperan de su gobierno. Pero, observándolo bien, nunca –o casi nunca, para no ser categóricos— la sociedad se ve frustrada y el país perjudicado por errores, sino por políticas aviesamente concebidas, y siempre ejecutadas con intenciones de favorecer objetivos e intereses de los controladores del poder.

Los propósitos gubernamentales son expuestos en programas, y aunque en el papel parezcan buenos, y algunos lo son en verdad, ya en el poder no se aplican del todo, o se aplican a medias, pero no por error. No llegan a ser una realidad, porque la mala intención política, el fanatismo político-ideológico, las ambiciones personales y los intereses generales –los de clase, en primer lugar— de los grupos dominantes son antepuestos a los intereses colectivos y nacionales.

El error, depende del medio y del momento que vive una persona en su relación con su realidad: se comete un gazapo cuando se escribe y se confunde una cosa con otra; cuando se equivoca de lugar, de fecha, de un hecho determinado o de persona; cuando se comete un yerro o una falta contra el interés de terceros, sin haber mediado la intención de cometerla, sino que lo comete de forma accidental. Pero un gobierno, manejado autocráticamente por un individuo, o por el presidente junto a todo su gabinete, más sus bien pagados asesores y sus propagandistas, no lleva a cabo sus acciones políticas por error, sino por su voluntad de imponerle al pueblo, a la sociedad, al país, sus puntos de vista previamente discutidos. Y no es fortuito que todo sea coincidente con sus intereses materiales y, no en último lugar, por sus intereses ideológicos, porque funcionan juntos en todas las circunstancias.

Todo ciudadano puede comprobar lo que decimos; si no, hagamos la prueba:
¿Será un error o una decisión política, mantener secuestrada la colaboración económica de Venezuela y fuera del Presupuesto General de la República?

No es ningún error, porque los burócratas del gobierno, empezando por su presidente, no desconocen la obligación constitucional de rendir cuenta hasta del último centavo percibido y gastado durante su gestión oficial. Es, pues, y sin objeciones válidas, una decisión política y, además, corrupta.

¿Será un error o una decisión política, pasar por encima de la Constitución y actuar al margen de sus preceptos (la no reelección consecutiva, alterar la transitoriedad de un artículo constitucional, justificar un decreto presidencial que mantiene en vigencia mandatos caducados y hacer proclamas de sentido religioso desde la posición estatal –o hacer presencia oficial en actos religiosos— violando el precepto constitucional de que nuestro país no tiene religión oficial)

Errores de ese calibre sólo serían comprensibles en gente ignorante –¡y quién sabe, porque todos estamos obligados a conocer las leyes!—. Lo que hace el gobierno es orientado por la decisión política de utilizar la obsecuencia de sus magistrados en los poderes del Estado y las creencias de la gente, para justificar la reelección de Daniel Ortega, violando de forma múltiple y conscientemente la Constitución Política.

¿Será un error o una decisión política, utilizar como fuerzas de choque –armados de morteros, piedras, garrotes y odio— a jóvenes manipulados, pagados o becados, contra las manifestaciones políticas opositoras?

Al público espectador y a los observadores extranjeros, esa represión pudiera parecerles una medida errónea que afecta los derechos ciudadanos. Pero para quien la utiliza y para quienes la sufren, es una decisión política incitada por la intolerancia, y porque el gobierno no puede echar mano abiertamente del Ejército y de la Policía para sostener, fortalecer y desarrollar su proyecto continuista. Atemorizar a la población buscando debilitar su resistencia a sus abusos, es un recurso táctico con la visión estratégica de lograr la reelección y el continuismo.

¿Será un error o una decisión política, la exagerada promoción de la figura del presidente Ortega a través de la costosa propaganda en vallas de todo tamaño?
La cantidad y el contenido del mensaje propagandístico electorero –fuera de período legal—, nada tiene que ver con un error; es una decisión política tras muchos fines: quieren fijar en la mente y en la conciencia de la población la imagen de Ortega, y esperan acostumbrarla a pensar en él como el único guía político, como un ser insustituible, y a que le rinda culto a su persona. El orteguismo utiliza el mismo recurso de la iglesia con las imágenes de sus santos: las ubican en todas partes, y a fuerza de verlas a toda hora, la gente termina convencida de que esas imágenes determinan su conducta y su destino; y de que la solución de sus problemas está en sus “milagros”. El orteguismo acompaña esta promoción con recursos pseudoreligiosos: “cumplirle al pueblo, es cumplirle a Dios”; “gracias a Dios que estamos nosotros en el poder”; “pidamos a Dios” que sea posible esto o lo otro, etcétera. El 19 de julio, Daniel hizo su “milagro”: acabar con el hambre, dando canastas básicas mensualmente a madres de caídos de ambos lados, mientras dure su campaña electoral.

¿Es un error o una decisión política sustraer recursos materiales y económicos del erario y de las instituciones estatales, para usarlos en actividades partidarias?
Ningún robo al Estado se comete por error, sino por decisiones de interés personal o partidario y por cálculos políticos. El poder político no funciona sin el poder económico, y las formas de conseguir esos recursos, al menos son tres: por medio de actividades legales propias; la donación o cooperación extranjera; y la corrupción administrativa.

La diferencia entre una administración pública transparente y una administración corrupta, está en que una se limita a manejar los recursos propios, sin ocultarlos al público ni marginarlos del Presupuesto General; y en que la otra, aplica todos los medios tortuosos para escamotear recursos del Estado para el enriquecimiento personal. En esta última categoría está el gobierno orteguista.