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Bajo el título “Ley de Apoyo a la ejecución de nuestra Ley y un vecindario seguro”, en apariencia un objetivo justo y ecuánime, se esconde una ley injusta y perversa que ha promulgado el Estado de Arizona, para borrar de su territorio todo problema migratorio. La ley que está programada a entrar en vigencia en unos días, no solo contraviene varios principios constitucionales de los Estados Unidos, sino que además es una ley inmoral. Esta ley de Arizona ha sido denunciada por un sinnúmero de asociaciones cívicas e incluso ya es objeto de dos demandas importantes, una demanda colectiva (en Inglés “class action”) en la cual participa como demandante, entre otros, la American Bar Association, y otra demanda que ha presentado el gobierno Federal, en la cual pide se declare que la ley es inconstitucional. En esta última demanda, la Administración del Presidente Obama, ha pedido a la Corte como medida preventiva que impida la entrada en vigencia de la ley, mientras el juicio sigue su curso y es decidido por la corte federal.

En medio de ese debate legal miles de inmigrantes, legales o no, quedarían sujetos a una ley que pretende, en sus propias palabras, lograr una disminución drástica de la población de inmigrantes mediante la aplicación de los principios draconianos de la misma. Para lograrlo, el Estado de Arizona ha escogido un método que violenta el Estado de Derecho por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, siguiendo legislaciones de siglos pasados y propias tal vez del tercer mundo, la ley criminaliza, o sea considera como delito, conductas en sí inocentes o triviales, como comprar o vender, o estar presente, si se trata de un inmigrante que no tiene un documento o estatus migratorio (o “papeles” como decimos coloquialmente en la calle). Peor aún, en segundo lugar, la ley pareciera haber encontrado su modelo en aquellas leyes de la Alemania de Hitler donde la raza y las apariencias físicas eran objeto de regulación y castigo. Finalmente, en tercer lugar, la ley también violenta la Constitución de los Estados Unidos en cuanto niega el derecho de toda persona de igualdad ante la ley, niega el debido proceso y usurpa las atribuciones exclusivas del gobierno Federal en materia de migración.

Veamos más de cerca la malignidad de esa ley con un ejemplo también cercano a casa. El Gobierno Federal ha extendido el TPS a miles de inmigrantes Hondureños y el gobierno de su país, a través de sus Consulados, en estos días, ha estado activamente urgiendo a sus ciudadanos acogerse a los beneficios del TPS y dándoles el apoyo necesario. En contraste, hace unos días se conoció la noticia de que miles de hondureños habían salido huyendo de Arizona para escapar de la cárcel, perdiendo tal vez la oportunidad de arreglar sus papeles y estar legales en el país. La contradicción es evidente. Mientras el Gobierno Federal trata de implementar un plan nacional que beneficie a inmigrantes sin papeles y la economía misma, a través del TPS, el Estado de Arizona interfiere en la aplicación de esa medida dentro de su territorio y la frustra, al lanzar un ataque frontal en contra de esos mismos inmigrantes que los Estados Unidos ha decidido proteger. Esperemos que la demanda ante la Corte Federal de Phoenix que presentará el Departamento de Justicia vaya a evidenciar esa fractura o erosión del Estado de Derecho dentro del país y detenga la aplicación de una ley injusta.

Tanto la prensa como asociaciones cívicas han venido denunciando la profunda connotación racial de la ley de Arizona, sobre todo al promover, dentro de la aplicación de la ley misma, la categorización de las personas por su fisonomía y rasgos físicos de su raza. Para lograrlo, la Ley de Arizona promueve y motiva la sospecha o presunción que un policía puede ejercer para determinar si una persona tiene papeles de migración o no. Más aun, permite el arresto de “sospechosos”, de ser “extranjeros sin papeles”, sin mediar una orden de captura de una autoridad competente. La Ley de Arizona convierte en criminales a aquellos inmigrantes (sin “papeles”) que estén presentes dentro del Estado, o que transiten dentro de su territorio, o efectúen una transferencia de dinero a sus familiares, o pidan trabajo (así sea por señas) y desde luego si están trabajando. Todo eso y más es delito según la nueva Ley de Arizona, con penalidad de cárcel e inconmutable. La ley de Arizona llega incluso a tipificar como una “Invasión de Propiedad” el hecho de que un inmigrante esté simplemente “presente” en propiedad pública (por ejemplo descansando en la banca de un parque) o privada. La ley de Arizona llama “Contrabando de Personas” hasta el solo transporte de ese inmigrante de un punto del Estado a otro y el conductor del vehículo sería también arrestado como un criminal.

Pero el problema de la Ley de Arizona no es solo legal o inconstitucional, sino también moral. En lo poco que hemos podido señalar anteriormente, no se escapa el profundo carácter inmoral de esa ley. Conductas que hemos considerado como ejemplares dentro de nuestra sociedad occidental judeocristiana, tales como la del Buen Samaritano, de auxiliar al extranjero caído en la cuneta, de transportarlo a un motel del camino y pagar por sus gastos, son declaradas ilegales en Arizona. El Buen Samaritano sería un delincuente en Arizona, si aquel a quien auxilie no tuviese papeles de migración ni permiso de trabajo. Pero todavía hay más inmoralidad en aquella ley. Aquel Señor del Evangelio, que salió varias veces durante el día a contratar jornaleros para trabajar en su campo, también sería un delincuente en Arizona, por haberse detenido a media calle a contratar a un obrero, o por haberle preguntado si quería trabajo (de palabra o por señas), por haberlo transportado hasta su finca y desde luego por haberlo contratado; hay múltiples delitos en esa parábola del Evangelio, si el Señor de esa Viña estuviera en Arizona después del 25 de julio, fecha en que la ley entraría en vigencia. Finalmente, para los piadosos, la Sagrada Familia, de José, María y Jesús, hubieran terminado en la cárcel y deportados a las manos de Herodes, si en vez de Egipto hubiesen ido a Arizona.

La comunidad nicaragüense en Miami, la comunidad hispana tan fuerte en Miami-Dade, no puede permanecer ajena a esa ley aberrante e inmoral de Arizona. Ante un ataque “legal” de semejante magnitud debemos por lo menos levantar nuestros brazos y clamar al cielo por justicia y unirnos a aquellas acciones legales que ya están en camino, para combatir y eliminar del sistema legal de los Estados Unidos una ley inconstitucional, injusta e inicua. No pensemos que Arizona es otro Estado, allá en la frontera con México, pues ya se habla de exportar esa ley perversa a otros estados. Para impedirlo, como el pecado, según San Agustín, hay que matarlo ad portas, es decir, en la misma puerta de entrada.


*Abogado en Miami, Florida y en Nicaragua. Ex Presidente de la Cámara de Comercio Nicaragüense-Americana (2002-2003) y Presidente de la Inter-American Bar Association, Washington, DC (2007-2008).