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Afirma Don Roberto Rivas que el artículo 36 de la ley de identificación ciudadana habilita al CSE para establecer el monto de C$ 300 para la agilización del trámite de obtención del nuevo modelo de cédula de identidad, y que “le extraña” que un servidor desconozca tal situación, por cuanto tal habilitación legal es suficiente razón para el actuar del Consejo.

Esto es un error. Y lo demuestro de la siguiente forma:

1. El arto. 114 de nuestra Cn. establece que es potestad exclusiva e indelegable de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua la creación, modificación y derogación de tributos. Esto significa dos cosas: en primer lugar que sólo el órgano legislativo puede normar en materia tributaria, y en segundo plano, que ningún otro ente público o poder, como lo es el electoral, puede incidir de forma alguna en la creación de tributos.

2. Según el arto. 9 de nuestro Código Tributario, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las tasas, según este mismo artículo, tienen como característica el ser tributos que se pagan por la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el usuario del servicio. Es en este supuesto legal donde se subsume el trámite ágil de sustitución de las cédulas vencidas, donde por tal razón el usuario de este servicio público deberá pagar los C$ 300 señalados anteriormente.

3. El arto. 36 de la ley de identificación ciudadana establece que “para obtener la reposición de la cédula perdida, destruida o deteriorada, o cuando se desee modificar su contenido, el interesado deberá llenar una solicitud con los datos correspondientes, adjuntando la cédula deteriorada o la que se pretende modificar, en su caso. Para la reposición o modificación, previamente deberá pagarse el arancel establecido por el Consejo Supremo Electoral” (subrayado nuestro).

4. Tal situación, como se puede ver, se refiere a la reposición o modificación de datos en la cédula, y no al trámite de agilización en la sustitución de la cédula vencida, por lo que la habilitación legal del arto. 36 no tiene cabida en el supuesto del que estamos hablando.

5. Aún cuando se pudiere argumentar que cambiar el período de vigencia de la cédula supone una “modificación” a la misma, y por lo tanto cabe en los efectos del arto. 36 de la ley de identificación ciudadana, tal situación es técnicamente insostenible:
a) Aunque la ley de identificación ciudadana del año 1993 hace referencia al cobro de un “arancel”, tal denominación es inexistente en la doctrina científica del Derecho tributario, el Derecho comparado, y nuestra propia legislación, la cual a través del Código Tributario de 2006 ha venido a clarificar el concepto y la clasificación del tributo en los términos arriba señalados.

b) La naturaleza jurídica del llamado “arancel” es la de una tasa, y por consiguiente, la de un tributo porque deberá pagarse por la prestación de un servicio público individualizado en la persona del contribuyente, que en este caso es el ciudadano que solicita la prestación del servicio público de trámite ágil de sustitución de la cédula vencida.


c) La habilitación legal del arto. 36 viola el arto. 114 de nuestra Constitución Política, en los términos arriba aludidos, por cuanto no puede este Poder del Estado crear tasas por servicios públicos, como lo es el caso que nos ocupa.

La solución a este problema es muy sencilla: el Consejo Supremo Electoral debe someter a discusión y aprobación con rango de ley por parte de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua un proyecto de Ley de Tasas del Poder Electoral, de forma tal que se supere este actuar arbitrario.

Ya por último, y no por ello menos importante, estamos a la orden de Don Roberto Rivas, o cuantos asesores jurídicos él estime a bien invitar, para la realización de un debate académico sobre este tema, bien a través del programa de Don Danilo Lacayo, quien amablemente trasladó nuestras inquietudes al aire, o bien en las aulas universitarias.

*Doctor Europeo en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Salamanca, y profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Centroamericana (UCA).

reynaldoballadares@gmail.com