Jorge Eduardo Arellano
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La eliminación de la pobreza debe seguir ocupando el primer puesto en los programas políticos de América Latina y el Caribe, donde la desigualdad es mayor que en ninguna otra región y una de cada cinco personas sobrevive con poco más de dos dólares al día (calculados con la paridad en el poder adquisitivo y el tipo de cambio de 1993).

La pobreza es un fenómeno intrínsecamente dinámico. Los pobres están encerrados en una trampa de bajo nivel de activos (o capacidad). Por eso, las medidas en pro de la reducción de la pobreza deben ir encaminadas a brindar incentivos que alienten a los pobres a adquirir activos y capacidades que les permitan escapar de la pobreza en el futuro.

Naturalmente, resulta imposible hacer incursiones importantes contra la pobreza sin crear un crecimiento económico persistente, pero, si nos basamos en los resultados económicos del continente durante los quince últimos años, no parece probable que el crecimiento por sí solo reduzca la pobreza en más del 25 por ciento en los diez próximos años. Aun cuando los dirigentes políticos lograran crear unas circunstancias que retribuyeran mejor la inversión y, por tanto, fomentaran un crecimiento más rápido, no se resolverían los males de América Latina. El alto nivel de desigualdad en los ingresos requiere medidas específicas de reducción de la pobreza.

De hecho, un rasgo chocante de América Latina es el de que actualmente se produce muy poca redistribución. Los impuestos suelen tener poco efecto redistributivo, porque la mayoría de los países dependen en gran medida de los impuestos indirectos. Incluso, el sistema fiscal de Chile, el más eficaz de América Latina, es en realidad regresivo. El Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas es bajo en América Latina y el Caribe, lo que indica que hay margen para que los dirigentes políticos lo aumenten a fin de disponer de más dinero que distribuir entre los necesitados.

Existen razones económicas poderosas para aumentar la inversión pública en los primeros años de la vida de un niño. La malnutrición grave en la primera infancia daña el desarrollo cognoscitivo. El crecimiento perdido en los primeros años nunca se recupera. Las medidas para reducir la prevalencia de la anemia y las deficiencias de hierro, vitamina A, yodo y zinc, que siguen siendo importantes en algunos países de la región, tendrían repercusiones positivas. La de mejorar la nutrición de los recién nacidos y los niños pequeños fomentando la lactancia materna y un mejor conocimiento de los alimentos indicados para el destete sería una oportunidad rentable, que rendiría beneficios entre cinco y siete veces mayores que los costos.

Las transferencias condicionadas de fondos son otra opción que pueden examinar los dirigentes políticos de América Latina. Esos programas van encaminados a reducir la pobreza condicionando los programas de asistencia social a las acciones de los beneficiarios. Los criterios para recibir ayuda pueden ser los de enviar a los hijos a la escuela con asiduidad o llevarlos a un médico.

Un programa amplio mexicano, Progresa, concede subvenciones educativas selectivas para niños, servicios de atención de salud y suplementos nutricionales para mujeres gestantes, madres lactantes y niños menores de cinco años de edad y reconocimientos médicos anuales para los demás miembros del hogar. En 2002, una quinta parte de la población mexicana se benefició de sus prestaciones y las cantidades de dinero recibidas aumentaron en un 20 por ciento los gastos totales de los beneficiarios.

Los resultados de este y otros programas en menor escala muestran aumentos importantes en el consumo de los hogares y una reducción de la pobreza a corto plazo y revelan que esa clase de programas mejoran las tasas de matricula y asistencia a clase, aunque contribuyen menos a los niveles de aprovechamiento escolar. Las investigaciones muestran también que esos programas mejoran la salud de los niños y los adultos.

Además, no hay pruebas de que esos programas creen incentivos negativos importantes, como, por ejemplo, una disminución del empleo entre los adultos o tasas de fecundidad mayores. Al contrario, existen algunas pruebas de que los hogares beneficiarios aumentaron su participación en las actividades de microempresas e hicieron mayores inversiones en actividades de producción agrícola.

Esas clases de beneficios representan el doble de valor, desde el punto de vista económico, que el costo del programa: el gasto principal es el dinero que se transfiere a los hogares.

Los proyectos de desarrollo en la primera infancia, encaminados a mejorar el desarrollo físico, intelectual y social de los niños, constituyen un tercer conjunto eficaz de políticas redistributivas. A esta categoría corresponde una gran diversidad de intervenciones. Algunas, como la vigilancia del crecimiento, servicios de guarderías, actividades preescolares o servicios de salud e higiene mejorados, trabajan directamente con los niños. Pueden comprender también servicios de formación para maestros y cuidadores y el fortalecimiento de los recursos y la capacidad institucionales y comunitarios.

Los investigadores que han examinado los programas de desarrollo infantil de América Latina han concluido que la participación en ellos está relacionada con una mejor disposición escolar, una mayor probabilidad de matriculación a tiempo en las escuelas, tasas menores de repetición de cursos y abandono de la escuela y unos mejores resultados académicos globales. Los beneficios económicos, entre cinco y diecinueve veces mayores que los costos, son espectaculares.

Un plan para reducir la pobreza en América Latina y el Caribe debe comprender muchos más elementos que las transferencias condicionadas de fondos y las intervenciones en pro de la primera infancia en materia de nutrición y educación. Aunque aún no hay pruebas suficientes para evaluar las relaciones costo-beneficio de las políticas concretas, las pruebas disponibles indican que los dirigentes políticos deben conceder también prioridad a la mejora de las prestaciones educativas, a la creación de derechos de propiedad más seguros mediante la reforma agraria, al fomento de la microfinanciación y a la mejora de las infraestructuras rurales.

En los dos últimos decenios las tasas de pobreza en la región han disminuido ligeramente, pero, para reducir los niveles de desigualdad, es necesario un compromiso en serio con políticas que alienten a los pobres a adquirir medios para escapar de la pobreza en el futuro. Por encima de todo, los dirigentes políticos deben velar por que la lucha contra la pobreza siga siendo una de sus mayores prioridades.

Bjørn Lomborg es el organizador del Consenso de Copenhague, profesor adjunto en la Escuela de Administración de Empresas de Copenhague y compilador del nuevo libro How to spend $ 50 billion to make the world a better place (“Cómo gastar 50.000 millones de dólares para mejorar el mundo”). Sebastián Galiani es profesor asociado en la Universidad Washington en St. Louis. Se puede obtener más información sobre la Consulta de San José en http://www.iadb.org/res/consultaSanJose/index.cfm.


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