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La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó finalmente, el miércoles 28 de julio, una resolución que declara el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, y que exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.

Esta buena noticia, producto esperado de más de quince años de gestiones, es motivo de entusiasmo aunque desafortunadamente nos llega con algunas sombras que modularán el disfrute de ese derecho.

Lamentablemente, no se logró una resolución de consenso, sino por votación, con 122 países a favor, ninguno en contra, pero con 41 abstenciones.

Aunque cada uno de los países que se abstuvieron, por separado concuerden en la necesidad que sus ciudadanos obtengan los beneficios del acceso al agua segura y el saneamiento de los residuos, resulta a primera vista extraño, por decir lo menos que se abstengan de abrazar con entusiasmo una declaración elemental para la naturaleza humana. ¿Qué hay detrás de esta situación cuya lógica resulta aparentemente contradictoria?

Estados Unidos, en desacuerdo con la iniciativa presentada ante el Plenario por 35 países y liderizada por Bolivia, expresó que esta iniciativa más bien obstaculizaría el proceso sobre Agua y Saneamiento de Ginebra, y que el texto describe el derecho al agua y el saneamiento de una forma que no existe en la ley internacional. Además, argumentó que el texto no se construyó de forma transparente y que las implicaciones legales de la declaración del derecho al agua aún no han sido completamente consideradas, por lo que convocó a votación (con lo que se rompe la posibilidad de consenso) y anunció su abstención. Se sumaron a la abstención los siguientes 16 países desarrollados: Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, Malta, Holanda, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos.

Y también los 25 siguientes países en desarrollo: Armenia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Etiopia, Grecia, Guyana, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lesotho, Lithuania, República de Korea, República de Moldovia, Rumania, Slovakia, Trinidad and Tobago, Turquía, Ucrania, Tanzania, y Zambia.

Claramente las motivaciones de los países desarrollados están ligadas a la consideración del agua y los servicios relacionados, como mercancías sumamente rentables, por ello empresas transnacionales de esos mismos países han minado el camino para la declaración de este Derecho Humano, tal como ocurrió en el V Foro Mundial del Agua en Estambul el año pasado, en el que lograron eliminar la recomendación que dicho Foro haría a las Naciones Unidas en la Declaración Ministerial emitida. Estos forcejeos son parte de las Batallas del Agua, descritas brillantemente por el Tunecino Mohamed Larbi Bouguerra.

El agua se ha convertido en una cuestión política y geoestratégica, cuya presencia mundial en estos foros mundiales evidencia el rol que rige el desarrollo de las economías y sociedades en el mundo. Es fácil entender que para algunos de los países que se abstuvieron, el agua es una mercancía más del sistema capitalista, en el que la escasez de bienes codiciados modula precios y maximiza ganancias. Esto lo saben muy bien Vivendi, RWE, Suez-Lyonnaise, Bechtel, entre otros grandes consorcios y sus filiales transnacionales que comercializan el agua a precio de oro a lo largo y ancho del mundo. Declarar el agua un derecho, pone en riesgo los intereses millonarios que constituye la quinta rama industrial para los países del G-8. Después de todo, en el marco de su “liberación progresiva” la UE en la reunión del G-8 de junio del 2003 propuso incluir el “agua de uso humano” en la categoría de los servicios medioambientales que negociaba entonces la OMC, y ello para permitir “a los suministradores europeos del servicio un acceso real y consistente al mercado” en setenta y dos países –no europeos-. Entonces, al final no hablamos de derechos humanos, sino derechos de mercado y ganancias de transnacionales del agua, bien común codiciado por el mercado. Otros casos, como el rol crucial del agua en los territorios ocupados por Israel para la economía y sobrevivencia del estado judío, es un asunto geopolítico y militar. Es una guerra del agua con tres milenios de duración.

Para el grupo de 25 países en desarrollo que se abstuvo, las explicaciones son mucho más complicadas, porque en algunos de ellos la situación del agua es un problema de salud pública severo, la administración es carente, la misma ética del desarrollo resulta de difícil comprensión, y con tristeza observamos los nombres de algunos de esos países entre aquéllos cuyo Índice de Desarrollo Humano es de los menos favorecidos, en los que su elevada morbimortalidad de origen hídrico no forma parte del interés de la industria hipnotizada por el dinero. No es remoto tampoco que alguno de esos países se haya abstenido para congraciarse con un país desarrollado que le influencia.

En Nicaragua, con el derecho humano al agua que ha sido ya establecido por nuestras leyes, y por la disponibilidad nominal de 531 barriles de agua por cada nicaragüense para cada día del año obsequio de nuestra maravillosa naturaleza, asegurar el acceso al agua segura y el saneamiento básico para toda la población es aún una tarea desafiante, que trasciende en mucho esta Declaración, y que depende de lograr el aprovechamiento racional y la protección sostenida de nuestros recursos hídricos para todos los usos y todos los usuarios.


salmon@cira-unan.edu.ni