Jorge Eduardo Arellano
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En los medios de comunicación social escritos, hablados y televisivos han estado dando declaraciones el Procurador General de la República del actual gobierno, señor Hernán Estrada, refiriéndose al espinoso tema de la propiedad, arguyendo que la institución que preside es la abanderada defensora de la Sacro Santa Propiedad Privada (así la llamó Carlos Marx), diciendo que en el país existen “mafias de robatierras” (situándolas a nivel de crimen organizado), quienes trafican con estos bienes bajo las figuras jurídicas de “título supletorio”; “prescripción adquisitiva extraordinaria”; “venta forzada”, etc., etc., que en la actividad “ilícita” han participado jueces del Poder Judicial, abogados, notarios públicos, Instituto de Estudios Territoriales (Ineter), que aún la misma Procuraduría General de la República (actualmente la ex notario No. 1 de la Procuraduría, Morena Avilés, es procesada por estelionato) con lo cual los “mafiosos” han despojado de tierras a humildes campesinos sujetos de reforma agraria y al Estado nicaragüense.

El señor Procurador manifiesta que el fenómeno de robatierras la ha contenido gracias a la coordinación que ha establecido con catastro en todo el país, en las cuales el señor Hernán Estrada ha bajado orientaciones expresas a los delegados de Ineter, para que ningún plano topográfico para título supletorio sea revisado y mucho menos aprobado, sin que se presente un aval emanado del propio Procurador Estrada. Con tal disposición, el Procurador se pone al margen de la ley, pues en la ley 509, Ley General del Catastro Nacional y en el Reglamento Decreto 62-2005, por ningún lado aparece como requisito solicitar permiso a la Procuraduría, para que se revise y se apruebe un plano topográfico con fines catastrales. Igualmente el procurador ha orientado a los registradores de la Propiedad de Bienes Inmuebles, para que no inscriban en el Registro títulos de propiedad emanados de jueces del Poder Judicial (supletorios, prescripción adquisitiva, venta forzada, etc., etc.) o escrituras autorizadas por notarios públicos, por venta en bienes situados en las riberas de mares, lagos y ríos, haciendo incurrir a los registradores de la propiedad, en la violación del precepto constitucional, que estipula que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento (arto. 167 Cn), asimismo, pasa por encima del Título XXV, del Código Civil, del Registro Público.

Nunca en la historia de este país, en ningún gobierno de derecha, se había visto semejante alharaca sobre el tema de la propiedad, como lo estamos viendo con el actual Gobierno, dizque de izquierda. En tiempos de la dictadura de los Somoza (que duró 50 años), ese gobierno que era un acérrimo defensor de la propiedad, siempre respetó y mantuvo todo el engranaje jurídico referido a los títulos supletorios (artos. 780 y S.S., Pr.), las oficinas del catastro sin mayores inconvenientes, revisaban y aprobaban los planos topográficos con fines catastrales; los jueces del Poder Judicial daban trámite a las solicitudes de Título Supletorio, dictaban sentencias (actualmente las dictan pero negativamente); sobre solicitudes de título supletorio, prescripción adquisitiva, venta forzada, etc.; los Registradores de la Propiedad inscribían estos títulos abriendo nueva cuenta registral, quedando intacta la matriz del inmueble para efecto de reclamo futuros del afectado. Igual comportamiento tuvieron los Gobiernos de derecha de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños Geyer.

De manera que es este Gobierno mal llamado de izquierda el que se ha convertido en un defensor a ultranza de la propiedad privada, pues el señor Procurador para lograr sus propósitos, se funda en una absoluta ilegalidad, en una violación expresa a las leyes, que tienen que ver sobre la propiedad, pisotea con menosprecio la institucionalidad de instituciones públicas, como el catastro (ley 509 y reglamento Decreto 62-2005); Poder Judicial (los jueces están presionados para no dar trámite a títulos supletorios); el Registro Público de la Propiedad; violenta el Código de Procedimiento Civil (Pr.); el Código Civil y el Reglamento del Registro Público (RRP), todas las normas jurídicas contenidas en estas leyes se encuentran en plena vigencia, ya que no han sido reformadas ni derogadas por la Asamblea Nacional.

Es muy fácil ser abogado del Estado y enfrentar a la contraparte que solicita Títulos Supletorios y Otros, bloqueándolos en el catastro en la revisión y aprobación de planos topográficos; igualmente es fácil ser buen abogado del Estado, presionando al Poder Judicial, para que dichos funcionarios no den curso a las solicitudes de título supletorio de conformidad a lo que manda la ley; así cualquiera puede ser abogado del Estado, ordenando a los Registradores de la Propiedad, no inscriban los títulos que emanan de un juez o de un Notario Público. Toda esta actuación del Procurador General de la República denota que dicha institución carece de capacidad jurídica como abogado del Estado, para enfrentar en los juzgados a las personas que demandan un derecho ante una autoridad judicial, por esa ineptitud oposición, de poder alegar y argumentar jurídicamente ante los jueces, de ser eficiente como abogado, es que la Procuraduría está usando triquiñuelas, zancadillas, leguleyadas de todo tipo, a fin de lograr un solo objetivo defender hasta las últimas consecuencias la sacrosanta propiedad privada.

El conflicto de la propiedad no se resuelve con una conducta ilegal y arbitraria, como en la que está incurriendo el señor Procurador General de la República. No es posible creer que quien ocasionó el relajo de la propiedad venga ahora y se quiera constituir en el abanderado y en la solución del problema. Todos sabemos que a inicios de la década de los noventa miles y miles de familias campesinas y pobladores urbanos, que fueron sujetos de reforma agraria urbano y rural, quedaron desamparados en sus derechos de propiedad, ya que el gobierno sandinista no les entregó sus respectivos títulos de propiedad, a lo más que recibieron fueron documentos de asignación en los registros de la propiedad, muchas propiedades afectadas quedaron siempre a nombre de los antiguos dueños, quienes han demandado y siguen demandando en el juzgado a los beneficiaros para desalojarlos de las propiedades.

Muchas leyes se aprobaron para enfrentar el problema de la propiedad (Ley 85, 86 y 88; Decreto 35-91; Ley No. 209; Ley No. 278; Ley No. 512), y ninguna hasta el momento ha podido dar solución definitiva a tan sensible problema, simple y sencillamente porque no ha existido voluntad política por parte de los diferentes gobiernos, que han pasado a lo largo de estos dieciocho años. Miles de familias pobres nicaragüenses, que fueron beneficiadas con asignaciones de pequeños lotes de terrenos en barrios populares, desde la década de los noventa, lo único que recibieron fueron Solvencias de Revisión y Disposición (Oficina de Ordenamiento Territorial), documento que no es objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad, ya que lo otorgado no da ni quita derechos, por lo que han esperado pacientemente que los gobiernos de Violeta, Arnoldo y Enrique Bolaños entreguen los títulos de propiedad. Los años han pasado y los beneficiaros con la paciencia de Job siguen esperando sin resultado alguno. Muchas personas ante la indolencia de todos los gobiernos han recurrido a la figura del título supletorio, y de esta manera algunos han logrado inscribir al menos el derecho de posesión, ese derecho actualmente ya no lo pueden ejercer por las triquiñuelas y el bloque jurídico e institucional que practica la Procuraduría General de la República.

Creo que si en verdad el Procurador General, señor Hernán Estrada, está interesado en resolver el problema de la propiedad de este país, debería como Notario del Estado iniciar a lo inmediato el proceso de Legalización y Escrituración de miles de lotes de terrenos a familias pobres nicaragüenses, las cuales lo único que tienen a mano es una Solvencia de Revisión y Disposición, que no les sirve para nada, pues no es inscribible, en el caso que este gobierno tampoco tenga la voluntad política o la capacidad para realizar el postergado trabajo de escrituración de propiedades, que al menos no siga bloqueando las solicitudes de títulos supletorios, pues en este problema parece que la actitud del Procurador es de no pitchear, no cachar, ni deja batear.


*Abogado y Notario Público.