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En noviembre de 2006 y después de varios años de haber pactado con Arnoldo Alemán –líder del liberalismo condenado a veinte años de prisión por lavado de dinero y actos de corrupción, cometidos mientras ejercía el cargo de Presidente de la República – Daniel Ortega volvió a la Presidencia del país ganando las elecciones con el 38% de los votos emitidos. La historia le ofrecía una nueva oportunidad para demostrar, ahora con el país en paz y con las mejores condiciones de estabilidad macroeconómica y política y con flujos importantes de cooperación internacional, que el FSLN era la mejor opción para empujar a Nicaragua hacia un derrotero de progreso en el marco de una estable democracia, con clara institucionalidad y plenas libertades. Era la oportunidad para ubicar al ser humano, en su carácter de ciudadano, como el centro de sus intereses fundamentales. La vida nos ha demostrado, en estos dos años y medio de su gobierno, que el Presidente Ortega no sólo está lejos de esos nobles y justos propósitos, sino que es la antítesis de los mismos.

Antes del regreso al poder del Presidente Ortega, Nicaragua vivió un cambio de modelo, que en lo esencial tampoco logró democratizar las relaciones sociales. Es cierto que se lograron avances relevantes en la pacificación del país, en el respeto a la institucionalidad del Ejército de Nicaragua –antes Ejército Popular Sandinista- y de la Policía Nacional –antes Policía Sandinista- lo mismo que en la recuperación económica y en un respeto aceptable, aunque no suficiente, de la profesionalización de las carreras judicial, diplomática y de otras instituciones del Estado. Funcionaban, con un relativo grado de aceptación e independencia los tribunales de justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y resto de órganos del Estado. Todo eso –con excepción, hasta hoy, del Ejército y en menor medida de la Policía- se ha venido perdiendo aceleradamente como consecuencia del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.

También se lograron avances, en ese período, en el campo de la libertad de expresión y de prensa, armas fundamentales del régimen democrático, y en la recuperación económica del país, lográndose alcanzar la estabilidad macroeconómica tan necesaria para pensar en tareas del desarrollo. El gran problema de esa política económica –la cual se sigue reproduciendo por el actual gobierno- es que, siguiendo los patrones diseñados por el Consenso de Washington, dio preponderancia absoluta al mercado en detrimento del necesario rol del Estado, relegando a un segundo plano las políticas sociales, la defensa de los recursos naturales y la política exterior independiente del país.

Desde 1990 hasta hoy, todo el esquema político institucional y económico ha sido moldeado en la puja de contradicciones entre los mismos grupos económicos tradicionales, más la participación de los nuevos grupos encabezados por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, cuyos capitales han venido siendo amasados desde el poder y a través de tráficos de influencia y de la corrupción más galopante.

Las formas oligopólicas y monopólicas han aparecido en muchos campos dejando por un lado las más genuinas aspiraciones de la población, que todavía espera una verdadera democratización de oportunidades, una verdadera democratización del poder público y una estabilidad económica y social que le ofrezca reales condiciones para mejorar su vida.

Hoy por hoy, en Nicaragua, el régimen de libertades individuales y colectivas está reducido a su mínima expresión por causa de la voluntad autoritaria y con clara vocación dictatorial de Daniel Ortega, su esposa y el grupo en el poder. Desde que llegó a la Presidencia de la República, Ortega ha venido impulsando una política que niega la libertad, la justicia social y el privilegio de lo público sobre lo privado; es decir, una política que tiende a instaurar una nueva dictadura, con un gobierno que se dice de izquierda y actúa en contra de los intereses económicos, políticos y sociales de la población; peor aún, un gobierno que tiene, en su Presidente, el perfil en desuso del típico caudillo fascista, en este caso tropicalizado.

Con el gobierno del Presidente Ortega están en serio peligro los derechos civiles y los derechos humanos de todos los nicaragüenses, los de quienes le adversan –que son la mayoría- y muchos de los que le apoyan, algunos por ciego fanatismo y otros por adhesión a un partido que creen que es el mismo que hizo la revolución, sin percatarse que aquel fue desnaturalizado, confiscado, privatizado y puesto al servicio de Daniel Ortega y su familia. Emulando, con las mejores calificaciones, al régimen dictatorial somocista.

El Estado de Derecho ha venido siendo reducido a añicos, bajo el concepto de que es el Estado de Derecho de la oligarquía; los Poderes del Estado han perdido su independencia, encontrándose hoy, en la práctica, claramente subordinados al Presidente Ortega; por esta causa, no hay igualdad ante la ley para todos. La justicia está privatizada por el Presidente. Se esgrime la ley por parte de los personeros del gobierno para tratar de darle visos de legitimidad a sus acusaciones arbitrarias en contra de políticos adversarios, intelectuales y cantautores de izquierda, periodistas y dueños de medios de comunicación independientes, dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres y de organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones de jóvenes y Jerarquía de la Iglesia Católica, por el sólo hecho de ser, todos, críticos de la actuación abusiva del gobierno.

Nicaragua es, bajo el régimen de Ortega, el único país de América signatario de la Carta Democrática Interamericana, que se ha quedado sin futuro electoral democrático. El actual Consejo Supremo Electoral (CSE) es una de las instituciones más corruptas del Estado. Es el instrumento a través del cual se ha realizado el fraude electoral más extraordinario y más documentado de la historia reciente en el mundo, en las elecciones municipales de noviembre de 2008. A través del CSE el FSLN se robó cientos de miles de votos ciudadanos y más de 40 alcaldías del país, incluidas las de la capital, Managua, y otras cabeceras departamentales, como León, Masaya, Juigalpa y Jinotega, sólo para mencionar algunas.

El carácter laico del Estado, uno de los componentes fundamentales del Estado moderno ha sido puesto de lado por el Presidente Ortega y su gobierno; estamos en presencia de un gobierno confesional y un mandatario marcadamente mesiánico; un mesianismo que vende la imagen de un presidente emisario de Dios y por lo tanto infalible, magnánimo y poderoso. Toda la propaganda del gobierno está impregnada de mensajes religiosos, en una clara manipulación de la fe de millones de ciudadanos: “La voz del pueblo es la voz de Dios”, es un lema que acompañado de los retratos gigantes del Presidente, busca establecer en el inconsciente colectivo, la asociación entre Dios y Daniel Ortega y su familia. De igual factura es el resto de la propaganda gubernamental.

La presión y el chantaje políticos son instrumentos privilegiados por el régimen para atemorizar a potenciales y claros adversarios, buscando con los mismos inmovilizarlos, golpearlos, esquilmarlos y despojarlos de sus derechos constitucionales, y muchas veces de bienes y propiedades.

El miedo, viejo recurso sicológico usado por las dictaduras de antaño para impedir las protestas y rebeliones de la población contra los desmanes y abusos cometidos por aquellas, está siendo desarrollado por el régimen de Ortega, utilizando a las instituciones del Estado como La Fiscalía General de la República, la Dirección General de Ingresos, La Dirección General de Aduanas y, preponderantemente, a jueces y magistrados del Poder Judicial, y fuerzas de choque armadas, entre otros, como verdugos listos a dejar caer la guillotina sobre los que osen desafiar al poder del Presidente y su propósito de permanecer en la Presidencia, más allá de su período, a través de prácticas reñidas con la ley. Todo eso sin tener una Guardia Nacional, como la de los Somoza: ¡el alumno está superando al maestro!

El pueblo de Nicaragua está hoy como al principio: luchando por establecer la revolución democrática que tanto anhela; es decir, lograr la apertura y democratización del sistema político y la afirmación de los derechos ciudadanos, en el marco del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución Política de la República. Este pueblo, tan explotado, abusado y martirizado, la necesita con urgencia para tener seguridad de un futuro pletórico de desarrollo con libertad; bien merecido lo tiene.


*Parte de la ponencia presentada por el autor en el simposio organizado por La Universidad Libre de Berlín, en conmemoración del 30 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.


Berlín, 10 de julio de 2009.