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Tres acontecimientos recientes provocaron levantamientos de pobladores en contra de las delegaciones policiales municipales en La Paz Centro (15/9/2008), Catarina (15/2/2010 y 26/5/2010) y Chichigalpa (7/7/2010). Los sucesos ocurridos deben llamar a la reflexión política, sociológica, institucional y técnica para identificar las causas de fondo e inmediatas por las que personas armadas de piedras, garrotes, morteros y machetes, destruyeran injustificadamente vehículos, instalaciones, mobiliario policial, e incluso agredieran a los policías. Hechos de este tipo son raros en la historia policial institucional.

Dos comentarios previos: a) hay relación inseparable entre confianza social e institucional y seguridad. La confianza entre las personas es condición para la convivencia y la tranquilidad ciudadana; la confianza social hacia las instituciones públicas es factor de seguridad o inseguridad. Cuando la confianza se deteriora, existe un potencial riesgo hacia la violencia que puede desencadenarse ante hechos inmediatos cuando se han acumular tensiones de distinta naturaleza, b) en el concepto de “fuerza policial” incluimos tres componentes: fuerza física y técnica (personal en cantidad y calidad, debidamente preparado y equipado, motivado y organizado), fuerza legal (la actuación policial que corresponde a lo previsto en leyes y normas) y fuerza moral y ética (respeto ganado hacia la policía por integridad, honestidad, profesionalismo y conducta). Cuando la “fuerza policial” actúa, lo hace ineludiblemente investida de estos tres componentes, si falla alguno, es insuficiente o está deteriorado, las consecuencias de su actuación serán erráticas, provocando daños contundentes e imprevisibles. La autoridad policial no se fundamenta solamente en la facultad legal, sino que también en su actuación técnica, credibilidad y confianza social. Actuaciones ilícitas, incorrectamente planificadas o ejecutadas, agentes policiales sin experiencia o con escaso entrenamiento para cumplir su tarea, pueden provocar resistencia activa y reacciones violentas. Podrían sumarse, como la gota que rebalsa el vaso, a los problemas acumulados, socioeconómicos y políticos.

Los sucesos se desencadenaron por una actuación policial incorrecta que ocasionó la muerte de personas en manos de la Policía. En Catarina y Chichigalpa aparecen relacionados a los lamentables sucesos, policías voluntarios, lo que obliga a revisar nuevamente la funcionalidad de este cuerpo auxiliar, que de conformidad con la Ley 228, debe cumplir ciertos requisitos y tareas, pero que en la práctica, ante el argumento de insuficiente cantidad de policías, se han venido “relajando” los criterios de reclutamiento, capacitación y supervisión. El diagnóstico institucional de 1999 señaló que el modelo de policía voluntario, tal y como había sido definido y se aplicaba, estaba desfasado. A principios de la década la Policía se inició en Managua su desmovilización ante incidentes por el uso inadecuado de la fuerza e involucramiento en delitos; se comprobó que en su mayoría no eran “voluntarios”, sino que, por su condición de desocupados, encontraban en el “servicio policial” una opción de sobrevivencia que resultaba riesgosa dadas sus facultades.

Recapitulando las circunstancias comunes en los hechos desencadenantes en las tres localidades: i) actuación policial con personal insuficientemente capacitado y equipado, ii) participación de policías no profesionales en acciones operativas, iii) planificación inadecuada de la actuación policial. Lo anterior no explica suficientemente la respuesta violenta de los pobladores contra las instalaciones y el personal policial, hay que agregar otros elementos: i) el deterioro de la confianza hacia la policía por comportamientos o actuaciones cuestionadas, ii) débil comunicación e interacción con la comunidad, iii) desgaste de la autoridad moral y profesional del personal policía, iv) inexacta interpretación de las tensiones internas y de la inseguridad local por la Policía. Adicionalmente, las posibles contradicciones personales, socioeconómicas y políticas que pueden llevar a reacciones violentas en contra de formas visibles del poder formal como la Policía.

No se justifica la reacción social local violenta contra las instalaciones policiales, actos ante los cuales, la Policía fue sorprendida y tuvo dificultad para reaccionar de manera inmediata ante lo que estaba obligada a prever. Se reconoce, sin embargo, que durante los días siguientes logró recomponer la deteriorada situación mediante el diálogo y la sustitución de sus funcionarios(as). No se justifica la actuación policial que causó la muerte de personas por la incorrecta planeación y ejecución operativa que no pudo ser proactiva por el deterioro de la comunicación y las relaciones con la comunidad, por el desgaste moral que se manifestó en desconfianza e irrespeto.

Los tres municipios tienen bajas tasas delictivas; mientras el índice delictivo municipal nacional por cada diez mil habitantes (media 2004 – 2008) es de 243, en Chichigalpa (155), Catarina (122) y La Paz Centro (77), es por debajo de la media por lo que pueden categorizarse como municipios tranquilos. Las motivaciones de estas asonadas no estén directamente vinculadas a la delincuencia sino que existen otros factores que han convergido y traído efectos indeseables. Es obligación institucional y social aprender de lo ocurrido para evitar consecuencias similares o peores.

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