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La muerte de Ignacio Villareal, un jefe de la coalición de traficantes de drogas de Sinaloa, a manos de fuerzas especiales del ejército, impone preguntarse si es realmente eficaz la estrategia de eliminación de los “barones” de la droga en México.

El gobierno mexicano tiene varias opciones para terminar con la violencia mafiosa que asola el país y debilita al sistema. Sólo dos son recomendables. Pero no son fáciles de implementar ni tienen una eficacia garantizada.

El presidente Calderón decidió emplear las fuerzas armadas en operativos contra los traficantes de drogas ilegales en varios estados donde se han asentado las principales organizaciones. Busca contener su capacidad de generar violencia y mermar sus recursos económicos. Pero aún no ha logrado realizar un trabajo de inteligencia que combine economía de medios y éxito.

Las dos grandes coaliciones de traficantes del país, la de Sinaloa y la de Tamaulipas antes rivales, hoy están presuntamente unidas contra otra coalición: la de sus antiguos socios (Carrillo-Beltrán-Zetas), surgidos en la época del sistema de “partido único de Estado“, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ese partido, creado en 1929, perdió la presidencia del país en 2000 por primera vez en la historia. A partir de entonces, se dieron dos transiciones paralelas: la democrática por un lado, y la del campo del tráfico de drogas hacia un esquema mafioso-paramilitar, por el otro.

Fue la organización de traficantes de Tamaulipas la que inició ese proceso de transformación cualitativa a finales de los años noventa. Mostró muy pronto una tendencia a pasar de la presencia territorial y las relaciones de corrupción con los políticos, al control y expansión territorial y al control de posiciones clave en las instituciones de seguridad, municipales y estatales; al escalamiento de la violencia armada contra policías, militares y periodistas; a la incursión en el campo político y a la diversificación de la renta criminal (secuestros, extorsiones, piratería, tráfico de indocumentados, etc.). Ese proceso fue paradójicamente acelerado y facilitado por algunos efectos de la nueva alternancia política: partidos sin pactos, sin consensos, sin visión compartida y corresponsable sobre los asuntos de seguridad del Estado.

Las zonas de producción de plantas prohibidas, las de introducción de cocaína y las rutas de las drogas ilegales hacia Estados Unidos atraviesan territorios gobernados por los principales partidos políticos y ninguno está ética ni genéticamente blindado contra la corrupción. Tampoco son inmunes a las balas. Las probabilidades de corrupción, o de “protección” (a los traficantes), y las de ser blanco de la violencia criminal -que trata de revertir su histórica subordinación al poder político- están distribuidas según los partidos que gobiernan en los estados y la federación.

En las elecciones de 2010, en Tamaulipas, fueron asesinados dos candidatos a alcalde presuntamente por la “delincuencia organizada”. Otros candidatos a alcaldías, fueron amenazados de muerte. En Chihuahua, otros candidatos dijeron haber recibido amenazas y algunos solicitaron protección policial. En Tamaulipas, los antiguos socios Golfo-Zetas se pelean a muerte. Y en Chihuahua, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, se enfrentan también grupos poderosos antes unidos.

El PRI retuvo la gobernación en esos estados -los votantes no le hicieron pagar a ese partido la parte de la responsabilidad que le corresponde en los índices de violencia-. Pero el abstencionismo superó el 60%

La clase política tiene por lo menos seis opciones en su lucha con los traficantes:

* No hacer nada y dejar que los traficantes impongan su ley.

* Considerar que la política antidrogas es un asunto exclusivo del gobierno federal, apostarle al fracaso mediante la inacción o la obstrucción, y tratar de capitalizar los errores.

* Asociarse de manera estratégica con los traficantes con la esperanza de éstos cumplan un “pacto de caballeros” y se comprometan a disminuir los niveles de violencia y a evitar los enfrentamientos con policías y militares. Eso significaría otorgarles un reconocimiento político y ceder ante algunas de sus demandas a cambio de una supuesta pax mafiosa.

* Apoyar a medias y continuar la estrategia de la administración actual, incluido el tipo de cooperación acordada con Estados Unidos para combatir a la delincuencia organizada transnacional. El financiamiento de EU está destinado al combate al tráfico de drogas, la violencia relacionada y el crimen organizado.

* Unir esfuerzos entre los partidos y el gobierno federal para diseñar una política de seguridad de Estado, consolidar las instituciones e imponer la autoridad en todo el territorio nacional sobre cualquier grupo armado ilegal.

* Cambiar radicalmente la política sobre drogas vigente: legalizarlas y asumir las consecuencias en la ONU y en la relación con Estados Unidos.

No hay nada que indique una tendencia de la clase política a optar por la última opción. En la actualidad se observan modalidades de las otras opciones. Si por lo menos se lograra la cuarta, acompañada de medidas económicas y sociales que impliquen mejores empleos y niveles de vida, habría mayores probabilidades de debilitar, contener y controlar a las organizaciones de traficantes que hoy en día crean los mayores problemas de violencia y gobernabilidad en el país.

El doctor Luis Astorga estudia el tráfico de drogas en México y su relación con la política y la cultura. Es investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
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