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El ya famoso Arto. 201 de nuestra Constitución Política, tal como fue aprobado aquel 19 de noviembre del año 1986, se estructuraba de dos párrafos, en donde el primero se refería al ejercicio del cargo del Presidente y Vicepresidente de la República que fueron electos en 1984, los cuales terminarían su período el 10 de enero del año 1991, y los Diputados de la Asamblea Nacional electos en 1984 concluirían su período el 09 de enero de 1991.

El segundo párrafo establece que lo miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos Poderes del Estado, continuarán en sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos conforme la misma Constitución Política. O sea que en apego a la Constitución debían hacerse los nuevos nombramientos.

Ese segundo párrafo en su contexto, es precisamente para evitar que esas instituciones públicas quedaran inestables, ya que al entrar en vigencia la Constitución Política se tendría que nombrar a tales funcionarios conforme las normas constitucionales mismas. Por ello, mientras sucediera eso, los otros que están en funciones, ejercerían el cargo legalmente, háyanse o no vencido sus períodos. Por ende, una vez que se fueron nombrando esos funcionarios al tenor de la norma constitucional, tal disposición perdería su eficacia y aplicación jurídica transitoria y se volvería ineficaz para otros contextos futuros. Ese fue el espíritu del constituyente cuando incorporó esa norma en esas circunstancias coyunturales.

Para las elecciones generales anticipadas realizadas el 25 de febrero de 1990, se aprobó la reforma a nuestra Constitución Política, en particular a su Art. 201 en su primer párrafo, pero la misma se hizo según sus considerandos, y en especial el considerando segundo, el cual deja determinado que “se hace necesario reformar transitoriamente la Constitución Política de Nicaragua…”. En tales circunstancias se reformó el primer párrafo, que era el que interesaba, porque el segundo para ese entonces jurídicamente ya había cumplido su razón de ser y por lo tanto sin efectos jurídicos posteriores al haberse nombrado en el tiempo subsiguiente a los funcionarios públicos referidos en su texto.

La reforma a ese primer párrafo implicó que se transformara en dos párrafos por los cuales en su primero se determinó que los Diputados de la Asamblea Nacional electos ese 25 de febrero de 1990, se instalarían el 24 de abril de 1990, y finalizarían el período de los diputados anteriores y cumplirían su propio período. En su segundo párrafo se estableció que el Presidente y Vicepresidente de la República electos ese mismo 25 de febrero de 1990, tomarían posesión de su cargo el 25 de abril de 1990, los que concluirían el período de sus antecesores y cumplirían su propio período.

Ahora que se alega que el segundo párrafo original del Arto. 201 Constitucional es aplicable en nuestra actualidad, (el que en virtud de la reforma pasaría a ser el tercer párrafo) es ilógico porque precisamente sus efectos jurídicos fueron consumados en sus respectivos momentos al darse los nombramientos. Aceptar esa interpretación que se aleja del contexto legal verdadero, sería a su vez aceptar que al no haber elecciones generales en el año 2011 y que en virtud de ese mismo párrafo cuestionable, el Presidente de la República, su Vicepresidente y los Diputados de la Asamblea Nacional, continuaran en sus funciones hasta que se realicen elecciones generales.

Todas estas desavenencias jurídicas que tenemos los nicaragüenses en nuestro sistema es debido a la falta de previsión futurista de nuestros legisladores, quienes al parecer se limitan a un aspecto normativo inmediato, sin medir las consecuencias futuras en los escenarios políticos en donde pueden darse interpretaciones más extensas y no en base al espíritu de la ley. Así empezamos por irrespetar los efectos de la ley.


*Abogado y Notario