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A partir de que la Corte Suprema de Justicia realizó la desinsaculación de siete conjueces, los que se supone sustituirán a seis magistrados arnoldistas, en la delicada labor de administrar justicia, los supuestos destituidos desde hace meses se niegan integrar Corte Plena en la CSJ, la excusa parte de no aceptar como magistrados a los abogados Rafael Solís y Armengol, a quienes se les venció su periodo, pues éstos están aferrados al puesto público por obra y gracia del decreto presidencial 03-2010 y el inciso segundo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, incrementándose la inseguridad jurídica, pues se asevera que toda resolución que surja de la CSJ, a partir del próximo lunes 16 de agosto en adelante, será nula con nulidad absoluta.

Abogados y entendidos en la materia, ya se han pronunciado de diversas maneras condenando y repudiando la desinsaculación de los conjueces, lo cual obviamente afectará en materia de salario, combustible y otras prebendas a los magistrados arnoldistas. Sin embargo, los detractores de la medida en sus opiniones no hurgan para nada en las causas de fondo que originaron esta crisis institucional y lo más triste es que crítica sin proponer soluciones de fondo al fenómeno.

La figura de conjuez se encuentra en el artículo 163 de la Constitución Política. Se entiende que un conjuez es el magistrado suplente del magistrado titular de la CSJ, los conjueces son una especie bateador designado esperando turno al bate, cuando el titular se ve afectado en sus funciones por ausencia, implicancia o recusación. Aunque el Poder Legislativo, en el año 2007, mediante ley reglamentó el artículo 163 Cn., eligiendo los conjueces, tomando la promesa de ley para dejarlos en el cargo, no obstante, los diputados en vez de reglamentar la ley en la misma ley, para que la legislación entrara en plena vigencia, empero, esa importante función delegó en los magistrados de la CSJ, éstos, mostrando una actitud mezquina y egoísta se negaron a reglamentar la ley, para así evitar que los conjueces los desplazaran a los magistrados. Ante la negativa de los magistrados de reglamentar la ley, ésta regresó al poder Legislativo, pero aún así los honorables diputados de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional, deciden engavetar el proyecto de reglamentación, el cual tiene varios años de estar en la tubería del poder legislativo.

Ésas son las causas por las cuales la ley de conjueces no ha sido aún reglamentada, ni por magistrados de la CSJ, ni por diputados de la Asamblea Nacional. En este tema lo que ha predominado no son los intereses generales de la nación, sino que los intereses particulares de grupos de poder en CSJ y en el Parlamento Nacional. Esta situación es la que tiene al borde del colapso al Poder Judicial. Como siempre en esta crisis el afectado es el pueblo de Nicaragua, él es el que está pagando los desaciertos de los partidos políticos que tienen presencia en el parlamento nacional. Son centenares por no decir miles, los ciudadanos nicaragüenses que privados de libertad por causas penales, y quizás sean inocentes, esperan que la Sala Penal de la CSJ se reúna y resuelve los recursos de casación, para obtener la ansiada libertad. Son miles los expedientes en materia civil, en materia constitucional y contencioso administrativo que esperan una resolución desde hace años.

Bajo la mampara de una supuesta ilegalidad, los magistrados arnoldista no han querido hacer acto de presencia en la Corte Plena, para ejercer su trabajo en el máximo tribunal de justicia. Empero, los referidos magistrados, en los meses anteriores no han trabajado, más han sido muy puntuales en recibir mes a mes sus jugosos salarios, sus doscientos galones de gasolina, sin dictar o firmar una sola sentencia. Es ciertos que los magistrados arnoldistas llegan a sus oficinas marcan tarjeta, hacen presencia física, pero de qué sirve esto si no trabajan, no hacen un mínimo esfuerzo para aportar una solución a la crisis, de la cual ellos también son culpables, puesto que en su manos tuvieron la ley de conjueces para reglamentarla y no lo hicieron, por temor o por egoísmo. En definitiva a los susodichos magistrados no les importa para nada la situación de retardación de justicia que sufren los usuarios de la justicia a nivel nacional.

La salida al problema que enfrenta la CSJ, se encuentra en las manos de los diputados de la Asamblea Nacional, es necesario que los legisladores dejan de seguir con esa alhajara, de que es ilegal el funcionamiento de los conjueces, de que los conjueces no pueden suplir a los magistrados arnoldistas. En esta crisis de la CSJ, los padres de la patria deben hacer a un lado sus intereses egoístas y pensar, por lo menos una vez en su vida, en los intereses generales del pueblo, y de una vez por todas procedan a elegir a los magistrados de la CSJ, que se les venció su periodo, para que la Corte Suprema de Justicia, empiece a trabajar con el número de magistrados establecido y trabajen dictando sentencia en las diferentes materias. El Presidente de la República, que maneja a su gusto y antoja a 38 diputados, debe aportar en la solución del problema, para que no se siga obstaculizando la elección, con ese cambio de actitud se estaría dando un aporte importante a la gobernabilidad a la institucionalidad del país.

La crisis institucional que actualmente se vive todos los poderes de Estado, debe servir de aleccionadora a los nicaragüenses, para que esta situación de anormalidad no se vuelva a repetir. Es preciso tomar medidas precautorias para no caer nuevamente en la politiquería de siempre, en los errores y egoísmo, sin considerar el enorme perjuicio que se le está haciendo a toda la nación. No es con posiciones de fuerza, que dice me das todo o nada, con que se van resolver los conflictos, es con el dialogo, con el entendimiento, haciendo uso del sentido de patria, de nación, es que podemos todos sacar adelante a este país. Cuando hagamos a un lado los intereses de grupos, de facciones y pongamos en primer termino los intereses generales de todos los nicaragüenses, es cuando posiblemente se inicie una nueva era en el Estado Nicaragüense. Trabajemos en función del interés general, para sacar del atolladero a la nación.


*Abogado y Notario Público