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¿No es contradictorio que mientras las fuerzas democráticas afirman que el orteguismo ha demolido la Constitución y la institucionalidad del país, sectores políticos de ellas mismas, apuestan a la próxima contienda electoral?

Ciertamente el régimen de Ortega en apenas tres años y medio ha hecho retroceder la institucionalidad del país a situaciones sólo comparables con la última etapa del somocismo. Para ilustrar y confirmar esta aseveración, basta observar lo ocurrido en los últimos días en la Corte Suprema de Justicia, objeto del último zarpazo del orteguismo. El círculo gobernante parece actuar con la tésis de la orilla del abismo, es decir incentivar las crisis hasta las postrimerías para forzar una negociación – desde evidentes posiciones ventajosas - con su hasta ahora aliado estratégico, el arnoldismo.

Sin embargo la situación actual presenta al menos tres rasgos novedosos. El primero de ellos es que la toma absoluta del Poder Judicial por el orteguismo significa un tiro de gracia a la que ya era -hay que enfatizarlo- una precaria institucionalidad. Es, no cabe duda, el colapso del régimen jurídico.

¿Cómo esperar que “el tuyo o el mío “puedan ser resueltos con el menor asomo de juricidad? ¿Cómo esperar imparcialidad de esos jueces supremos? Si antes ya estaba en entredicho la imparcialidad de la suprema corte, ahora que se han despojado del mínimo formal, no cabe ninguna discusión sobre a quién sirve y funcional a qué intereses serán sus sentencias.

Si algo distingue a una sociedad democrática es el respeto y el fortalecimiento cotidiano de sus instituciones. Y la administración actual nos ha alejado a un paso vertiginoso de esa observancia. Hemos vivido un golpe de estado a dosis, obedeciendo a una fórmula previa.

El otro rasgo novedoso es el tiempo pre electoral que vivimos. Las elecciones de noviembre del dos mil once, de desarrollarse bajo las condiciones actuales, serán un insulto más que un remedo de consulta a la voluntad ciudadana. Primero porque los jueces electorales, no son ni imparciales ni probos. Han escamoteado la voluntad ciudadana y evidenciado que están al servicio de un proyecto que precisamente se sustenta en la lógica de la imposición. Y segundo porque precisamente, el orteguismo ha conculcado el derecho de miles de nicaragüenses de optar entre variadas ofertas electorales. ¿No sigue acaso el MRS “proscrito “, como suelen calificarlo con deleite dictatorial los medios oficiosos? La Ley Electoral actual, retorcida y manoseada por el Pacto, no sirve más. Su sustitución es indispensable.

En el otro polo de la contradicción democracia vs. autoritarismo, está el surgimiento de confluencias políticas democráticas que agregan no sólo un componente nuevo en el espectro político, sino que conllevan calidades nuevas en sí mismas, no vistas al menos en los últimos veinte años en la vida nacional.

Tanto la Coalición Democrática como la Alianza Patriótica - y especialmente ésta- , presentan características verdaderamente revolucionarias. La primera es la presencia en ellas con una programática coincidente, de expresiones de movimientos sociales, partidos políticos y personalidades. Además en el caso de la Alianza Patriótica la voluntad expresada de trascender a un evento electoral y constituirse de forma más dilatada en el tiempo.

La lucha victoriosa contra el somocismo fue posible, entre otras cosas, por la convergencia en un amplio abanico de alianzas de partidos políticos, movimientos sociales y gremiales, así como de personalidades independientes. La Unión Democrática de Liberación (UDEL), el Frente Amplio Opositor (FAO), el Frente Patriótico y el Movimiento Pueblo Unido (MPU), fueron cada una en su momento la cristalización de esas conjunciones. De igual forma la derrota electoral del FSLN en febrero de mil novecientos noventa, fue posible porque en la UNO se concitaron en ese momento las aspiraciones de la mayoría de los nicaraguenses.

La derrota del orteguismo solamente será viable, articulando – en las calles y en la justa electoral- el amplio, variado y multifacético universo de fuerzas democráticas que se le oponen. No cabe, ciertamente, en este esquema pre excluir por supuestas definiciones ideológicas a los partícipes de esa inevitable alianza. Hay que decirlo una vez más: Ni el orteguismo es de izquierda, ni las fuerzas que se le oponen son solamente “ de derechas “. Frente a un régimen autoritario y conservador, caben todas las fuerzas democráticas, progresistas y opuestas al autoritarismo. El rumbo posterior se definirá después. Por ahora la tarea impostergable es la reconquista de la democracia y la institucionalidad.

Todo problema político es un problema de fuerzas. Y tanto a la Coalición Democrática como la Alianza Patriótica, con la razón y la legitimidad que les ampara ante la opinión pública y la historia, tienen ante sí el resto de desbrozar - en la mesa de discusiones, en los exiguos espacios del Parlamento y en las calles- el camino de la acción conjunta, y alcanzar así la condición mínima de lograr que las elecciones de noviembre del dos mil once merezcan ese nombre. Es decir, lograr Jueces electorales probos y una ley electoral democrática.

Aquellos que apuestan en las actuales condiciones al evento electoral del dos mil once, sin lograr esas condiciones elementales, pecan de ingenuos, o son cómplices conscientes del orteguismo y su proyecto.