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Recientemente fue inaugurada en Managua una Sala Especial de Mediación para resolver delitos de violencia intrafamiliar, entre otras situaciones. Para las y los nicaragüenses eso debería de constituir un avance y un motivo de alegría, si realmente trajera un beneficio equitativo y real.

Sin embargo, considero que hay muchos elementos en la instalación de las mismas, que en el caso de la violencia hacia las mujeres, no favorece a la víctima y más bien “pareciera” que los centros de mediación terminarán inevitablemente favoreciendo al agresor. Aquí mi planteamiento.

Un principio básico de la justicia social y de derechos humanos es la equidad o igualdad de condiciones para poder negociar y lograr acuerdos que beneficien finalmente a las partes involucradas.

En algunos casos la mediación se convierte en una disposición o casi una orden, principalmente para aquella población que tiene desconocimiento de los procesos judiciales y las leyes que los protegen. En otras situaciones, se llega a realizar el trámite de mediación, sin conocer todas las consecuencias de aceptar el mismo.

Y debemos reconocer que también se aceptan los trámites de mediación, amparados en la esperanza de resolver de manera pacífica, civilizada y más rápida el conflicto, con el gran interés y deseo de llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto.

Pero, cuando se habla de violencia contra las mujeres, se refiere a aquella situación particular de control, dominio y sometimiento que en distintas formas viven las mujeres por parte de los hombres, por el simple hecho de ser mujer; y que es reconocida como violencia de género.

Y es en esta grave situación particular y en los casos generalizados de violencia intrafamiliar, que la llamada mediación no debe tener cabida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de víctima y victimario; dos condiciones distintas.

Como vemos, ese trámite de mediación cambia y difiere totalmente de un caso que refiera un pleito y molestias vecinales, o situaciones similares donde se conocen las partes y éstas deciden no ir a juicio.

En el caso de violencia contra las mujeres estamos hablando de un abuso de poder, de sometimiento de una persona hacia otra, específicamente de la violencia generada de un hombre hacia una mujer. Tomando en cuenta que ese hombre puede ser su hermano, su amigo, su tío, su papá, esposo, etc., que ejerce violencia en distintas formas, ya sea física, psicológica, sexual, económica y más.

La violencia contra las mujeres es un delito y es sancionado o castigado, así lo indica el Código Penal en el artículo 155 referido a la violencia doméstica o intrafamiliar.

Pero imaginemos un trámite de mediación en esta escena, que en realidad ya está sucediendo: mujer golpeada por primera vez por su compañero de vida, ésta lo denuncia y le “sugieren” un trámite de mediación. El hombre se compromete a no volver a los golpes contra su compañera, “que fue un momento de cólera, de borrachera, que eso no va a volver a suceder que él es responsable con sus hijos, que mantiene el hogar y blablabla”. Por su parte, la mujer acepta que era primera vez que la golpeaba, que las heridas de su cuerpo van a sanar, y aparentemente por no tener información de las graves consecuencias de ese “arreglo”, el desconocimiento de las leyes que la protegen y de la desigualdad (económica, emocional, laboral, etc.) en que se encuentra, firma y acepta el acuerdo.

Finalmente, la víctima vuelve a su casa con el agresor. Y ahora con mayor desventaja. Ante su denuncia no hubo sentencia, no hubo sanción para su agresor. Porque el “sugerido” trámite de mediación convirtió un delito que está sancionado en el artículo 155 del Código Penal, en “arreglo”.

Dirían muchos, “pero ella aceptó voluntariamente el arreglo”. Sí, es cierto, ¿pero bajo qué condiciones? Si las mismas autoridades que debían protegerla, le “aconsejaron” ese trámite, que es más rápido que seguir el verdadero proceso judicial en esos casos.

Lamentablemente, después de ese “trámite de mediación” muchas mujeres fueron asesinadas atrozmente y condenadas a muerte. Dos, tres meses o un año después, no importa cuándo, pero está sucediendo. La impunidad está prevaleciendo y favorece a los agresores, así lo demuestra uno de los asesinatos más recientes en Ciudad Sandino, como fue el de Ana María Lindo Sandino.

Si los delitos de violencia intrafamiliar no están siendo castigados como lo indican nuestras leyes, y si los delitos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, ¿A quién protege la mediación?
Recordemos que los abusadores sexuales, agresores y asesinos de mujeres tienen mil caras y logran “engañar” a los más expertos y expertas. A veces son verdaderos psicópatas que convencen a los más profesionales en la materia.

Considero importante que la Policía, las Comisarías de la Mujer, Ministerio Público y todos los que intervienen en la llamada ruta de la justicia para las mujeres, profundicen en la conducta de los agresores y en la conducta violenta en general, y que al final lleve a comprender con mayores argumentos, por qué la mediación en situaciones de violencia intrafamiliar expone a las víctimas a mayores riesgos.

Una vez que la víctima sale de la sala de mediación, ésta queda abandonada legalmente. Y muchas veces cuando se quiso orientar a la víctima a seguir un proceso penal, es demasiado tarde.

La mediación no resolverá el problema de fondo de la violencia que viven las mujeres dentro y fuera del hogar, pero además, de repente esa mediación se convierte en el camino ideal para que en Nicaragua tengamos más mujeres asesinadas.

Reitero, la violencia contra las mujeres es un delito, y jamás debe ser conducida hacia un trámite de mediación. Por tanto debe ser castigada severamente, como una forma de proteger y resguardarle la vida a la victima de violencia.


*Periodista y defensora del Derecho Humano de las mujeres a vivir sin violencia.