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En un mundo con fronteras económicas prácticamente inexistentes debido a la fluidez de los servicios financieros, la interrelación de las economías y las características propias del capital, las posibilidades de intervención estatal se vuelven más reducidas, limitándose el rol del Estado a garantizar la disponibilidad de servicios financieros y, a tratar de evitar los riegos propios de la volatilidad del mercado. Esto no significa que necesariamente el Estado deba convertirse en un organismo financiero nacional, y aunque su presencia pudiera ser importante en este sector, también es importante guardar cierta distancia, a fin de evitar un innecesario conflicto de intereses o bien para no incitar al demonio de la corrupción.

Como bien señala el informe del Banco Mundial, Finance for Growth: Policy Choices In A Volatile World, “acertar en las grandes decisiones de política financiera se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo en el nuevo siglo”. En Nicaragua, donde nuestra capacidad de asombro ha de ser constantemente actualizada, el desafío de acertar en la política financiera se ve agravado con el desafío que supone la implementación del populismo en un año preelectoral.

La demanda actual del conocido grupo de los “No pago”, con relación a que el Estado cubra deudas –aproximadamente 16 millones de dólares- de este grupo de ciudadanos particulares, no tiene sino un trasfondo populista, político y chantajista, por tanto carece de una justificación socioeconómico racional. Sin embargo, en este punto pueden converger -como supuestas justificantes-, una serie de preocupantes percepciones para el futuro de las finanzas públicas en Nicaragua, y para el futuro mismo del Estado y de los ciudadanos, siendo inevitable la comparación con otra medida recién adoptada por el gobierno, el “bono solidario”.

La existencia de este bono -beneficio socialmente más aceptado-, sin lugar a dudas es un paliativo para las clases asalariadas más desfavorecidas de este país, no necesariamente para las más desfavorecidas de nuestra sociedad, pues está claro que un escalón mas abajo de esta fuerza laboral asalariada, existen otros niveles poblaciones en completa precariedad económica. La relación entre el “bono solidario” y la demanda de los “No pago”, a mi juicio es estrecha, pues el primero reactiva la existencia de un fondo estatal extrapresupuestario para apaciguar las demandas sociales, pero también renueva la visión paternalista del Estado, en cualquier caso, las condiciones de otorgamiento del bono han sido tierra labrada para la demanda de los “No pago”. Esta demanda es especialmente particular, y está lejos de sugerir una propuesta al serio problema de crédito en Nicaragua, pues claramente presenta una visión destructiva de las responsabilidades y funciones del Estado de Nicaragua.

Pero, ¿tiene justificación esta demanda? Para poner en perspectiva esta situación, es importante recordar que en marzo del presente año la Asamblea Nacional aprobó la ley 716 o “Ley especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantías para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora” mejor conocida como ley moratoria. De los aspectos a destacar por esta normativa, es que señala un periodo de 120 días para la renegociación de los adeudos, periodo que ni siquiera se había vencido, cuando ya presentan una nueva demanda.

La referida ley también señala un plazo para el pago de los adeudos -4 años para adeudos hasta 10 mil dólares y 5 años para adeudos superiores- a los que se les suma un periodo de gracia de seis meses, lo que significa que quien renegoció debería de dormir tranquilo durante prácticamente lo que resta del año en curso. La ley 716 también mandata que se dispense totalmente el interés moratorio acumulado, los gastos legales y de cobranza, así como cualquier otro cargo derivado del crédito inicial. En el caso de existir pago anticipado del adeudo, la referida norma jurídica también indica que deberá reducirse un 30 % de los interés corrientes, esto último, sumado a las dispensas ya señaladas y a la suspensión temporal de los juicios en contra de los deudores. ¿No era esto suficiente?

Esta oportunista visión del Estado que manifiestan los “No pago”, condena la innovación de las futuras generaciones, y resulta tan fuera de lugar hasta en el mismo socialismo cubano. El gobierno cubano recientemente ha reconocido la necesidad de fomentar el trabajo por cuenta propia, buscando la supresión del enfoque paternalista del Estado, y aunque este hecho no signifique un cambio de visión socialista del Estado, persigue –a como señalo el propio presidente cubano- que Cuba ya no sea vista como un lugar en el que se puede vivir sin trabajar.

Debe recordarse que la nueva política cubana ya fue implementada en Nicaragua, persiguiendo el mismo objetivo que hoy busca el gobierno cubano, la reducción del aparato estatal. Esta medida trajo consigo importantes repercusiones en la dinámica económica de Nicaragua.

La demanda de los “No pago” se ubica totalmente en sentido contrario a los avances que de una u otra manera se han presentado en el comportamiento del Estado nicaragüense. Ante tal situación, el gobierno debe mantener una posición firme de no acceder a tan descabellada petición, y los demás poderes del Estado han de estar en la misma sintonía.

Sin embargo, está por verse “a quién le tiembla el pulso”. Vale destacar que la aprobación de la Ley 716 –que tanto perjuicio ha traído en el otorgamiento de crédito productivo-, contó con el voto favorable de más de 80 diputados, pero también cabe señalar que en ese momento el Presidente de la Republica omitió pronunciarse al respecto, sea a favor o en contra, dejando vencer el tiempo para que fuese la Asamblea Nacional quien
mandara a publicar la ley sin la firma presidencial.

La responsabilidad del Estado está en garantizar la disponibilidad de servicios financieros, sin comprometer a las futuras generaciones que terminarían pagando esta deuda de particulares, y sin producir un innecesario incremento en el riesgo de inversión como país.

Una última reflexión, el movimiento de los “No pago” realiza su demanda en un contexto de compatibilidad política con el gobierno de turno, y no quisiera imaginar el contenido de la demanda contra un gobierno de posición política contraria. Aprobar la demanda de este grupo tendrá serias repercusiones culturales, sociales y económicas más allá de la gestión del gobierno actual.


*Docente.

Facultad de Ciencias económicas.

UNAN LEON.

bmendezrojas@hotmail.com