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No se requiere ser instruido(a) para comprender que la corrupción es una lacra de la sociedad y la economía de cualquier país. Es decir, la corrupción impide el desarrollo socio-económico e incrementa la pobreza. Por ende, a mayor corrupción mayor inequidad, desigualdad e injusticia, lo que desemboca en mayor pobreza y pobreza extrema.

Todo ello se deriva de políticas socioeconómicas mal enfocadas, y por ende mal encauzadas, ya que no contemplan apego a alguna norma ética profesional que regule las actividades que se realizan en el marco de una profesión, un código de ética que fije normas que regulen el comportamiento de las personas dentro de una empresa o institución, lo que supone una normativa interna de la empresa (indistintamente que ésta sea pública o privada) de cumplimiento obligatorio para todos los empleados, es decir, la aplicación de lo que ahora se conoce como la deontología profesional.

El desarrollo socioeconómico está estrechamente ligado al desarrollo humano, porque el ser humano es el objetivo real del desarrollo socioeconómico. Por consiguiente, el fin del desarrollo es el hombre. No hay que confundir el medio con el fin, que suele suceder cuando la corrupción tiene lugar.

Las decisiones equivocadas de los gobiernos de turno, que no saben o no quieren darle continuidad a programas de desarrollo financiados por los organismos internacionales (BID, BM, BCD, UE, etc.) complementados con fondos propios del presupuesto de la República como contrapartida, coartan este desarrollo por efectos de la corrupción.

Esta corrupción que se suscita en las empresas, es sin duda un problema político, y que, por tanto, afecta a la clase política, que por lo común está desprovista del apasionamiento por la objetividad, la serenidad y la prudencia que se necesitan para afrontar este tema con un mínimo de garantías al derecho intelectual, en razón a su inevitable dependencia de las urnas electorales.

Pero no sólo concierne a los políticos, ya que afecta a la sociedad en su conjunto, y está llamado a tener un especial significado en los procesos de aplicación del Derecho como tal.

La deseable moralización de la vida socioeconómica plantea, desde el punto de vista político-jurídico, numerosos y muy delicados problemas que se resolverían revisando a fondo las instituciones jurídicas, y dando entrada, dentro del mundo del Derecho, a determinadas concepciones éticas compartidas por la sociedad civil y por el reconocimiento de las dependencias públicas de ciertos procedimientos de ejecución propios de la clase empresarial, que sería una forma de regulación del buen ordenamiento normativo, que adoptaría la apariencia de un código de conducta profesional, o más bien, de un código de ética profesional propiamente dicho.

Desde hace años existe un proceso de convergencia entre las normas éticas y las normas jurídicas o legales como instrumentos de ordenación y gobierno en el mundo empresarial. Ello suscita en el ámbito de la sociología jurídica importantes cuestiones teóricas que confluyen a la exigencia o no exigencia de una mayor legalización de la vida socioeconómica de nuestros días, y en particular, a la necesidad o conveniencia de establecer nuevos sistemas e instrumentos de control sobre el funcionamiento del mercado. La existencia de tales controles se justificaría no sólo por razón de la tutela individual de los operadores económicos (empresas e instituciones) especialmente de los ahorradores e inversionistas, sino por razón de la tutela institucional del mismo mercado.

La simple enumeración de algunos de los muchos excesos de nuestro sistema socio-político-económico, como la que acabamos de exponer, nos pone en alerta de los peligros que conlleva este tipo de prácticas, y nos sitúa a todos, a la sociedad civil, jueces y juristas, ante una exigencia del desarrollo del Derecho, el surgimiento de una segunda legislación que tenga por objetivo someterlos a control y censura. Esto carecería de significado sin la firme y férrea voluntad de los operadores económicos de instituir tal legislación con el apoyo decidido del poder legislativo.

De esta forma, lejos de producirse una disminución del nivel ético de la vida económico-social, tendría lugar una elevación de su tono moral, ya que por este cauce se restringiría, y quizá hasta se eliminaría la denominada “moral riesgosa”, es decir, la tendencia a un comportamiento moral menos cauteloso por parte de aquellos sujetos jurídicos cuya responsabilidad es fácilmente obviada y diluida por medios legales “indirectos”, que tanto se han puesto de moda en nuestro ámbito judicial.