Jorge Eduardo Arellano
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Los programas “Hambre 0” y “Usura 0” pueden ser estrategias viables para favorecer el desarrollo de los sectores más vulnerables de la economía nicaragüense. Sin embargo, la escasa información que se dispone de dichos programas hace previsible que su financiamiento, su inserción institucional y su puesta en marcha sea una ventana abierta a la no transparencia en su ejecución.

En general, la población conoce que el Programa Productivo Alimentario o “Hambre 0” está dirigido a fortalecer las capacidades productivas de las familias campesinas empobrecidas. Está diseñado para tener una duración de cinco años, con un monto de 150 millones de dólares para beneficiar a unas 75,000 familias. Se sabe también que el Programa de Micro Crédito, Usura 0, está destinado a proporcionar crédito a pequeños negocios propiedad de mujeres en zonas urbanas, además de capacitarlas para elaborar planes de negocios de inversión y mejorar la administración de sus negocios.

Quienes por el trabajo que realizamos, monitoreamos situaciones vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y hemos revisado los montos que se les ha asignado a estos programas en el Proyecto de Presupuesto 2008, sabemos que “Hambre 0” tendría asignado para este año alrededor de 400 millones de córdobas. El bono productivo, que es fundamentalmente una cooperación en especie para las familias campesinas que representa el 66% del monto asignado al programa. El resto sería asignado para servicios de apoyo al programa y sus gastos administrativos. Para este año se ha planificado atender mediante esta iniciativa a unas 12, 500 familias quienes recibirían el mencionado bono productivo. Esto implicaría que al final del año cada familia habría recibido un bono valorado en aproximadamente 19,405.44 córdobas. Poco más de mil dólares por familia.

El Programa Usura 0 prevería también para este año 2008 incorporar a 4,823 socias al programa e impartir capacitaciones a unas 27,200 socias que se les haya aprobado el crédito. La información disponible no nos deja claro si este programa ya habría beneficiado a unas 23,000 personas que completaría el universo previsto a capacitar. Para esto, Usura 0, según el Proyecto de presupuesto 2008, dispondría de casi 97 millones de córdobas. De este monto, poco más de 88 millones tendría como principales fuentes de financiamiento las rentas del tesoro por alivio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP (49, 661,000) y 398 millones de córdobas provendrían de un financiamiento externo curiosamente no especificado en el Proyecto de PGR 2008. En el caso de Hambre 0, el Fondo Internacional de Desarrollo (FIDA) financiaría algo más de 52 millones de córdobas y más de 44 millones están en gestión con un organismo, tampoco especificado en el Presupuesto General de la República. El resto de los fondos para este programa de asistencia a las familias campesinas pobres se obtendrían de las rentas del tesoro mediante un alivio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según se indica en el PGR 2008.

Lo que llama la atención de todas las cifras y cantidades referidas arriba es que siendo el Presupuesto General de la República una herramienta fundamental de cuantificación de las políticas públicas, así como un instrumento clave para el fomento de la transparencia y la racionalización de los recursos públicos, ambos programas son abundantes en ofrecer información difusa, insuficiente y poco clara. Es un hecho que Hambre 0 y Usura 0 no tendrán el debido control en su financiamiento y en su ejecución por parte del Legislativo o de cualquier otra instancia de la rendición de cuentas en el sector público.

A esta situación de presupuestar programas sin financiamiento asegurado en el PGR – por lo demás ilegal de acuerdo a la ley 550- y de una información débil en justificar cómo se usarían esos fondos se suma el asunto de la incertidumbre institucional de dichos programas. Por ejemplo, la inserción institucional del Programa “Usura 0” es bastante incierta. Se sabe que durante 2007 ha funcionado desde el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) pero no hay certeza de cuál sería para el año 2008 su entidad rectora. Se conoce que podría ser administrado por el Banco de Fomento a la Producción (Banfopro), previsto a iniciar funciones este año. Sin embargo, la forma en que funcionaría este banco ha merecido cuestionamientos, particularmente por lo que sería la composición de su junta directiva. En esencia, sería una junta controlada por agentes e instancias supeditadas al gobierno, y esta situación --en un contexto perenne de transparencia incierta en el sector público-- podría favorecer situaciones indebidas en el uso de los fondos de este banco. Situación ya recurrente en el sistema financiero nicaragüense.

En relación a “Hambre 0”, la principal preocupación sobre la forma en que se institucionaliza este programa tiene que ver con alguna evidencia que demuestra que el funcionamiento de esta iniciativa está fundamentalmente basada en la estructura partidaria de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). El riesgo de esta situación es que se propicien relaciones clientelistas para beneficiar el fortalecimiento de las estructuras del partido en el gobierno. Esto implicaría dos situaciones concretas que no benefician en nada al sector público. Primero, que “Hambre 0” pudiera ser más una plataforma de acción partidaria que una estrategia de desarrollo nacional para los sectores empobrecidos del campo, y segundo que las relaciones clientelistas que engendraría este programa institucionalizaría patrones de no transparencia y no rendición de cuentas en toda la burocracia vinculada a este programa.

Sabemos que la esencia de “Hambre 0” nace de la exitosa experiencia desarrollada por la organización no gubernamental “Cipres” en diversas comunidades del país. Pero sabemos también que el éxito de esta iniciativa tuvo que ver con la democratización del acceso a la información, la transparencia de sus reglas y la inclusión universal lograda por ese programa. Refundar esos principios en “Hambre 0” y “Usura 0” sería una oportunidad de desarrollo sorprendente para los pobres del campo y de los sectores urbanos. De lo contrario, si se mantienen los patrones de poca transparencia se negaría a la población más vulnerable de nuestro país beneficios importantes en la reducción de la pobreza.

(*) Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.