•  |
  •  |
  • END

El reconocimiento del Derecho Humano al Agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas está próximo a concretarse. Se trata de una de las propuestas centrales de los pueblos indígenas y sus organizaciones, guardianes milenarios del agua, concebida como fuente de vida.

“Este reconocimiento es el resultado de un largo proceso desarrollado por las propias organizaciones indígenas a lo largo y ancho de América Latina. “Los pueblos indígenas originarios somos los que desde siempre protegemos los ojos de agua de la contaminación. Y proponemos racionalizar su distribución y consumo”, afirmó Manuel Quispe, dirigente indígena ecuatoriano.

El agua como derecho humano es ahora una bandera de lucha global, porque la globalización considera el agua como un recurso y fomenta no solo su privatización, para concentrarla en pocas manos, sino su uso indiscriminado por las industrias extractivas, como la minería y el petróleo, que contaminan irreversiblemente las fuentes de agua.

Hay que estar conscientes de que el agua es un elemento vital, no solo para nuestras poblaciones sino también para toda la naturaleza y toda la humanidad. Para el sector financiero internacional, en cambio, es un recurso estratégico para el control de poblaciones y de aprovechamiento en términos de mercado.

Entre las propuestas presentadas a la ONU se destacan que el agua es patrimonio común, por tanto, todo plan de acción debe orientarse a protegerla y conservarla, garantizando su disponibilidad con equidad para asegurar la existencia de todos los seres vivos del planeta.

Para ello se debe asegurar y proteger los sistemas hídricos, tanto en su entorno geográfico como en su ciclo natural, consensuando acciones y mecanismos que mantengan la integralidad de los ecosistemas, especies animales, vegetales y la vida de las comunidades con dignidad, y recreando su identidad cultural. El agua es patrimonio de la tierra y de toda forma de vida animal, vegetal y humana.

En este sentido, el agua como dominio público implica un marco constitucional que garantice el control de la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, se deben formular mecanismos equitativos de uso que respondan a las necesidades de la naturaleza y de las comunidades humanas, priorizando los derechos de subsistencia, soberanía alimentaria y desarrollo local.

Debemos tomar conciencia de que el agua es un bien común y no una mercancía. El acaparamiento del agua por los sectores más dinámicos de la economía -minero, industrial, agrícola empresarial, exportador y otros- va en desmedro de la gran mayoría de usuarios y de la propia naturaleza.

Por tanto, ninguna empresa, nacional o transnacional, o persona particular, tiene el derecho de apropiarse del dominio del agua o acaparar su uso para fines de lucro privado en perjuicio del resto de la colectividad. Por ser el agua un bien de dominio público, es un recurso vital que no puede ser tratado como mercancía, ser reducido a un valor comercial y estar sometido a las leyes del mercado.

Se trata de revalorizar los saberes, tecnologías y cosmovisión de los pueblos originarios, así como sus sistemas tecnológicos y sociales de gestión del agua, partiendo del principio de convivencia armónica con la Madre Tierra que se sustentan en la propiedad colectiva del agua.

Los sistemas tradicionales de manejo del agua, desarrollados y validados a lo largo de cientos de años, hoy en día marginados, son probadas alternativas para la sostenibilidad de los recursos hídricos. Por ello deben ser mejor comprendidos, valorados, recuperados y difundidos como tecnologías para la sustentabilidad del desarrollo.

Asimismo la gestión del recurso agua debe basarse en un concepto de integralidad, a partir de una concepción territorial de cuenca, de usos compatibles y sustentabilidad del recurso, estableciendo mecanismos participativos que permitan garantizar su conservación y el acceso equitativo. Los proyectos de gestión sustentable requieren de información pública sobre el estado actual y la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas, información hoy en día casi inexistente, poco sistematizada y de difícil o costoso acceso.

La propuesta de los pueblos indígenas también hace referencia a las normas legislativas y gestión del agua, las que deben garantizar su disponibilidad en términos de volumen y de calidad, para asegurar la sustentabilidad y necesidades de los ecosistemas y de las comunidades humanas.

Finalmente, que los sistemas de gobernabilidad, tanto a nivel de cuenca como nacionales, deben basarse en las autoridades hídricas locales ya existentes, en el caso de Nicaragua, los Comités de Agua Potable y Saneamiento –CAPS-, las comunidades indígenas, campesinas, asociaciones de regantes y demás usuarios del agua. Los gobiernos deben respetar y valorar la gestión y el derecho originario comunal e integral de las comunidades indígenas y campesinas, debiendo éstos ser reconocidos como patrimonio de la humanidad.