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La sociedad nicaragüense ha sufrido, en sus últimos veinte años profundos cambios en cuestión de estado de derecho formal y material. La revolución de los años ochenta permitió un sistema de organización social participativo propicio para ejercer el poder desde abajo por la perdida de las elecciones en el 90. Ante la desaparición de la figura totalitaria, el pueblo comenzó a usar el sistema y los mecanismos de organización para exigir normas de convivencia bajo estado de derecho, un concepto nuevo que no resonaba en el somocismo, ni en los ochenta. Por lo que el estado de derecho encuentra sustento en esa lucha por la dignidad humana; de tal forma que el poder del estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el mandato constitucional de 1987 y es eficaz cuando se aplica en la realidad con las reformas constitucionales posteriores, con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. La transparencia, proyección, planificación, organización y participación están implícitas en él. Esto conlleva a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención, solución efectiva, eficiente, pacífica de los conflictos; y nos ayuda al desarrollo sostenible y a la paz social. Como ciudadanos desearíamos que el derecho sea el principal instrumento del gobierno, para sentirnos todos iguales ante la ley. Y no que unos ciudadanos vapuleen o maltraten a otros aparados en regimenes políticos transitorios e insubordinados a la ley. Que la conducta de todo el pueblo sea orientada o guiada por la ley, la cual debe ser aplicada por tribunales apolíticos, asectarios, sin sesgo racial y respetuoso de la misma.

En los gobiernos municipales es donde se ve de manera más transparente la violación de los derechos elementales de los ciudadanos. Las leyes que rigen a las municipalidades y que en ellas superábamos a los otros países centroamericanos en lo que era la participación local de la ciudadanía, pero hoy por decreto se han suplantado la Ley de Participación Ciudadana y la ley de municipios y sus comités de desarrollo municipal (CDM). Pero lo extraño es que hace cuatro años eran revolucionarios y siendo los mismos, ahora son neoliberales y de derecha.

Se ha comprobado que una relación de la población desde su gobierno local fuera de todo partido político y de una gestión sectaria, administrando los pocos recursos para toda la población ha alcanzado resultados sensiblemente positivos. Esta subordinación de las alcaldías a las políticas del gobierno central pasa ahora por los secretarios del partido, los cuales no fueron elegidos por voto popular y tristemente el estado de derecho de los ciudadanos se ve eclipsado y remontado a los años 70 donde el alcalde era puesto por el dedo. Y los grandes logros que el pueblo había alcanzado por las políticas de emprendimiento del FSLN en administración municipal han sido desmontados a la vista y regocijos de los otros partidos políticos que nunca les intereso el desarrollo de los gobiernos locales.

El término “Estado de Derecho” tiene su origen en la doctrina alemana Rechtsstaat. El primero que lo utilizó como tal fue Robert von Mohl en su libro La ciencia de policía alemana en conformidad con los principios de los Estados de derecho. En la tradición anglosajona, el término más equivalente en términos conceptuales es el Rule of law.


Requisitos
1. Deben crearse diferentes órganos de poder del Estado y cada uno de ellos debe asumir una de las funciones de gobierno.

2. Esos órganos de poder del Estado deben actuar autónomamente. Sus dictámenes o decisiones no pueden ser invalidadas, modificadas o anuladas por otro órgano.

3. Debe estar establecida la forma en que se nombran los titulares del respectivo órgano, y las solemnidades y procedimientos para poner término a sus cargos.

4. El poder debe estar institucionalizado y no personalizado, vale decir, recaer en instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas, las cuales tienen temporalmente el poder en sus manos mientras revisten su cargo.

5. Tal vez el requisito más importante tiene que ver con que tanto las normas jurídicas del respectivo Estado como las actuaciones de sus autoridades cuando aplican dichas normas jurídicas, deben respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas y de los cuerpos intermedios que constituyen la trama de la sociedad.

Para estar en presencia de un verdadero y auténtico Estado de derecho, no basta con que exista una autoridad pública sometida al derecho. El ordenamiento jurídico del respectivo Estado debe reunir una serie de características que dan origen a un estado de derecho real o material. El concepto de estado de Derecho se explica por dos nociones: El Estado de Derecho en sentido formal y el Estado de Derecho en sentido material.

El Estado de Derecho en sentido formal

Un estado de derecho es donde la ley es el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. La transparencia, predecibilidad y generalidad están implícitas en él. Esto conlleva a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos; y nos ayuda al desarrollo sostenible y a la paz social. Para un Estado de Derecho efectivo es necesario:

T Que el derecho sea el principal instrumento de gobierno.

T Que la ley sea capaz de guiar la conducta humana.

T Que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente.

El Estado de Derecho en sentido material

El vínculo a la observación de las leyes sería inútil e ineficaz si no se pudiera garantizar que las leyes que ellos mismos son los garantes de los derechos fundamentales. Por lo tanto, los elementos formales del Estado de Derecho se han desarrollado y ampliado por parte de elementos materiales del Estado, en particular mediante la adopción de normas que protegen los derechos fundamentales.

El Estado constitucional de Derecho

Según algunos autores, la presencia de una Constitución rígida y del control de legitimidad constitucional daría lugar a una legitimidad constitucional del Estado de Derecho en lo que se describió como Estado constitucional de Derecho.

El surgimiento del Estado de Derecho coincide con el final del absolutismo e implica la imposición de la burguesía entre el siglo XVIII y siglo XIX, que a partir del poder económico alcanzado impusieron reclamos políticos y determinaron una transformación radical en la sociedad y el concepto de Estado.

En teoría, la proclamación del Estado de Derecho surge como oposición explícita al Estado absolutista. En esta última forma de Estado, los titulares del poder eran «absolutos», o sea que se liberaban de cualquier poder superior a ellos. Actualmente, de hecho, en gran parte de los Estados del mundo los derechos civiles y políticos están garantizados a todos los individuos sin distinción, gracias a la evolución histórica y política que, a partir del Estado absolutista, ha aportado al surgimiento de lo que se conoce como Estado de Derecho.

Podemos reconocer un ejemplo precursor del Estado de derecho en la constitución inglesa del siglo XVII. La Revolución Gloriosa, combatida contra el absolutismo de la dinastía Stuart conduce a una serie de documentos (el Bill of Rights, el hábeas corpus, el Acta de Establecimiento), que demuestra la inviolabilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la subordinación del rey al parlamento (que es representante del pueblo).

La proclamación consciente y presente del Estado de Derecho se logra a través de las dos grandes revoluciones del siglo XVIII: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución francesa.

Las críticas que se dirigen en general al Estado de derecho por la mayoría de la historiografía jurídica, a partir de diversas franjas ideológicas (socialistas, doctrina social de la Iglesia, por ejemplo) y las partes de la masa surgidas a fines del ochocientos y principios del novecientos es aquella de haber reconocido sólo en abstracto los derechos humanos fundamentales, sin tratar la actuación concreta de tales derechos. Por lo tanto, se ha realizado en todos los Estados liberales de facto una situación que de hecho contrastaba con las proclamaciones de derecho prevista por los textos constitucionales vigentes. Estas deficiencias se subsanan con la introducción de los principios del Estado del bienestar y la democracia; concretándose en el llamado Estado social y democrático de Derecho.