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A raíz de los graves sucesos ocurridos en Ecuador la semana pasada, el presidente Daniel Ortega denunció la existencia de una conspiración para promover un Golpe de Estado contra su gobierno.

La denuncia generó un inmediato desmentido de la embajada de Estados Unidos en Managua y de parte de voceros de la Conferencia Episcopal, pero sería pertinente que Ortega presente pruebas para fundamentar su denuncia. Sólo así sabremos si hay algo de verdad, o si trata de otra campaña para fabricar enemigos artificiales y mantener movilizadas sus bases.

Hasta ahora el único Golpe documentado sobre el que existen abundantes pruebas es el que ha promovido el propio Presidente de la República contra la institucionalidad democrática de nuestro país.

Evidentemente no se trata de un golpe militar como el que ocurrió en Honduras; pero es un Golpe orquestado “desde arriba”, igualmente grave por sus consecuencias. ¿Acaso no socava la democracia perpetrar un fraude electoral y corromper las reglas de la competencia política?

¿Representa o no una actitud golpista destituir ilegalmente a los alcaldes electos y mantener en sus cargos a magistrados a quienes ya se les venció su período?

¿Equivale o no a un Golpe reformar la Constitución por las vías de hecho, sólo para facilitar la candidatura de Ortega a la reelección presidencial?

De manera que cuando el Presidente denuncia supuestas amenazas de Golpe sin aportar pruebas, precisamente en el mismo instante en que está ejecutando un Golpe calculado contra la Constitución, significa que ya se han perdido todos los límites del pudor y lo único que queda del discurso oficial es el cinismo político puro y duro.

Tal vez esto no sea tan grave para la OEA porque no hay muertos ni tropas en las calles, pero los nicaragüenses no deberíamos acostumbrarnos a tolerar un acto de fuerza que, aunque sea de forma paulatina, ha ido demoliendo lo que quedaba del estado de derecho.

Es preocupante la actitud de apatía con que reacciona un sector importante de la ciudadanía ante un atropello de esta magnitud. Unos alegan que el golpismo de Ortega no afecta su vida cotidiana ni su capacidad para hacer negocios y hasta sacar jugosas ventajas al amparo del gobierno. Otros justifican su inacción y resignación aludiendo al descrédito de la oposición y la profunda crisis de credibilidad por la que atraviesa el liderazgo opositor. Y la gran mayoría están dedicados a resolver su sobrevivencia económica cotidiana y se debaten entre la miseria, la falta de empleo y la dolorosa alternativa de emigrar al exterior. Para ellos la protesta no representa, por el momento, una opción.

Pero si los que tienen resueltas sus necesidades socioeconómicas básicas no reaccionan ahora, mañana todos pagaremos los platos rotos. Y los mayores perdedores serán, lógicamente, los que más tienen que perder: comerciantes, profesionales, productores y empresarios, porque el autoritarismo no garantiza un clima de negocios sostenible, en medio de la inestabilidad política.

Tampoco resolverá el flagelo de la pobreza, porque carece de la capacidad para ofrecer soluciones duraderas. Y cuando el barco del populismo empiece a naufragar en medio de la crisis de legitimidad política, --con o sin la reelección de Ortega-- también el ejército y la policía terminarán sometidos al designio autoritario del Presidente. El peor desenlace es la restricción del clima de libertades públicas que afectará indistintamente a toda la juventud, a los jóvenes opositores y a los seguidores del FSLN.

Al margen de los incondicionales que apoyan a Ortega, entre sus partidarios hay un sector que apoya a este gobierno porque lo considera una alternativa de cambio social, ante el vacío que dejaron los gobiernos anteriores. Pero un proyecto de izquierda sólo puede echar raíces si es genuinamente democrático. El orteguismo, en cambio, ni es de izquierda ni es democrático, y ha sembrado la semilla de su propia autodestrucción al someterse al caudillismo mesiánico de Daniel Ortega y su familia. El colmo del cinismo es que para justificar la reelección del Presidente se alega campantemente que la “constitución es inconstitucional”, porque supuestamente viola los derechos humanos de Ortega.

Al imponerse la reelección violando todas las normas constitucionales que regulan esta materia, estamos ante el reconocimiento del fracaso de un modelo político. Es la última advertencia para los que quieran escuchar, porque lo que viene después será una salida nacional mucho más costosa y dolorosa, en términos económicos, sociales y humanos. El que se aferra al poder a la fuerza, jamás aceptará dejarlo por las buenas. Toda comparación con el fenómeno del somocismo, no es pura coincidencia. Pareciera que vivimos obcecados en negarnos a aprender de los fracasos y las lecciones anteriores de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué esperar hasta el desenlace final de esta crisis anunciada, si podemos empezar el cambio ahora?