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Es importante que el pueblo nicaragüense esté plenamente consciente sobre cuál es la causa principal de la profunda crisis institucional que estamos viviendo.

La ciudadanía contempla como la institucionalidad y el Estado de Derecho vienen siendo demolidos, situándonos en la vergonzosa situación de un país donde no se respetan ni la Constitución Política ni las leyes. Esto afecta seriamente la gobernabilidad democrática, la cooperación internacional, la economía del país, el llamado clima de negocios y las posibilidades de que se incrementen la inversión nacional y extranjera, con su consecuente disminución de las posibilidades de combatir seriamente la pobreza mediante la generación de empleos productivos.

La crisis ha sido provocada por una serie de violaciones a la Constitución de la República y las leyes, todas las cuales persiguen un único objetivo: permitir la reelección del actual Presidente de la República, pese que la Constitución se lo prohíbe terminantemente cuando en su Artículo 147 establece que: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”. Este es precisamente el caso del actual presidente.

Al fracasar, el Presidente Ortega, por ahora, en su propósito de obtener, por cualquier medio, los 56 votos en la Asamblea Nacional indispensables para lograr una reforma parcial de la Constitución que le permita aspirar a un tercer mandato, se ha dedicado, con la complicidad de sus servidores en la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Supremo Electoral, a promover una serie de medidas ilegales que le permitan remover el obstáculo constitucional para presentarse como candidato en las elecciones de noviembre del 2011.

Primero fue la resolución dictada el 19 de octubre de 2009 por los seis magistrados orteguistas de la Sala Constitucional de la CSJ, ilegalmente constituidos, cuando declararon, sin tener potestad para ello, la inaplicabilidad del Art. 147 para el Presidente Ortega y un cierto número de Alcaldes y Vicealcaldes; le siguió el “decretazo” del 9 de enero del presente año, en virtud del cual el propio Presidente Ortega, invadiendo la competencia de la Asamblea Nacional, decidió prorrogar en sus cargos a todas las autoridades de los Poderes e instituciones del Estado que se les venza el período hasta que la Asamblea Nacional nombre a los nuevos funcionarios o ratifique a los actuales. Luego vino la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, constituida por ex magistrados y conjueces ilegalmente incorporados, dictada el 28 de septiembre pasado, en virtud de la cual se declaró vigente el “decretazo presidencial” y se resucitó la fracción segunda del artículo transitorio 201 de la Constitución de 1987, que dejó de existir hace veinte años. Finalmente, el día 29 de septiembre, esa misma Corte Plena espuria ratificó, “erga omnes”, la “inconstitucionalidad” de la prohibición de la reelección de los presidentes y los alcaldes y vicealcaldes, esta vez inaplicable para todos los ciudadanos y ciudadanas, haciendo la salvedad que los alcaldes y vice alcaldes solo podrán ser reelectos por un período y no lo podrá ser para el período siguiente.

Ante semejante crisis institucional, una docena de partidos políticos y organismos de la sociedad civil dirigieron, el día 29 del mes pasado, un emplazamiento público al Presidente Daniel Ortega, a fin de encontrar, de manera conjunta, soluciones a esa grave crisis, provocada por su propósito reeleccionista y continuista.

El emplazamiento se centra en la necesidad de asegurar el respeto a la Constitución y las leyes de la república y las condiciones imprescindibles para que los nicaragüenses tengamos elecciones libres y honestas en el año 2011.

Los suscribientes del emplazamiento esperan al Presidente Ortega el día 13 de octubre en el Salón de Conferencias del Hotel Crown Plaza para dar principio a la búsqueda de una solución cívica y pacífica a la crisis institucional que padecemos, crisis que ha sido creada por su obstinación reeleccionista.