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“El poder real es económico, entonces no tiene sentido hablar de democracia”

José Saramago (1922-2010)

El Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 “Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad” (Irdhalc; PNUD, julio 2010), evidencia lo que se sabía y venía diciendo a través de distintas fuentes y comprobaciones: “Latinoamérica es la región más desigual del mundo… la desigualdad es una de las principales características que definen la historia de América Latina y el Caribe”, es un “círculo vicioso difícil de romper”, siendo “muy alta y persistente” y acompañada de “baja movilidad social” que lleva a la región hacia la “trampa de la desigualdad”.

Desde la desigualdad con “enfoque de capacidades” del Informe, no basta garantizar el acceso a determinado bien o servicio, es preciso que se cumplan otras condiciones: que el individuo pueda transformar el acceso a ese bien concreto en todos aquellos “funcionamientos” que ampliarán su espacio de libertad efectiva, que disponga de las “capacidades” de elegir entre opciones consideradas valiosas. Además del acceso a bienes y servicios, están sus características, atributos, calidad y la función de transformación (funcionamientos). La desigualdad en sus dos aspectos: acceso a bienes y servicios e igualdad de capacidades, es lo que hace que la iniquidad sea persistente y se transmita en América Latina de generación en generación.

Lamentablemente no existe “equidad” en nuestro mundo real; hay distintos niveles de desigualdad, desde los más extremos (según Índice Gini per cápita por hogar del Irdhalc) como en Bolivia (60), Haití, Tailandia y Sudáfrica (59), hasta los menores como en Bielorrusia (24), Eslovenia y Hungría (25), República Eslovaca y República Checa (26), Dinamarca (27), Finlandia, Noruega y Suecia (28). Nicaragua registró 54, siendo ligeramente menos desigual que Guatemala, Panamá y Honduras (55), y más inequitativa que El Salvador (49). Para el período 1970 – 2000, el promedio decenal del Índice Gini de la distribución del ingreso para América Latina y el Caribe fue de 50.5. Cuando el índice se acerca a “1” es mayor la equidad, cuando se aproxima a “100” es más desigual. En Nicaragua, es alentador, según datos oficiales y no oficiales, que la pobreza, -independientemente de las magnitudes-, durante el último quinquenio presenta descenso relativo, ello puede reducir la desigualdad si se conjuga con políticas públicas integrales, sostenibles y consensuadas, que protejan a los sectores vulnerables y no se desgastan las fortalezas nacionales en las confrontaciones políticas.

Si un “no vidente”, por ejemplo, tiene acceso a una escuela secundaria, su “capacidad diferente” limitará la obtención de una educación de igual calidad que el resto, a menos que se creen las condiciones especiales/diferenciadas que le permitan equiparar tales desigualdades. Los ciudadanos tienen derecho a votar para elegir candidatos(as) en cargos públicos, sin embargo quien es analfabeto y vota, está restringido y la calidad de su participación en la elección es reducida. Si un misquito de la costa Caribe de Nicaragua ha sido víctima de un delito grave, llega a una delegación policial para denunciar el hecho, pero no se le habla en su idioma materno, estará en condiciones de atención desigual. Una víctima de robo con intimidación de escasos recursos interpone la denuncia en una delegación policial de Managua pero, según estadísticas oficiales, solamente el 16% de estos casos serán esclarecidos, por lo que el acceso efectivo a la seguridad queda limitado. Si el objeto robado es de poco valor económico (desde la óptica legal-institucional y no del perjudicado) y la víctima no es de reconocida posición política, social o económica, su caso puede recorrer un “dificultoso camino ordinario” y en la mayoría de las ocasiones, servirá para el registro estadístico formal, dadas las limitaciones, prioridades y saturación del sistema policial y penal.

La desigualdad es causa de inseguridad e impunidad y se alimentan mutuamente. Hay un terreno fértil en donde crece con facilidad la inseguridad y la violencia delictiva y social por la exclusión endémica. Es una de las razones por las cuales también América Latina es la región del mundo con mayor tasa de violencia delictiva. La desigualdad socioeconómica genera temores, inconformidad y violencia, afecta la confianza social, deteriora la credibilidad en las instituciones, desvirtúa el sistema democrático y desnaturaliza el fin del Estado que es el “bien común”. Es quizás la raíz del problema de nuestro subcontinente que se ha quedado insuficientemente restringido en el “funcionamiento formal-aparente del sistema democrático comúnmente aceptado” y ha iniciado con gran pompa la celebración del bicentenario de su “independencia” en algunos de los países que lo integran y que no fue más que la “sustitución” del poder político-económico-religioso colonial externo por uno neocolonial criollo-patriarcal que no ha perdido vigencia.

Los promedios nacionales hacen perder de vista las críticas diferencias particulares y locales. Aunque puede existir un riesgo general a ser víctimas de delitos, el riesgo y la percepción de riesgo varía en relación a las condiciones personales, sociales, económicas, educativas, de género, generacionales, étnicas y territoriales. No todas las personas están “igualmente informadas y protegidas”, no son igualmente atendidas, no disponen de la misma capacidad ante la amenaza probable, hay algunas que están en condiciones muy vulnerables, son más frágiles y pueden sufrir mayor daño por la violencia delictiva y la inseguridad, están menos protegidos o preparados para protegerse, ya sea por las “capacidades limitadas” o porque el Estado no acude con prontitud ni eficacia ante su afectación o riesgo. Estas son las expresiones estructurales de la desigualdad en las distintas inseguridades, que en algunos países son extremas y en general en la América Latina, siguen siendo crecientes.


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