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Cualquiera que haya estudiado algo de derecho, algo de fuentes del derecho, sabrá que ley y derecho no son lo mismo. Es deseable que coincidan pero, esencialmente, el derecho se puede decir que es, de forma rápida, la expresión de la justicia, de lo que a cada uno corresponde. Y la ley es, o debería ser, en forma breve, la expresión de la soberanía del pueblo. En las democracias, a todos interesa que, en efecto, la ley sea expresión de la justicia. Sin embargo, ello no es así mecánica y necesariamente pues podría darse el caso, desgraciadamente real a lo largo y ancho de la historia, de leyes injustas. Para ello no tendríamos que recordar las leyes de la época nazi en Alemania o las leyes de los “parlamentos” de los países comunistas, hoy representados por Cuba o China.

La relación entre la ley y el derecho es un tema permanente de la ciencia jurídica. Sin ir más lejos, los administrativistas sabemos bien que cuando la Constitución de 1978 estableció en su artículo 103.1 que la Administración pública está sometida a la ley y al derecho quería diferenciar ambos conceptos.

Hace algún tiempo, el profesor Claudio Magris recibió el doctorado ”Honoris Causa” por la Universidad Complutense de Madrid. En su intervención, sobre poesía y ley, provocadora y estimulante, invita a recorrer el camino de la historia de la poesía desde la perspectiva de las relaciones entre ley y justicia. Para Magris, la ley, que llama derecho codificado, contrarió ya desde muy antiguo la universalidad de los valores humanos a que debía servir. Para el profesor italiano, “a la inicua ley de un Estado promulgada por Creonte que niega sentimientos universales y valores humanos, Antígona contrapone las leyes no escritas de los dioses, los mandamientos y los principios absolutos que ninguna ley puede violentar”. Es el conflicto entre el derecho y la ley. Un conflicto que hoy, quizás por el sopor que produce tanto consumismo y tanta genuflexión ante el poder, ante el dinero y ante la notoriedad, apenas se plantea más allá de un puñado de ciudadanos que todavía creemos en la fuerza del derecho y de la verdad.

Este conflicto es la expresión de la batalla que se juega entre el poder entendido como fuerza bruta, sin controles, que lamina todo lo que se encuentre a su paso, y el derecho como expresión del “iussum quique tribuendi”. Para Magris, mientras que “el inicuo decreto de Creonte es una ley positiva, la pretensión de Antígona se basa en un derecho no codificado, podríamos decir consuetudinario, heredado de la “pietas” y “auctoritas” de la tradición, que se presenta como depositario mismo de lo universal”. En otras palabras, el derecho que resiste a la ley positiva, el derecho que resiste a la tiranía, el derecho que desafía a la injusticia; en fin, el derecho que dignifica la vida humana frente a quienes tratan a las personas como objetos de usar y tirar es uno de los desafíos más ilusionantes que tenemos ante nosotros.

Hoy, en plena crisis de la identidad europea a causa del sorprendente abandono de sus raíces culturales, las reflexiones de un profesor de filología nos alertan sobre el peligro de seguir navegando en un mundo en el que “el derecho se ha liberado de su tradición fundacional, religiosa o cultural, y se apoya sobre la nada, como el arte, la filosofía, como el hombre mismo”. En este contexto, los débiles, los inocentes, los que no tienen quien les defienda: “nasciturus”, “embriones”, “preembriones”, “personas enfermas”…son quienes tienen todas las de perder. Mientras, la ley inicua, como el decreto de Creonte, es utilizada maquiavélicamente para la laminación, la persecución, la dominación o la manipulación. El problema es que hoy no estamos en un ambiente muy propicio para que el discurso de Antígona tenga el eco que debiera. Sin embargo y a pesar de ello, pienso que, de nuevo nos encontramos ante una gran tarea que requiere de compromiso con la libertad y la verdad: decidirse a defender la dignidad del ser humano con todas sus consecuencias. Es probable que el camino sea arduo, pero desde luego vale la pena y siempre, tarde o temprano, termina por llegar a buen puerto.


*Catedrático de derecho administrativo.