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Antecedentes:
Cualquier procedimiento de reforma de una Constitución Política debe concretarse en un acto normativo a través del cual se subsanan lagunas del texto constitucional, o bien, se complementan y derogan determinados preceptos. Dicho acto normativo puede ocurrir haciendo referencia expresa a los preceptos cuyo contenido pretende modificarse, o también, sin alusión ni especificación clara de las materias que con el mismo puedan resultar afectadas.

En el último caso, estaríamos presenciando las denominadas reformas constitucionales tácitas, también conocidas en sectores doctrinales alemanes, como reformas materiales de la Constitución.

Con ese ropaje reformador “tácito” quieren vestir de transitoriedad al párrafo tercero del artículo 201, constitucional, desvistiéndolo de “virtualidad jurídica de aplicación” (Vintró i Castells, Joan, La Prensa, Domingo 26/9/2010), sin referirse siquiera ninguno de los “constitucionalistas” que pontifican mediática o académicamente, a un supuesto jurídico que no tiene cabida en la historia constitucional de Nicaragua, como es la denominada Reforma Constitucional Tácita.

El último y más reciente, un español de Cataluña, Joan Vintró i Castells, Profesor donde los haya que, olvidándose de lo que sabe, emite juicios políticos de valor en un país que no es el suyo, desvirtuando jurídicamente por tanto lo científico de su opinión.

Parafraseando en sentido contrario lo afirmado por Vintró i Castells en cuanto a presuntas virtualidades del párrafo tercero del art. 201 constitucional; habría que señalar de manera expresa, que el profesor catalán ensaya con nuestro texto constitucional una especie de virtualidad política de opinión.

Seguramente lo haga porque en España no ha prosperado la tesis de modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para suprimir la prórroga en el mandato de los magistrados de órganos constitucionales, una vez que su mandato temporal concluye sin que ocurra la elección de quienes han de sucederles. Así llevan ya dos años y diez meses en el reino español sin que nadie señale al régimen político de antidemocrático.

Inexistencia de un pretendido poder constituyente tácito en Nicaragua. Crítica a reformas constitucionales tácitas.

Si existieran en nuestro constitucionalismo vigente, las reformas constitucionales tácitas tendrían igual validez y eficacia que las reformas expresas, mismas donde se determina su alcance en relación a las normas constitucionales existentes.

El mayor problema presentado por las denominadas reformas constitucionales tácitas, por si fuese poco el de su inexistencia en nuestra corta vida constitucional, radica en su inconveniencia y no funcionalidad en el ámbito de la política legislativa constitucional del Estado, amén de que doctrinalmente no se tiene noticia de un apócrifo Poder Constituyente Tácito en el Constitucionalismo.

Citando al constitucionalista también español, profesor Ollero Gómez, a propósito del proceso constituyente, el hecho de que se den reformas “sin derogar o suprimir expresamente los textos reformados, sólo sirve para crear la confusión constitucional”.

Que haya sido una práctica muy común iniciada en el constitucionalismo norteamericano, después generalizada en bastantes países, no significa que la Reforma parcial a nuestra Constitución Política para las elecciones de 1990, publicada en La Gaceta No. 46, del 6 de marzo de 1990, deba interpretarse como un caso concreto de reforma tácita al texto constitucional, particularmente al párrafo tercero del artículo 201.

Partir de la citada reforma constitucional, para encontrar elementos que sustenten una pretendida transitoriedad en el párrafo tercero del art. 201, resulta una vez más y, en el mejor de los casos, un acto de funambulismo político disfrazado de académica opinión a despecho de lo jurídico.

Como es sabido, en Norteamérica, las normas de reforma se presentan como artículos suplementarios (amendments), que, además de no indicar con claridad las disposiciones constitucionales enmendadas, tampoco señalan visiblemente el lugar que sus contenidos ocupan en el conjunto de la arquitectura constitucional.

Similar técnica se desarrolló en proporciones alarmantes en la República de Weimar (Alemania), donde de forma más clara que en ninguna otra parte se manifestaron los inconvenientes y desventajas de las reformas constitucionales tácitas.

Fueron tan numerosas las reformas operadas en la Constitución de Weimar que al no dejar constancia con cada una de ellas de las materias directamente afectadas, se creó como acertadamente destacara Loewenstein, una situación de perplejidad constitucional.

Dicha situación provocó dos consecuencias nefastas: Por un lado, jurídicamente se terminó por no saber qué era lo que estaba en vigor y qué era lo que había sido derogado del texto constitucional original. Por otro, políticamente se propició una desvalorización notable de la Ley fundamental, provocando la pérdida popular de lo que los alemanes llaman sentimiento constitucional.

Para remediar esos evidentes inconvenientes, varios textos constitucionales europeos, por ejemplo, la Constitución holandesa en su art. 203, o la propia Ley Fundamental de Bonn en su art. 79.1, con el fin de garantizar la máxima claridad y seguridad jurídicas ante la normativa fundamental, prohíben la utilización de las reformas constitucionales tácitas.

Cualquier reforma constitucional debe hacer constar de manera expresa los preceptos que se complementan o se modifican en ella.

Si bien nuestra Constitución Política no contiene referencias a las reformas constitucionales tácitas evidenciando su inexistencia, este tema presenta un especial y particular interés en nuestro orden jurídico, donde un doble procedimiento de reforma constitucional existente (Título X, Capítulo III, Art. 191 al 195 Cn.) inicia la creación de normas de rango distinto en la jerarquía de las fuentes.

De manera que la fuerte crítica hecha por Laband en su tiempo a las reformas tácitas, cobra hoy en Nicaragua una nueva actualidad.

Laband sostenía que el más grande peligro de las reformas tácitas, radicaba en la posibilidad que con ellas se creaba de producir la desconstitucionalización de determinadas materias.

Es decir, una vez operada la reforma tácita, incluso quedando el texto constitucional intacto, la nueva normativa surgida con ella lo que hace es abrir el camino para una posterior actuación como si se tratara de una legislación ordinaria.

Así, la materia constitucional sufriría una evidente desconstitucionalización.

Lo anterior es posible en el ámbito de una Constitución flexible como la nuestra, donde los contenidos constitucionales tienen una significación más política que jurídica.

Por todo ello, podría ocurrir en un sistema constitucional como el nicaragüense con normas de rango distinto a las que se aplican procedimientos de revisión diferentes, que reformas producidas con el mecanismo consagrado en el art. 192 Cn. si no explican con claridad los preceptos del texto de la Constitución que se pretenden reformar, pueden afectar a supuestos cuya vía de revisión es la prevista en el art. 193 Cn.

Si bien no estaríamos asistiendo a una desconstitucionalización total, como apreciaría Laband, sí estaríamos admitiendo indirectamente (vía reforma constitucional tácita) el posible traslado de lo protegido en el art.193 (Reforma total) al ámbito de las normas protegidas por el art.192 (Reforma parcial).

Esperemos en aras de la seguridad y la claridad jurídicas que la restitución de derechos constitucionales exige, que nuestros futuros legisladores constituyentes recurran, en los casos que la reforma constitucional sea necesaria, a la revisión expresa y no a la pésima técnica de la llamada reforma constitucional tácita, que no puede sustentarse al no existir ningún poder constituyente tácito.


*Especialista en Derecho Constitucional