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Hay quienes plantean que mejorando la educación, tecnificando el campo y combatiendo más la pobreza extrema, en particular rural, se puede encaminar el desarrollo de Nicaragua hacia la prosperidad. Sin negar el impacto de la educación para el empleo, de las ciencias y la tecnología para la productividad, tanto en el campo como en la ciudad, y sin obviar que la mayor concentración de la miseria está en las zonas rurales, me parece que un enfoque así de limitado es una ilusión peligrosa, pues apunta a remediar síntomas sin curar las causas subyacentes.

Comenzamos con algunas preguntas introductorias: ¿se les paga a los trabajadores agrícolas emigrados a Costa Rica o El Salvador mejores salarios que en Nicaragua porque los agricultores allá tienen más compasión para con ellos? Obviamente no, sino que si no se pagara mejor que en Nicaragua, los nicas no migrarían y los productores de esas naciones estarían en problemas, porque por la recompensa ofrecida les resulta difícil encontrar compatriotas que quieran realizar las mismas faenas, pues tienen otras alternativas mejores en esos países. Esto es así hasta para el diferencial salarial de MacDonalds entre Costa Rica y Nicaragua, donde los precios de los productos y los costos de los insumos son casi idénticos, sin embargo, MacDonalds Costa Rica paga casi el triple de Nicaragua, y de MacDonalds EU, ni hablar.

En la misma línea: ¿se le paga a una cortadora de café más por lata cuando tenga primaria completa que a una trabajadora de Zona Franca más por pieza por tener la normal aprobada, o a una cajera bancaria más salario por tener Licenciatura en Banca y Finanzas? Obviamente tampoco no, pues en todos estos casos lo que define los pagos es la ley de oferta y demanda del mercado laboral. Aconsejado por el FMI se evita cualquier injerencia en ese mercado, fijando incrementos de salarios mínimos que no compensan la inflación combinada con los efectos de la devaluación, y se mantiene otros salarios -como los de las maestras- lo más bajo posible para no crear demanda laboral alternativa. Ante esa situación los sindicatos son inexistentes e inoperantes. Como resultado intencional de esas políticas, los salarios reales del sector privado están bajándose desde 1998, o sea ya por 12 años consecutivos. Los salarios públicos anda en receso desde que asumió el actual gobierno, y ya se comprometió con el FMI a mantener esas políticas, con o sin bono solidario.

Ahora bien, solamente una minoría de la población económicamente activa se encuentra en relaciones laborales estables y formales. La abrumadora mayoría está en la economía informal, donde la única forma de mejorar sus ingresos es que haya precios más altos para los productos y servicios en venta. En el sector informal rige la ley de oferta y demanda tan absolutamente que ni el gobierno ni otros tienen instrumentos para incidir o remediar.

Apartada la población ya mayoritariamente desvinculada del agro y botada al segmento informal en muchos núcleos de municipios aún rurales, los minifundistas del campo no tienen tampoco mayor suerte. Sus ingresos dependen de lo que el próximo nivel en la cadena esté dispuesto a pagarles, restando de esto el pago de principal e intereses muchas veces leoninos de una microfinanciera. Programas como el Bono Productivo solo ampliarán ese universo, marcando a la vez la capitulación y un retroceso en cuanto al verdadero reto de crear otras alternativas productivas fuera de lo informal en los núcleos urbanos.

Dos acontecimientos que se repiten cada año señalan causas: por un lado el alboroto por un incremento en menos que 25 centavos dólar la libra de frijol rojo, por el otro el clamor de los productores para que el Estado les suavice el golpe económico causado por la abundancia de leche en invierno. Las mayorías urbanas no tienen los ingresos para lidiar con un aumento aunque fuera solamente módico de los alimentos básicos, ni mucho menos para darse el lujo de un vaso de leche a diario, aunque fuera solamente para sus niños en edad escolar. Sin embargo, la reducción del ingreso real de las poblaciones urbanas era precisamente el objetivo de las políticas de ajuste estructural ya mencionadas, sorprenderse por los resultados entonces, como algunos economistas- monetaristas, reza con hipocresía.

Al inicio la exportación de frijol a Centroamérica y ahora la importación de frijol de la agricultura industrial en Canadá y los EU, para bajar los precios, muestran además claramente que los minifundistas no tendrán chance alguno para mejorar sus ingresos obteniendo mejores precios -por tanto, se quedarán en la pobreza rozando la miseria, en la cual están ahora- mientras no hay mejor poder adquisitivo de las mayorías urbanas. Tampoco podrán competir con la agricultura industrial por su falta de economía de escala, peor el más probable efecto de una mayor producción constante -como lo mostraron el frijol y la leche en más que una oportunidad en el pasado- será un bajón en los precios, obteniendo ellos los mismos ingresos netos aún por mayor producción.

Las ganancias por exportación hacia mercados con mejor poder adquisitivo se quedarán, como en el presente, en las manos de unos pocos intermediarios, puesto que los productores mismos carecen de niveles de organización y asociación para asumir ellos mismos la exportación. Ese bajísimo nivel -mucho más bajo que en los países de mayor desarrollo, incluyendo muchos países de América Latina- se debe a una secuencia nefasta de primero el paternalismo bajo los Somoza, después el dirigismo en la década de los ochenta, seguida por la fobia del neoliberalismo a arreglos extra-mercados y hoy el clientelismo partidario: todos comparten el horror a compartir poder e ingresos con otros actores económicos bien organizados, aunque aparentemente a ninguno le molestaba arreglarse con unos pocos actores pero de peso.

Con los primeros se tendría que negociar en forma transparente, con los últimos se puede pactar en el Incae a puerta cerrada. Ningún gobierno de Nicaragua ni los pocos actores dominantes por tanto han promovido la asociación económica por medio de cooperativas con fuerte capital propio, tanto de inversión como de trabajo, para no complicarse la vida. Quizás por esta razón cuando lo asumió el Magfor, le quitó cualquier elemento de cooperativismo al diseño original del Programa Hambre Cero.

Aquí entonces la primera propuesta concreta: formación y capitalización de cooperativas en el campo, transfiriéndoles -entre otros- los activos y personal remanentes de Enabás, más los fondos previstos para el Banco Produzcamos, así como partes sustanciales de los técnicos en planilla aún del Magfor, con su respectivo financiamiento. Que sea el sector mismo organizándose que promueva su propio desarrollo, y no solo el Estado ni solo el mercado, puesto que ambos han comprobado de sobra su falta de efectividad hasta su incapacidad total.

Falta analizar aún la necesaria transición de una agricultura de alimentos básicos, en gran medida basada en la destrucción inmisericorde del ambiente, a una agricultura de alimentos de marca así como la urgente transformación de las zonas urbanas, hogar de la mayoría, de una existencia parasitaria a una existencia productiva, transformación sin la cual nunca habrán ni un poder adquisitivo para pagar precios más elevados a los agro- producto.

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