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Golpes, sólo el patrón
Aquí no habrá golpe de Estado” afirmó el pasado jueves el presidente Ortega con fingida indignación y sin el más mínimo rubor al reaccionar ante la insubordinación de los policías ecuatorianos, que su homólogo Rafael Correa denunció como intentona golpista. La rocambolesca trama que lo llevó a abrirse la camisa y golpearse el pecho exigiendo que lo mataran, exhibió ante el mundo su machismo político y su falta de madurez y compostura, independientemente de que resulte inaceptable el amotinamiento de los “trabajadores del revólver”. Ortega, ni corto ni perezoso, empezó a dar de voces ¡Ahí viene el lobo!, Ahí viene el lobo! Y haciéndose la víctima acusó a los curas, los medios de comunicación y a la administración Obama de estar preparando un golpe contra él. Lo insólito es que lo dijo estando rodeado de la plana mayor del Ejército y la Policía, que asistieron impávidos a la cínica diatriba, con lo cual quería demostrar la alianza cívica-militar en la que asienta sus desmanes. El golpe de Estado se define como “una medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro”. De acuerdo con eso, el único golpe de Estado real ha ocurrido en Nicaragua, no en Ecuador. Es el que le ha dado Ortega a la Constitución por medio de una Corte Suprema ilegal que la declara “inconstitucional” para que Ortega se reelija a la brava, usurpando atribuciones de la Asamblea. Como quien dice, aquí los únicos golpes posibles son los que propina el patrón.

Dominación clientelista

Y es que en realidad más que presidente, Ortega es un empresario político, puesto que ante su ineficacia e incompetencia como gobernante, ha recurrido a la privatización de la función pública y ha sustituido las instituciones por una estructura de oferta y demanda y los derechos de los ciudadanos por una relación patrón-cliente, para sostenerse en el “mercado del poder”. Se trata de un esquema de intercambio de favores, puestos y dinero para el control político, por medio del cual el patrón, dueño de una maquinaria política, transforma a los electores en clientes. En el caso del Estado, el patrón crea colaboradores, para lo cual el acceso a cargos públicos se intercambia por lealtad al proyecto del patrón: así se accede a ser magistrado en la corte de justicia, en el consejo electoral, a la dirección de ministerios, hospitales, escuelas y hasta a jefe de “consejo de poder ciudadano” y se desmonta la oposición. Estos colaboradores son indispensables para malversar fondos y formar el mecanismo corrupto de ofrecer bienes públicos (salud, educación, comida, cédulas, etc) de forma discrecional a los ciudadanos. Pero también a la empresa privada, donde se intercambian favores por dinero (asignan la licitación o contratos a cambio de coimas; participación en empresas, resuelven faltas a la ley, etc). Esta plata va a enriquecer al patrón, que destina una parte a los colaboradores del Estado y otra a comprar votos. Los colaboradores en este sistema en realidad no son ni funcionarios públicos, ni autoridades, sino intermediarios personales. Pero como se ve, también el presidente es mal empresario porque solo puede subsistir en base a la competencia desleal y ofertas trucadas.

Ni legalidad, ni legitimidad

Pero que el patrón no las tiene todas consigo, lo demuestra el hecho de que se haya visto obligado a dar un golpe de Estado, no con una tropa militar sino con una tropa de magistrados, puesto que para el neogolpismo de carácter jurídico, Ortega no se puede inspirar en el espíritu de las leyes de Montesquieu ni en la doctrina del contrato social de Rousseau, sino en aquella máxima con la que Don Vito Corleone reconvino a su pendenciero hijo: “un abogado con su maleta puede robar más que cien hombres armados”. Si bien entre los colaboradores del patrón, hay diputados de la oposición comprados, hay un sector que resiste y le niega los votos necesarios para hacer una reforma constitucional que legitime su reelección, lo que lo ha llevado a precipitar su artero golpe por medio de los menjunjes dizque jurídicos hechos por unos patéticos abogados. Siendo la Corte Suprema de Justicia más desprestigiada entre el Río Grande y la Patagonia, su actuación no le otorga la ansiada legalidad (requisito del poder que nace y se ejerce de acuerdo a las leyes) ni mucho menos la indispensable legitimidad, (consenso ciudadano de que el poder es auténtico y de buena ley) que requiere Ortega. Por más que el oficialismo declare como chiste infame que “La CSJ restablece derecho a la reelección para todos los nicaragüenses” como un traje para encubrir las impudicias de Ortega, todo mundo sabe que el rey anda desnudo.

Un Don sin autoridad

Así las cosas, independientemente de que el golpe se imponga y Don Ortega se postule y “gane” en unas elecciones amarradas, sería una figura sin autoridad, habida cuenta que esta nace sólo cuando el poder está acompañado de legitimidad y a la persona se le reconoce la dignidad, capacidad o excelencia, que es lo que le da el derecho a dar órdenes y que estas se cumplan. Dado que “la autoridad supone en quienes se ejerce una actitud de confianza hacia quienes están investidos de ella” según Francois Bourricaud, resulta que Ortega que no goza de la confianza ciudadana, no es creíble como autoridad. El clientelismo, el golpe de Estado contra la Cn, la usurpación de poderes y el continuismo por medios amañados y fraudulentos, no dan como resultado un “poseedor de autoridad”, sino un “poseedor de poder” que no es lo mismo, aunque Ortega considere el poder como condición suficiente de obediencia. Es previsible entonces que sólo podrá ejercer una dominación pura y dura, respaldada en la fuerza y la represión, puesto que no puede esperar obediencia a las buenas. Así es como él va a pasar a completar el resto de la fórmula de Somoza de las tres P: plata, palo y plomo. Habrá que ver quiénes son los que “colaboran” con el patrón en el Ejército y la Policía.