•  |
  •  |
  • END

Dice nuestra Constitución Política que la soberanía reside en el pueblo y este la ejerce a través de instrumentos democráticos siendo, entre ellos, el más importante el ejercicio del voto de los procesos electorales.

De ahí que claramente agregue nuestro texto constitucional, en su Artículo 2, que: “El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación”.

Lo anterior nos pone de manifiesto la enorme importancia que tiene para la ciudadanía que los procesos electorales sean organizados de tal manera que sus resultados sean la fiel expresión de la voluntad soberana del pueblo. Esto implica que el país cuente con una buena ley electoral y un Consejo Supremo Electoral integrado por personas honestas e independientes, que garanticen la correcta organización de los procesos electorales, de tal manera que sus resultados se correspondan realmente con la voluntad ciudadana expresada a través de los votos depositados en las urnas.

La pureza de los procesos electorales es un factor clave para que en un país exista gobernabilidad democrática. De ahí que los fraudes electorales sean no solo el más grave atropello a la soberanía popular sino también la más rotunda violación a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y ciudadanas, semilla de justificado descontento, un atentado a la gobernabilidad democrática y a la estabilidad de una nación.

Eso explica que partidos políticos, movimientos sociales y organismos de la sociedad civil estén empeñados en que se logren, para las elecciones del 2011, condiciones óptimas que garanticen la transparencia del proceso. En este propósito, el primer reto es lograr la sustitución de todos los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, responsable del escandaloso fraude en las elecciones del 2011. Pero eso no basta: se requiere una reorganización total del poder electoral para despartidarizarlo y transformarlo en un organismo creíble, responsable e independiente.

La bancada parlamentaria del FSLN, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, se niega a entablar negociaciones con las otras bancadas para proceder a elegir los 25 funcionarios que corresponde a la Asamblea Nacional designar.

La grave crisis institucional que estamos viviendo, que ha conducido al funcionamiento ilegal y de facto de los Poderes del Estado, tiene como causa principal la pretensión reeleccionista del Presidente Ortega. Por eso, es al Presidente de la República, que la Alianza Patriótica, con la adhesión de una docena de Partidos Políticos y organismos de la sociedad civil, ha hecho un emplazamiento público a fin de encontrar, de manera conjunta y mediante el diálogo, las soluciones a la grave crisis institucional que padecemos.

El único punto de la agenda del emplazamiento al Presidente Ortega es asegurar las condiciones imprescindibles para que los nicaragüenses tengamos elecciones libres y honestas en 2011. Los diferentes aspectos que tienen que ver con esas condiciones, sobre los cuales el Presidente debería dar una respuesta a la ciudadanía, son los siguientes:

“1) Respeto a la Constitución Política y las leyes de la República, en particular a la prohibición de reelección contenida en el Artículo 147.

2) Elección de personas honestas, profesionales e independientes para ocupar los cargos de Magistrados del Consejo Supremo Electoral, a fin de que no se repita el fraude electoral de las elecciones municipales de noviembre de 2008.

3) Revisión del proceso de cedulación y entrega oportuna por autoridades competentes, de manera que se respeten los principios de igualdad y no discriminación por razones partidarias y de ninguna otra clase y gratitud de la misma. Cedulación de los ciudadanos nicaragüenses residentes en el extranjero.

4) Revisión, depuración y actualización del padrón electoral.

5) Despartidización de las autoridades administrativas del Consejo Supremo electoral.

6) Garantías de una amplia observación nacional e internacional, libre de cualquier tipo de coacciones, limitaciones o amenazas”.

Estos seis puntos representan un clamor nacional y deben ser enarbolados como bandera de lucha para que el pueblo de Nicaragua tenga derecho a unas elecciones libres y transparentes en noviembre de 2011.