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Abordando el tema en una perspectiva histórica, desde que se admitió al principio democrático de la soberanía popular como único y exclusivo fundamento legitimador del Estado; y de otra parte, se consideró como única vía formal de organizar la comunidad política la utilización de los mecanismos de la democracia representativa, en ese mismo instante quedaron establecidas las bases en las que habría de sustentarse la noción de poder constituyente.

La razón de dicho sustento es simple, la democracia representativa conlleva distinguir entre representantes y representados, vale decir también entre gobernantes y gobernados. Siendo así, es necesario hacer valer la suprema autoridad del pueblo frente a la autoridad del gobernante de acuerdo al principio democrático, por ello no hay otra alternativa que la del establecimiento por el pueblo mismo, de una ley superior –la Constitución- , que obligue igualmente a gobernantes y gobernados.

Contrapuesto a los poderes constituidos, ordenados y limitados en la Constitución, surge así, como poder previo, ilimitado y total el poder constituyente.

El surgimiento del poder constituyente como resultado de la confluencia histórica de los esquemas representativos y del principio democrático de la soberanía popular; como hemos visto, nos permite salir al paso de quienes con frecuencia cometen la equivocación de atribuir a Rousseau algo así como una presunta paternidad ideológico-doctrinal sobre el mismo poder.

Además, queda clara la incompatibilidad de la democracia representativa con las exigencias del pacto social concebido por Rousseau, lo cual no permite distinguir entre un poder constituyente y un poder constituido, llevándonos al establecimiento dentro de la democracia de la identidad, de un poder soberano y único simbólicamente expresado en la voluntad general, como diría el gran teórico general del Estado, Carré de Malberg.

En la búsqueda de los posibles antecedentes de la doctrina del poder constituyente, no sería en la construcción rousseaniana del Contrato Social donde habríamos de investigar, sino en la doctrina de la división de poderes concebida por Montesquieu.

Si bien Montesquieu no aludió nunca en su vasta obra al poder constituyente, también lo es que dicho poder constituye una premisa tácita fácilmente presumible dentro de la lógica global de su pensamiento, en la misma proporción que el surgimiento de los tres poderes estatales- legislativo, ejecutivo y judicial -, recíprocamente vigilados y controlados como poderes constituidos, no sería concebible sin el reconocimiento de un poder previo y superior en el que los poderes clásicos encontraran la razón de su existencia.

En cualquier caso, no es en la doctrina y sus presupuestos más o menos lejanos, donde debe plantearse la problemática del poder constituyente, sino en la propia práctica del Estado constitucional, gestada con el triunfo histórico de los procesos revolucionarios burgueses.

El poder constituyente por tanto, no se trata de una creación teórica, sino de una necesidad histórica exigida por la praxis estatal desde que hay Constitución.

Carece de sentido e interés discutir siquiera si doctrinalmente el poder constituyente se debe al “genio francés” como sostenía Sieyès, o si contrariamente, tiene origen y correcta formulación en la tradición constitucional norteamericana, como sostuvo La Fayette al escribir sus memorias.

No puede hablarse de una creación norteamericana o francesa de la doctrina del poder constituyente; si se vincula su existencia y problemática con los procesos revolucionarios norteamericano y francés, es sólo porque en ellos se dan por primera vez, las condiciones políticas y sociales determinantes de su aparición. Dichas condiciones obviamente, representan el antecedente y punto inicial de cualquier organización democrática moderna, a ellas hay que relacionar el origen y significado de todas las elaboraciones doctrinales al respecto.

En el abordaje del poder constituyente conviene dejar los dilucidados tres aspectos:
1º) Su definición como poder soberano.
2º) Las formas en que se establece su ejercicio.
3º) Su destino, una vez que la Constitución es aprobada.-

*Especialista en Derecho Constitucional