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Realmente que el ejercicio de la Política en Nicaragua nos está enfermando, mentalmente, a todos. Con razón dicen algunos pensadores que los que necesitamos atención psicológica y/o psiquiátrica somos los que estamos fuera de los centros de atención psicosociales.

Si leemos el artículo 20, inciso iii) de la Ley 192, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 124, del 4 de julio de 1995, encontramos la siguiente Disposición Constitucional: “Los funcionarios de los poderes del Estado y de las instituciones reguladas por la Constitución que tuvieran un período determinado, cumplirán los mismos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral que están en posesión de sus cargos finalizarán el período para el cual fueron elegidos (sic).”

En la Constitución del año 1987, efectivamente, terminaba diciendo: “continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución.”

Si no estamos enajenados, voluntaria o por necesidad vital partidaria, estamos claros de que estos dos enunciados son totalmente diferentes, tanto en su redacción como en su vigencia en el tiempo.

A partir de 1995, la disposición constitucional, redactada en el párrafo segundo de la Constitución del año 1987, quedó fuera de circulación.

Ante la inoperancia de los grupúsculos “antisandinistas”, porque no tienen capacidad para ser opositores, el Presidente de la República emitió el decreto 3-2010 con el que pretende dar continuidad en su cargo a los funcionaros de los poderes del Estado, cuyas funciones están reguladas por la Constitución.

Como la Constitución, reformada en 1995, ya no concede ese privilegio a quienes se les vence el período, porque de lo contrario hubiera hecho uso la magistrada Alba Luz Ramos, cuando se le venció su período, o en este caso cada funcionario hubiera dicho: “En base a la disposición constitucional expresada en el párrafo segundo del artículo 201, permaneceré en mi cargo hasta que sea elegido mi sustituto. Nos guste o no, lo que está vigente es el decreto de la Presidencia 03-2010. No nos toca a nosotros determinar si es inconstitucional. Es a los diputados de la Asamblea a quienes les corresponde derogarlo. Si no lo han hecho, es por dos razones: a) O están de acuerdo con el decreto y no lo consideran inconstitucional; b) o por la cola que les tienen prensada los órganos de seguridad del frente orteguiano, no se atreven a tocar con sus manos sucias el “decreto real”.

Al fin de cuentas, nos encontramos en un callejón sin salida: O por astucia vital nos hacemos los enajenados esquizofrénicos; o terminamos enajenados por decreto.