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NUEVA YORK
En septiembre de 2008, la economía global y el sistema financiero se vieron arrasados por un terremoto, cuyo epicentro se produjo en Estados Unidos. Era el fin de la administración Bush. Faltaban dos meses para la elección presidencial. El momento, desde el punto de vista de la gestión de crisis, no podría haber sido peor.

El nivel de incertidumbre sobre los valores de los activos, la solvencia y la conexión de los balances que prevalecía en ese momento era extraordinariamente alto. La incertidumbre alimentó el miedo, haciendo que bancos, empresas y hogares acumularan efectivo. El consumo se derrumbó, arrastrando consigo las ventas minoristas y, después de un breve intervalo, también el empleo y la inversión. Las elecciones individualmente racionales dieron lugar a resultados colectivamente irracionales.

Estas condiciones tenían todos los ingredientes para un escenario de depresión, en el que el racionamiento del crédito destruía indiscriminadamente a las empresas y, por ende, requería una acción rápida, agresiva y poco convencional por parte del gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal. La respuesta, montada por la administración Bush y adoptada por la administración Obama, fue todo lo de arriba. Una combinación de recapitalización del sector financiero y una rápida expansión del balance de la Fed impidió una suspensión total del crédito.

Las políticas a veces no cumplen con su objetivo y tienen que ser modificadas. Por ejemplo, el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, por su sigla en inglés) estaba destinado originariamente a la compra de activos securitizados complejos que habían perdido valor y habían dejado de comercializarse, pero tuvo que ser alterado en parte para dirigir infusiones de capital a los bancos.

El respaldo financiero a los villanos de Wall Street enfureció a muchos, pero nadie propuso una alternativa mejor en ese momento –o desde entonces-. Las administraciones Bush y Obama entendieron que una política sabia en tiempos de crisis exige elegir la opción menos mala, aceptando la furia y las críticas inevitables, e implementado la decisión rápidamente. La primera prioridad, después de todo, era estabilizar una situación altamente peligrosa.

La administración Obama luego asumió la responsabilidad de organizar los esfuerzos del gobierno para impulsar la economía, y la pieza central fue un gran paquete de estímulo para apuntalar la economía real. Tras las inyecciones de capital y los programas de la Fed destinados a respaldar el sistema financiero, el paquete de estímulo fue un paso importante, más allá de los desacuerdos sobre su volumen, su efectividad y sus destinatarios. Después de su implementación a fines de febrero de 2009, la zambullida de los mercados comenzó a desacelerarse y los precios se estabilizaron al mes siguiente.

La administración Obama no fue responsable por el mal desempeño económico de Estados Unidos en el período inmediatamente posterior a la crisis; eso fue inevitable. Pero sí fue responsable de permitir que persistieran las falsas expectativas de una marcada recuperación hasta llegar a los niveles de producción y consumo previos a la crisis. Y eso dejó a la administración expuesta a la acusación de que una mala política fue la causa del mal desempeño económico.

La administración necesitaba ver –y decir- que la economía pre-crisis alimentada por la deuda era un camino peligrosamente insostenible, y que el desafío ahora, al haber evitado una depresión, era hacer una difícil transición hacia un nuevo camino. Por el contrario, comparó a la Gran Depresión con otras crisis del pasado reciente, aunque más profunda.

Quizás ese resultado ya estaba declarado con antelación. Poco después de asumir funciones, la administración enfrentó una decisión estratégica crucial sobre el alcance y el aliento de su agenda. Una opción era diferir las iniciativas de política importantes (en atención médica, energía y medio ambiente, inclusive en materia de cambio climático) y concentrar el capital político y los recursos fiscales en restablecer el crecimiento y el empleo. La alternativa era perseguir una agenda política plena alineada con las prioridades y compromisos enunciados en la campaña electoral de Obama.

La agenda más acotada –reforma financiera, estabilización del mercado inmobiliario, restablecimiento de los balances, resolución de las deficiencias estructurales y restauración del crecimiento y el empleo- no habría captado la imaginación de la población, y casi con certeza habría desilusionado a los entusiastas seguidores de Obama. Pero, si se la adoptaba, habría tenido la ventaja de la claridad y la concentración, en un área de capital importancia para todos. Y, si resultaba exitosa con el tiempo, podría haber logrado que el resto de la agenda de Obama pareciera menos abrumadora y más asequible.

Obama eligió la segunda opción más expansiva, que generó más o menos la dinámica opuesta: los beneficios se convirtieron en riesgos. La agenda plena habría sido mucho más fácil de implementar exitosamente si las suposiciones sobre la naturaleza de la recesión y el probable camino a la recuperación hubieran sido precisas. Pero no lo fueron. Y ahora, mientras la administración vira hacia un objetivo más central de restablecer el crecimiento y el empleo, corre el riesgo de empantanarse mientras el desempeño económico menguante en relación a las expectativas se traduce en un respaldo político que se desvanece.

La administración no es enteramente responsable, por supuesto. Ha tenido que lidiar con una pérdida de confianza generalizada y entendible en las elites –académicos, analistas políticos, Wall Street, líderes empresarios, reguladores y políticos- que hace que la implementación de políticas pragmáticas y centristas resulte más difícil. Este fenómeno precede a la crisis, pero la crisis ciertamente lo tornó peor. Las elites, después de todo, no pudieron ver la crisis que se avecinaba y no tomaron medidas para impedirla, y algunas parecen ser las únicas que se están recuperando: las ganancias suben, pero el empleo no.

Es más, la ansiedad de muchos norteamericanos está arraigada en una desigualdad cada vez más profunda en materia de ingresos. Las implicancias económicas y políticas de esta tendencia de largo plazo se han debatido mucho, pero en general se las desatendió, traicionando la falta general de preocupación por las cuestiones distributivas que empaña la excesiva fe de las elites en que los mercados ofrezcan resultados satisfactorios.

De hecho, una falta de claridad sobre los medios y los fines recorre la política norteamericana. Los mercados, los marcos regulatorios y las inversiones del sector público son medios para alcanzar objetivos compartidos. La administración, las elites políticas y los líderes del sector privado necesitan establecer claramente que el objetivo principal de la política y la estrategia económica interna es restablecer un patrón de crecimiento y empleo inclusivo.

Las opciones a elegir no son simples, obvias o claras. La persistencia, el pragmatismo y cierta voluntad de experimentar ayudarán. Pero Obama necesita tomar la delantera a la hora de redireccionar un contexto político altamente polarizado, envuelto en un debate sobre el papel y el tamaño apropiados del gobierno, hacia una agenda más pragmática orientada a los resultados.


Michael Spence es profesor de Economía en la Stern School of Business, Universidad de Nueva York, y miembro de la Hoover Institution, Universidad de Stanford.


Copyright: Project Syndicate, 2010.

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