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El reciente editorial del Washington Post, uno de los más influyentes periódicos del mundo, de forma breve pero elocuente ilustra la consistente “muerte lenta” de la democracia en Nicaragua, desde que Ortega volvió al gobierno.

Con toda razón, por la diferente visibilidad de los hechos y la polarización del debate político dentro y fuera de Nicaragua, la atención se ha desviado a una suerte del doble estándar con el cual ha actuado la OEA en relación con la democracia en el continente. Por un lado se destaca la celeridad con la que actuó frente a los hechos de Honduras del año pasado, y por otro la parálisis frente a procesos que se han venido en llamar “Golpes de Estado desde el Estado”, como en Nicaragua, en que gobiernos que tienen sus orígenes en elecciones libres, comienzan a desmantelar una a una las instituciones democráticas, empezando por el sistema electoral.

Pero es un error hablar de la OEA como una entidad supranacional, capaz de actuar por encima de la voluntad de los países que la integran. En el pasado sí lo hizo, por el peso abismalmente dominante que entonces tenían los Estados Unidos. Hoy no es el caso, pues la OEA, como foro intergubernamental, depende de la correlación de fuerzas de sus miembros, y hoy por hoy la influencia de Venezuela, con su petróleo y la organización Petrocaribe que tiene callados a un montón de países que antes hacían coro con los Estados Unidos, y la viscosidad de la política exterior de este país, hace casi imposible armar un consenso en defensa de la democracia en casos como Nicaragua..

Pero lo anterior no significa que nada se pueda hacer desde ese foro fundado, precisamente, en la premisa fundamental de la defensa de la democracia, premisa que se fortaleció con la adopción de la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del 2001, independientemente del carácter vinculante o no desde el punto de vista jurídico de sus normas, y yo creo que es vinculante.

Se pueden hacer al menos dos cosas.

En primer lugar, que el Secretario General de la OEA ejerza la autoridad moral de su cargo para comentar situaciones que preocupan desde el punto de vista democrático. Las opiniones del Secretario General de la OEA no tienen fuerza vinculante desde el punto de vista jurídico, ni obligan a la Organización a ninguna acción, es cierto, pero es innegable su fuerza política, su fuerza creadora de opinión pública, y la opinión pública pesa políticamente, y mucho, aunque no tenga fuerza jurídica.

En segundo lugar, que casos como el de Nicaragua, aunque por la imposibilidad de armar un consenso no se pueda adoptar ninguna decisión, al menos se discutan en el Consejo Permanente de la OEA. Soy de la opinión de que el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana expresamente habilita esa posibilidad cuando textualmente dice: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediatamente del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar la decisiones que estime conveniente.” Es decir, cualquier Estado miembro puede solicitar, y no solamente el Secretario General, que el caso de Nicaragua se discuta, de modo que el editorial del Post se queda corto cuando elude la responsabilidad de los gobiernos no Chavistas, Estados Unidos incluido.

Las dos opciones que antes señalo son especialmente válidas por dos razones adicionales. Cuando en 2005 hubo una grave crisis política constitucional, por cierto de menores consecuencias en términos democráticos que la situación que estamos viviendo, en que ni siquiera tenemos la posibilidad de elecciones confiables, el Secretario General de la OEA vino a facilitar una solución, y entonces envió una carta-compromiso a todos los actores de la crisis, Daniel Ortega incluido, como jefe del entonces principal partido de oposición. Los compromisos derivados de esa carta iban más allá de la crisis del momento, y bien podría el Secretario General dar continuidad a la gestión de entonces porque los riesgos a la estabilidad política democrática, que motivaron su gestión de entonces, se han agravado.

La otra razón es que en los momentos insurreccionales contra Somoza, se convocó a una Reunió Extraordinaria de Consulta de la Asamblea de la OEA, y en ella el gobierno de Panamá de entonces -y con esto me adelanto a las acusaciones de “vende patria”, “imperialista”, que seguramente saldrán de las gargantas tragicómicas del Orteguismo por lo que estoy sustentando- cedió su silla para que el representante del FSLN hablara pidiendo sanciones contra el gobierno de Somoza. Según tengo entendido, y no soy especialista en el tema, con lo cual invito a los expertos a opinar al respecto, esa reunión de Consulta de la Asamblea de la OEA no se ha formalmente cerrado, de modo que hay base para que la situación de la democracia en Nicaragua se discuta en la misma.

Si es más fácil, y menos costoso, prevenir que remediar, lo que sugirió el Washington Post, y lo que estoy anotando, no puede echarse en saco roto.