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Los rumores que ubican al general retirado Omar Halleslevens como magistrado y posible presidente del Poder Electoral terminan de configurar la esencia antidemocrática del modelo político que impulsa el Presidente Ortega y visibiliza mejor la oscura dimensión que han adquirido las relaciones civiles militares en el país.

Del lado que se mire, la gestión política del actual gobierno tiene una esencia autoritaria e irrespetuosa de un sistema de gobierno en que los representantes electos deben rendir cuentas de su actos y donde el manejo de la cosas pública se ciñe, aunque sea en apariencia, a principios de transparencia y respeto por las instituciones y las leyes. El modelo que promueve el Presidente Ortega violenta el derecho al disenso y su capacidad operativa se basa en un esquema descomunalmente prebendario, corrupto y populista. En ese contexto, la captura de las personas y de su voluntad política en beneficio propio y partidario, es el eje central de sus acciones.

Donde hubo fuego cenizas quedan

Es esta lógica la que de alguna forma ayuda a entender la captura sistemática de altos oficiales retirados del Ejército de Nicaragua para que sirvan de manera incondicional a los intereses del presidente, su partido, su familia y sus allegados. Pero veamos con un poco más de detalle cómo se da este asunto. Al momento que asume el poder, el Presidente Ortega sanciona una serie de decretos atinentes a la organización de la defensa y la seguridad ciudadana que auguraban sin dudas un proyecto de control directo y discrecional del Ejército y la Policía. En esencia, al Ministerio de Gobernación y su ministra le encomendó la tutela del sistema penitenciario, los bomberos y migración, y optó por el no nombramiento de un ministro o una ministra defensa para la gestión de los aspectos relativos a la defensa nacional. Recuerdo que adujo que el manejo de la policía y del ejército era un asunto tan sensible –y es cierto- que ameritaba su atención directa, sin ningún tipo de intermediario. Pero en realidad se trataba de allanar el camino para iniciar un proceso de recaptura de esas instituciones, las que después de tres años han demostrado que cuando se trata de Daniel Ortega y su estilo nada democrático de gobernar han pasado de la expectativa, a la complacencia, y de allí ya casi a la complicidad. “Donde hubo fuego cenizas quedan”.

Gobernar con militares es gobernar sin democracia

Por donde se mire, en la Nicaragua de Ortega, en la Cuba de los hermanos Castro, en la Venezuela de Chávez o en el Chile de Pinochet, no se puede entender la lógica y práctica de un gobierno de vocación autoritaria sin la idea de la subordinación incondicional y clientelista de las fuerzas de seguridad y defensa. Desde luego, el manejo que hace el Presidente Ortega sobre la institución militar tampoco se puede entender sin dos elementos fundamentales: i) el silencio complaciente y burdo de una oposición desarticulada, pero también siempre temerosa de haber ejercido el más mínimo principio de conducción civil democrática sobre el cuerpo castrense, y ii) el oportunismo económico del liderazgo militar activo y en retiro para sacar ventajas de lo peor de los 2 mundos de la clase política nicaragüense que representan, la derecha socialmente insensible, miedosa y guardiera, y la izquierda autoritaria y oligopólica del presidente y sus clanes.

Invasión militar debilita el Estado y la democracia

La eventual elección del general en retiro Omar Halleslevens para magistrado del Consejo Supremo Electoral y la invasión de militares retirados en el sector público debilita aún más las posibilidades que se rescate lo que queda de democracia en Nicaragua, y lesiona todavía más la institucionalidad militar y la supuesta imparcialidad que socialmente intentan proyectar. Debilita la democracia porque ubicaría a quien gobernó una institución que por su naturaleza es antidemocrática y carente en la construcción de consensos, al frente de una institución clave para el futuro democrático del país. Se ubicaría a quien gobernó una institución con autonomía absoluta y enemiga del control político democrático -y ni hablar del social- a ser parte activa en la conducción de una institución que necesita de la vigilancia social y de una gestión política democrática y transparente para su funcionalidad y credibilidad.

La invasión de oficiales en retiro –otro asunto donde se debe poner mucha atención es el caso de las esposas de oficiales activos trabajando en importantes puestos en el Estado - lesiona la institucionalidad militar porque sin dudas refuerza la evidencia de la alianza incondicional de los mandos militares con el gobierno. Lo que implica que al final de cuentas el Ejército de Nicaragua no tiene ningún tipo de problemas al sometimiento a un modelo de conducción civil antidemocrático y prebendario, e incentiva la noción en los oficiales activos que la incondicionalidad al presidente termina rindiendo frutos para el beneficio personal.

Al final de cuentas, la idea y la práctica del presidente Ortega de gobernar los asuntos públicos no militares con militares, no tiene nada que ver con buscar la eficiencia y eficacia del sector público. Tiene que ver con la convicción de que se puede y debe gobernar sin democracia.


*El autor se ha especializado en asuntos de seguridad y defensa.