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Justamente en razón del carácter de norma jurídica suprema, con eficacia normativa, que tiene la Constitución y del nuevo perfil del constitucionalismo social, es preciso considerar que, tanto por razones de orden técnico, relativas a la función y metodología de la Ley Suprema, como por razones de orden fáctico o de conveniencia política, el texto de las constituciones no agota las materias que regula. La obra del constituyente queda, en algunos aspectos, incompleta.

Como consecuencia del hecho referido, la propia Constitución establece encargos u obligaciones concretas, dirigidas generalmente a la legislatura, pero también a otras funciones del Estado, para que completen la voluntad del constituyente.

En ocasiones, estos mandatos imperativos de la Constitución, bien sean de carácter legislativo o de otra especie, no se cumplen, perjudicando así la fuerza normativa de la Constitución y produciéndose un verdadero fraude constitucional. Este fraude tiene como protagonista los poderes constituidos, que se abstienen de dar cumplimiento a los mandatos establecidos en la Constitución, no obstante, que estos mandatos están configurados en normas concretas e imperativas del texto constitucional.

Como ejemplo, se demuestra cómo nuestra Constitución, en variados temas, formula encargos a la Función Legislativa y a otros poderes o funcionarios públicos, que no son meras declaraciones, sino normas imperativas, órdenes del constituyente que, lamentablemente, no se obedecen.

Cuando la quiescencia, inacción, inercia u omisión de las Funciones del Estado frente a claros y concretos mandatos del constituyente producen efectos contrarios a los que dispone la Constitución, estamos frente al caso de una inconstitucionalidad por omisión, pues la Constitución no sólo se vulnera cuando se hace lo que ella prohíbe hacer, sino también cuando se deja realizar lo que ella ordena que se haga. En el segundo caso, estamos frente a una inconstitucionalidad por omisión.

Así, por ejemplo, en la doctrina constitucional moderna se establece como principio “que los derechos y garantías determinados en los textos constitucionales y en los instrumentos internacionales vigentes, debe ser directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad, de igual manera que no puede alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en las mismas, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos”

Es de importancia que los ordenamientos constitucionales nacionales se establezcan declaraciones a priori de la inmediata operatividad de los derechos y garantías determinados en la Constitución y los instrumentos internacionales vigentes, con el claro propósito de tornar teóricamente efectivamente las disposiciones consagradas, por ejemplo en el art. 46 de nuestra Carta Magna que estatuyen como deber primordial del Estado asegurar la vigencia, respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la seguridad social.

Nótese que la Constitución en su artículo 46, se refiere a todos los derechos consagrados en la Carta Suprema y en los instrumentos internacionales vigentes, sin excluir a ninguno de ellos.

Pero más preocupante se vuelve en nuestro país y nación, para citar otro ejemplo de inconstitucionalidad por omisión, cuando en las disposiciones del art. 138, numerales 7, 8 y 9 se mandata de forma imperativa la de elegir, la Asamblea Nacional, a una serie de funcionarios tanto de otros Poderes del Estado como de instituciones claves para el funcionamiento y desarrollo de la vida institucional de la nación nicaragüense. Sin embargo y a pesar del mandato imperativo de la disposición normativa, existe y prevalece quiescencia, inacción, inercia u omisión de parte del órgano legislativo para cumplir con ella, provocando con ello crisis institucional, inestabilidad política e inseguridad jurídica en todos los niveles.

Necesitamos pues, que en un futuro no muy lejano, cuando los abatares y luchas por poder se encausen hacia el bien común y el desarrollo del país, del Estado de Derecho, de la Justicia Social y Jurídica, incorporar en nuestra legislación de amparo un quinto mecanismos de control constitucional: el recurso de inconstitucionalidad por omisión, hecho que otras naciones de América ya han incorporado en sus constituciones y que no es una mal ejemplo a seguir.


*Docente de Derecho Constitucional