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El ex funcionario público Roberto Rivas Reyes, pasando por encima la Constitución Política, aún creyéndose magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, hizo una convocatoria a los partidos políticos para que participen en las próximas elecciones generales, programadas para noviembre de 2011.

Es de conocimiento público que el convocante no ha sido nombrado por la Asamblea Nacional, pues en el mes de julio caducaron sus atribuciones dentro del CSE; por lo tanto, la convocatoria carece de validez. Los funcionarios putativos, auto llamados magistrados, son simple usurpadores de una función pública; si se mantienen en el puesto, es por la fuerza ilegal que emana del Presidente de la República y no porque tengan la razón y el derecho.

Es menester refrescar la memoria sobre lo que preceptúa el numeral 8, del artículo 138, de la Constitución que dice: “Son atribuciones de la Asamblea Nacional: 8- Elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. Asimismo, el artículo 172 Cn., establece: “Los magistrados del Consejo Supremo Electoral ejercerán su función durante un periodo de cinco años a partir de su toma de posesión, dentro de este periodo gozan de inmunidad”.

El Consejo Supremo Electoral, en estos momentos, tiene en vacantes siete magistrados propietarios y tres suplentes. En otras palabras, ese Poder de Estado se halla acéfalo, está prácticamente descabezado, no tiene dirección ni conducción. Los ex funcionarios no tienen las atribuciones para convocar a elecciones nacionales. El pitazo de despegue de la pista que hizo Roberto Rivas, es ilegitimo, sólo una persona que esté mal de la cabeza, se puede venir con la idea bárbara de llamar a los partidos políticos a participar en unos comicios de forma ilegal. Por tal razón, el partido político entendido del vacío legal y de legitimidad que existe en ese tribunal electoral, en modo alguno puede atender la deleznable convocatoria del seudo magistrado. Si los partidos políticos deciden atender la convocatoria, estarían legitimando lo ilegitimo y legalizando lo ilegal.

Es una verdad incuestionable, que en nuestro país existen políticos que han jugado el rol de doble agentes. Ante los medios de comunicación, hipócritamente, se proclaman enemigos acérrimos del gobierno, mas tras bastidores, con el Presidente de la República, se sientan, platican, confraternizan, elaboran planes, diseñan tácticas y estrategias, engañan a la sociedad, usufructúan los poderes de Estado, como si fuera un pastel. Son mercenarios de la política, no les importa los acuciantes problemas por los que atraviesa el pueblo de Nicaragua. Este tipo de políticos, es una especie de quinta columna, que colaboran y cooperan en el desmantelamiento de la institucionalidad, son depredadores de la institucionalidad.

En nuestra fauna política, hay diputados venales que, como Judas, se venden por unas cuantas monedas de plata; están los indiferentes, los pusilánimes, los que callan ante atrocidades del Presidente, quien ha convertido a esta nación en una república de papel; nadie ha podido ponerle el cascabel al gato. Los seudos políticos, de boca han condenado la sentencia de la CSJ, que declaró inconstitucional la Constitución; han sido incapaces para aprobar una ley ordinaria que anule el decreto ejecutivo que mantiene a 25 ex funcionarios públicos en sus puestos; hubo una manifiesta complicidad con la publicación del transitorio artículo 201 de la Constitución Política.

Para asestar el golpe de gracia, ahora aparece el espurio Consejo Supremo Electoral, convocando a elecciones nacionales, cuyo proceso electoral, de materializarse, los que se presten al juego serían tontos útiles, o compadres hablados, prestos a servir como burros amarrados ante tigre suelto, ya que no existen las mínimas garantías de transparencia, máxime cuando los seudos magistrados tajantemente han dicho que no permitirán la observación nacional y extranjera.

El eje para obligar a los partidos para sean parte de la contienda electoral, es que si no participan serán despojados de la personalidad jurídica. La amenaza es la muerte política: ¿Pero quién sería el verdugo encargado de decapitar a los partidos políticos? ¿Si conforme la Constitución Política, no existe Consejo Supremo Electoral, pues la Asamblea Nacional no ha electo magistrados? ¿Quién sería el falaz que dictara y firmara una resolución despojando a los partidos de su personalidad jurídica? ¿Acaso Roberto Rivas y compañía, sin estar revestidos de autoridad?
La espada de Damocles, sobre la personalidad jurídica, es un rumor que cobra fuerza; lamentablemente, hay organismos de la sociedad civil, que por sus intereses, opinan que los partidos políticos deben participar, “bajo protesta”. De manera que la legitimidad y la legalidad, dejaron de ser una prioridad; se está poniendo en primer plano la política electorera; los discursos encendidos en defensa de la Constitución están siendo lanzados al basurero.

Otra falacia para atemorizar a los partidos políticos, es que si no participan en las elecciones, estarían cediendo los espacios de poder. Para esta tesis ponen el ejemplo de Venezuela, cuando los partidos de ese país se negaron ir a unas elecciones legislativas.

Los promotores de la ilegitimidad, no ejemplifican la firmeza de la oposición de Perú, cuando el gobierno de Alberto Fujimori, quiso robarse las elecciones mediante el fraude electoral; en ese momento, la oposición se abstuvo de participar en la farsa, y los resultados fueron desconocidos internacionalmente, lo cual obligó al gobierno a organizar nuevas elecciones, las cuales al final llevaron al poder a la oposición.

Estas lecciones, no han sido analizadas por los políticos nacionales en quienes, amilanados por falta de principios y coherencia en su actuación, predomina el temor y la inseguridad, que los hace dar bandazos; no logran detener al gobierno en sus objetivos continuistas. Los partidos políticos aún están a tiempo para restaurar por medios cívicos la institucionalidad, la legitimidad, la legalidad y el Estado de Derecho, lo que se precisa es luchar con firmeza por el respeto a la Constitución Política. Está es la oportunidad de oro que tiene para rectificar políticamente.


El autor es Abogado y Notario Público