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Hace pocas semanas, y con motivo que Costa Rica y Honduras habían solicitado participación en el diferendo de límites marítimos que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, entre Nicaragua y Colombia, uno de nuestros más destacados expertos en derecho internacional, Mauricio Herdocia, dijo con toda razón que en materia de límites Nicaragua había mantenido en las últimas tres décadas un enfoque estratégico.

Destacó Herdocia que independientemente del gobierno de turno -el primer gobierno Sandinista; los de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, después, y ahora el gobierno de Ortega- habíamos mantenido una verdadera “política de Estado”, es decir una política que en su esencia trasciende a los diferentes gobiernos, independientemente de pequeñas variantes circunstanciales.

No ha sido así siempre en materia de límites, en que nuestras divisiones y pasiones políticas internas con frecuencia nos han debilitado exteriormente, y hemos terminado desgarrados en nuestra geografía territorial y, consecuentemente en los derechos marítimos que acceden al territorio. La pérdida de la provincia de Guanacaste a favor de Costa Rica, al fragor de la inestabilidad política y guerras intestinas posteriores a la independencia en el siglo XIX, y del territorio de Litigio en el norte, a favor de Honduras, durante el gobierno de Luis Somoza, a inicios de los años 60 del siglo XX, son los ejemplos más elocuentes.

Tengo frente a mi escritorio el mapa de Nicaragua elaborado por los Hermanos de La Salle del Instituto Pedagógico de Managua, “declarado provisionalmente oficial por Decreto Ejecutivo No. 658 del 27 de julio de 1953”. Ahí se puede apreciar cómo el fallo “ultra petita” de la CIJ (que concedió más de lo pedido por Honduras) nos cercenó una inmensa cantidad de territorio, más allá del que estaba en litigio. Como segoviano, recuerdo bien las angustias de finqueros y campesinos que desde entonces tuvieron que atravesar una frontera que antes no existía para ir a sus fincas y huertos, que muchos terminaron malvendiendo por el inesperado inconveniente fronterizo.

Entonces los nicaragüenses estábamos, como en el siglo XIX, profundamente divididos políticamente, y se rumoró que esas divisiones contribuyeron a la mencionada sentencia “ultra petita”.

Voces de Costa Rica se han alzado insinuando que los aires electorales nicaragüenses y nuestra polarización política son la causa de la iniciativa del dragado del nicaragüense Río San Juan, y de la posición enérgica, aunque serena por cierto, que el gobierno de Ortega ha adoptado en defensa de la soberanía nicaragüense sobre el río y su dragado.

Si, como en el pasado, se apuesta a que nuestras divisiones internas favorecerán injustificadas pretensiones externas, en este caso se equivocan quienes hacen esa apuesta, porque como lo indicó el Dr. Mauricio Herdocia, y otros destacados juristas, ahora, en materia de límites, tenemos un enfoque estratégico que sustenta una política de Estado. Y afortunadamente, valga la pena decirlo, ambos países insisten en que sus pretensiones se diriman de conformidad con el derecho y no la fuerza.