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Todo el mundo está cansado de oír la palabra o el concepto unidad dominando en el lenguaje de los políticos opositores. Pero, unidad es concepto que las palabras no ayudarán a concretar jamás. Es que no basta desearla, sentirla necesaria, expresarla ni pensar en ella como el instrumento político ideal para crear, unificar y desarrollar las fuerzas necesarias e impedir que Ortega se inscriba como candidato, pese a la prohibición constitucional.

La unidad no puede ser total, y casi nunca mayoritaria, porque los partidos, y cada uno de los individuos que los integran, tienen intereses desiguales y hasta contrapuestos. Los intereses, además de no ser los mismos, a veces tampoco son coincidentes: los dividen intereses económicos, políticos, ideológicos, religiosos, éticos, morales, culturales y hasta de gustos personales.

Dentro de los organismos de igual tendencia opositora, coinciden físicamente empresarios, profesionales –unos exitosos económicamente, otros en menor medida, y otros en ninguna—, trabajadores, empleados, campesinos, estudiantes, desempleados (que son tan habituales y en grandes cantidades, que ya son como una categoría social); artistas, intelectuales y gente sin oficio. La unidad de esta masa heterogénea, pretende ser lograda dentro de cada partido, por el factor de la afinidad ideológica.

Pero la afinidad ideológica no hace la unidad absoluta, ni elimina las diferencias, aunque atenúe las contradicciones, y no se consolida en definitiva ni para siempre. Sólo condiciona la unidad a través del programa que, según la tendencia, contempla objetivos comunes como la justicia y el progreso social, los derechos laborales y económicos para los trabajadores; en fin, el cambio estructural del sistema social capitalista. Estos partidos, suelen llamarse y conocerse como de izquierda.

Los así conocidos partidos de la derecha, tienen entre sus programas, los objetivos de preservar el sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción; el progreso material y técnico, lo condicionan a la protección del sistema que en primer lugar favorece las ganancias de los grandes propietarios; defienden la educación, la salud y todos los servicios públicos y sociales de carácter privado; no faltan los partidos que incluyen la religión como uno de sus objetivos a promover; y tienen como bandera política la defensa de la democracia con libertad y los derechos humanos limitados y casi siempre en abstracto. Una y otra tendencia, lucha por el control del poder político del Estado, con el fin de hacer efectivos sus programas.

La experiencia obliga a reparar en un detalle importante: en el proceso histórico de las luchas por el poder, ha sido la derecha la que ha mantenido por más tiempo –y en todas partes del mundo—, la democracia como su principal bandera, la cual la ha llegado a identificar como consustancial al capitalismo. Pero esta privatización de la democracia, la derecha no sólo la reivindica para el capitalismo, sino que también la izquierda le ha cedido esa bandera, por el hecho de haber creído, que la democracia es “burguesa”. De ahí, que creyó sustituirla con la democracia “socialista” o “popular”.

La vida ha enseñado que la democracia es falsificada o es auténtica, sin importar el apellido que se le ponga. Lo que corresponde, cuando es privatizada como sucede en el capitalismo, es luchar por devolverle a la democracia su carácter original: del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y cuando la democracia es parcializada por una cúpula burocrática sin libertades políticas y los derechos humanos restringidos, como ha sucedido bajo el autoritarismo de izquierda, lo que corresponde es luchar por “despartidizarla”.

La vida exige darle su auténtico sentido a la democracia, que no sea privatizada ni parcializada, o nunca será para todos. La democracia es auténtica si las libertades y los derechos políticos no se disocian de la justicia social; o sea, de los derechos laborales, educativos, culturales y humanos en general de los trabajadores, mujeres y hombres del pueblo, les dé oportunidades para su desarrollo como factores humanos fundamentales en la creación de la riqueza social.

En esta etapa histórica, para nosotros, con las particularidades de nuestro país, la lucha no es por un régimen de izquierda ni de derecha, sino de todos por la democracia sin apellidos ni abstracciones. La logramos para todos o todos la perdemos. Teniendo claro que ni entre los partidos ni dentro de los partidos políticos existe ni es posible la unidad, la demanda de la historia en concreto es la alianza para evitar la destrucción del orden institucional, preservarlo y mejorarlo, frente al empeño del gobierno por omitir la aplicación de sus preceptos constitucionales y, lo peor, destruirlos para adaptarlos a las ambiciones de un individuo, de su familia y de sus incondicionales.

Estamos ante un hecho inédito en nuestro país, de un partido que se convirtió en instrumento dócil de este círculo, después de haber enarbolado banderas, principios y ética en la lucha para los cambios revolucionarios. Y de eso, es víctima la mayoría, a despecho de los intereses ideológicos y particulares.

Y si nadie está obligado a dejar sus concepciones de izquierda o de derecha, es deber de todos dejarlas en segundo plano frente al peligro de una dictadura. La finalidad, es evitar que un grupo desertor de la izquierda, de gente desclasada, sin oficio –pero con muchos beneficios—, no altere la propuesta de cambios sociales con democracia. Evitar que partidos de oportunistas de derechas, con líderes sin más principios ni más objetivos que su propio enriquecimiento, siga pasando como de oposición y cubriéndose con la bandera de la democracia. Las coincidencias entre ambos grupos de oportunistas, las materializan en un pacto que ya dura más de diez años.

En el resto de la oposición se expresan variadas tendencias ideológicas y demás factores conocidos que la dividen y subdividen, pero para los partidos y movimientos que la integran, el imposible objetivo de la unidad podría cambiarse por el factible de la alianza. Para estos sectores, su alianza frente al gobierno y sus cómplices se limita en la defensa de la democracia, la Constitución y las leyes; es iluso pretender identificarse en todo el espectro de intereses, pensamientos, objetivos e ideologías.

El camino sólo es viable para una alianza limitada a la acción en torno a esos objetivos que se oponen a la reelección de Ortega y de su Consejo Electoral corrupto. Asumir la construcción de una alternativa democrática bien elaborada, previamente a la derrota de la reelección, causaría distracción, debito al tiempo y los esfuerzos que tal tarea demanda.

Es claro que, además de la maquinaria de dólares y burócratas, de cómplices y turbas del orteguismo a vencer, hay que vencer primero los propios prejuicios y ambiciones para fortalecer esa alianza. No es fácil, ¿pero será imposible?