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Unos señores, que ya no son magistrados, se presentaron muy serios y orondos, revestidos de chalecos de campaña electoral, para anunciarle al pueblo de Nicaragua que han decidido convocarlo para nada menos que una elección de rango nacional.

En cualquier país donde se respeten las leyes, esta escena sería vista como una comedia surrealista, extraída quizás de las páginas de una novela del “realismo mágico”. Porque esos señores, además de no ser ya magistrados y de estar usurpando sus cargos, son también los responsables de un fraude electoral al nivel municipal, que quizás les haya servido de entrenamiento para la elección a la que ahora convocan.

Para acentuar el surrealismo de la escena los señores anuncian, además, que los partidos políticos que quieran participar en el proceso deben llenar un formulario expresando su intención de competir. Ese requisito es fruto de su imaginación, ya que no hay disposición alguna en la Ley Electoral que lo exija. Además, advierten a los partidos que aquel que no participe pierde su personalidad jurídica. El formulario, evidentemente, persigue, dar como un hecho consumado que los partidos políticos, aunque sea bajo protesta, les reconocen su calidad de magistrados y aceptan participar en un proceso electoral organizado por ellos.

Pero hay más. Estos mismos señores anuncian un calendario electoral y aseguran que ya tienen listo un reglamento para los “acompañantes” del proceso, que ya no serán “observadores”, como los define la Ley Electoral, sino simples compañeros de la ficción que preparan y sobre la cual no podrán decir palabra alguna sin su permiso previo. Y para llevar el surrealismo al nivel de obra maestra, anuncian que pronto darán a conocer el Código de Ética Electoral. ¿Es que pueden estos señores hablar de Ética Electoral? Claro que si, siempre y cuando entremos con ellos en la comedia surrealista electoral que preparan.

Estos señores son los mismos que se apresuraron a declarar como “escrita en piedra” una seudosentencia de nuestra augusta Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional un precepto de la Constitución Política de la República para permitir la reelección del actual Presidente, pese a la doble prohibición constitucional contenida en el artículo 147Cn.

Todo esto movería a risa si no fuera trágico, ya que se trata de un asunto muy serio para el destino del país. Lo que está en juego es el respeto a la voluntad popular, que se expresa a través del voto ciudadano. Se trata de la elección de las máximas autoridades del Estado, que asumirán la conducción del país a partir de enero del 2012. Entonces, no podemos dejarlo pasar y seguir pensando que Nicaragua es “un pequeño país en broma”, como alguna vez nos calificó un escritor portugués.

Y es la ciudadanía, la sociedad civil organizada, y no solo a los partidos políticos, la que debe encabezar la lucha cívica para garantizarle al pueblo de Nicaragua un proceso electoral justo y transparente, cuyos resultados se correspondan fielmente con la voluntad soberana expresada en las urnas electorales a través del voto.

La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 3 señala, como uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”.

Para garantizar ese derecho es necesario contar con un Consejo Supremo Electoral creíble, integrado por personas idóneas, honestas e independientes, tal como lo establecen los acuerdos de Metrocentro II. Los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional deben priorizar la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, teniendo presente el compromiso de que ninguno de los magistrados que participaron en el fraude electoral del 9 de noviembre del 2008 puede ser reelecto.

Es hora de terminar con la comedia surrealista que se pretende hacer del próximo proceso electoral y preparar las condiciones para una elección justa y transparente en noviembre de 2011.