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El escarnio de Fátima
El beneficio de reducción de la pena de 8 a 6 años de cárcel por el delito de violación otorgado por el Tribunal de Apelaciones a favor de Farinton Reyes, en perjuicio de Fátima Hernández establece un nuevo record en el maltrecho estado de la justicia en Nicaragua. Si no hubiese sido por la entereza de la víctima, que tuvo que recurrir a la protesta pública y a dos huelgas de hambre para exigir la atención de los tribunales a su denuncia, la suya hubiese sido una ignorada violación más. El hecho de que el Ministerio Público, se haya exhibido como “verdugo de las víctimas” como lo calificó la Red de Mujeres contra la Violencia, al abandonar su rol de defensor y retractarse de su dictamen, dejó en evidencia cómo funcionan los mecanismos de la impunidad fáctica en el Estado que prohíben una verdadera persecución del delito y su sanción penal. La palabra víctima originalmente designaba al animal –cabrito, paloma- destinado a la inmolación en un sacrificio religioso y victimario, era quien lo ejecutaba. Tenemos pues que las autoridades devienen en victimarias cuando sacrifican a la justicia en el altar de los violadores. Es un escarnio para toda la nación.

Impunidad por contagio

La posibilidad de que las violaciones de mujeres y niñas queden impunes es para muchos hombres una invitación al delito. Y ese al parecer es el mensaje que con sus actuaciones está enviando el poder judicial, en tanto por impunidad se entiende la inexistencia de hecho, de responsabilidad penal dado que los perpetradores escapan a la investigación, detención o procesamiento o bien, cuando llegan a ser reconocidos culpables, no se les condena a las penas apropiadas. El asunto es que la impunidad supone una desprotección de la sociedad, que hace que la misma se incremente porque el irrespeto a la ley –tanto de las autoridades como de los delincuentes- se convierte en algo “natural”, que nadie castiga. El contagio que viene desde los magistrados y jueces convierten al país en el reino de la impunidad dado que la justicia se halla subordinada al poder político, como se evidencia a través de sentencias que obedecen a las razones del gobierno o de jueces que se muestran dóciles porque temen su destitución si no lo hacen. La advertencia de Sófocles de que “un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo” tiene hoy plena vigencia. Que tome nota el titular del ejecutivo, pero especialmente la ciudadanía.

Amnistiando violadores

La palabra violencia y violación comparten la misma raíz latina vis, que significa “fuerza”. Violare, indica entonces un “actuar violento”, con uso de la fuerza. La insólita y desvergonzada sentencia de tres magistrados del TAM alegando como “atenuante” una pretendida embriaguez, relación de pareja y “daño moral” (¿?) grave al acusado, parece ser el comienzo de una impunidad normativa para alguna vez emitir una ley de amnistía a violadores por sus conexiones políticas. Sólo bastará que aleguen que estaban borrachos y que tenían una “relación de pareja” con la víctima, para justificar la agresión sexual. Algo equivalente a la afirmación de los pedófilos de que los niños que violaron, en realidad los “sedujeron” a ellos. El delito de violación lo que castiga es el uso de la fuerza, independientemente de las circunstancias. Una esposa que dice NO a una relación sexual con su marido borracho y éste la somete por la fuerza, es también una persona violada. El grave fallo impuesto por el TAM, con seguridad dará pie para que en el caso reciente de tres niñitas sordomudas violadas por un muchacho igualmente sordomudo y que fue denunciado en lenguaje de señas, se alegue ahora su discapacidad para no procesarlo. Desde que la más alta magistratura de la nación se ejerce por una persona acusada de violación de la cual fue “eximido” y se tuvo como resultado de la tómbola de la CSJ el ascenso de una nueva magistrada, está claro que las denuncias de este delito se han convertido en una “mala” palabra que pone nerviosos a todos los funcionarios del gobierno y del Estado, no vaya a ser que el señor se sienta aludido. Por eso es que prefieren hacer la apología del delito.

Índice de justicia

Para determinar el nivel de impunidad de un sistema, es importante medir la eficacia de las autoridades de justicia, puesto que los delincuentes observan una relación costo/beneficio. La principal palanca con las que cuenta la sociedad para elevar los costos para el delincuente es el nivel de eficacia del sistema penal. Por eso el índice de confianza en la justicia se define como el grado de confianza que los ciudadanos tienen en la eficacia, honradez e imparcialidad de los funcionarios. Les dejo como tarea, estimados lectores, que hagan su propia evaluación del estado de la cuestión en Nicaragua, contestando estos cinco indicadores:
Si usted fuera a un juez por un problema, ¿cuán probable sería que se le resuelva satisfactoriamente? Si usted fuera a un tribunal para resolver algún problema, ¿cuán probable cree usted que el trato que recibiría de las autoridades fuera justo? ¿Cuán honrado cree usted que son los funcionarios de justicia en Nicaragua? ¿Cuán imparciales, es decir que generalmente no actúan a favor de algunas de las partes, cree que son los jueces en Nicaragua? ¿Cuán probable cree que procesen y condenen a un delincuente del partido de gobierno? Marque las siguientes opciones (probable, justo, imparciales, honrados) según corresponda: 1) Nada probable 2) Algo probable 3) Bastante probable 4) Muy probable 5) No sabe.