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La historiografía costarricense ha esgrimido varias falacias sobre el Río San Juan de Nicaragua que, por medio de afirmaciones sesgadas y superficiales, afirman que el río San Juan se ha compartido entre ambos países. Todo ello es, desde luego, completamente falso. Aquí me limitaré a dos.

Primera falacia

Que durante el período colonial (1524-1821) el río San Juan NO formó parte exclusiva de las provincias que integraban la Capitanía General de Guatemala. Lo cual es falso, ya que desde 1573 el río formó parte exclusiva de la circunscripción territorial de la Provincia de Nicaragua. Ésta se había constituido en 1527 y su gobernador, Pedrarias Dávila, fue nombrado el 1º de marzo de ese año. Costa Rica nunca tuvo que ver con las acciones históricas desarrolladas en sus aguas.

Fue el gobernador de Nicaragua, Rodrigo de Contreras, tras varios intentos, quien logró en 1539 completar el descubrimiento del Desaguadero —como se conocía entonces al San Juan—, enviando a Alonso Calero y Diego Machuca desde Granada. Los expedicionarios cruzaron el Mar Dulce, navegaron y tomaron posesión del San Juan de un extremo al otro. Con este acontecimiento geográfico, comenzó el río a ejercer una función histórica en Nicaragua. Desde entonces, la geografía fue “el cuerpo de nuestra historia y la historia el alma de nuestra geografía”, en palabras de José Coronel Urtecho.

Costa Rica ni siquiera existía. Más aún: hasta 1573 se nombró a su primer gobernador, Diego de Artieda y Cherinos, quien tres años después aún se hallaba en Granada, de donde salió con navío y gente armada, ropas y víveres, instrumentos de labranza, artesanos, etc., pues en la Provincia de Costa Rica o Nueva Cartago casi no había nada. Así, la capitulación de Felipe II a Artieda y Cherinos fijó los límites de las provincias de Nicaragua y Costa Rica, permaneciendo inalterables hasta 1821. En consecuencia, nuestra provincia adquirió pleno dominio sobre el curso entero del San Juan hasta su desembocadura en el Caribe por medio de tres bocas. No en vano, a partir de 1539 se había iniciado su comercio marítimo entre los puertos de Granada y Nombre de Dios, en la costa de Panamá, ampliándose más tarde a Portobelo y a Cartagena de Indias. Costa Rica careció de ese comercio marítimo a lo largo de toda la época colonial.

A través de nuestro río San Juan, Granada fue víctima del saqueo de los piratas en 1665 y 1670, obligando a las autoridades españoles a construir cuatro fortalezas a lo largo del mismo río. La más sólida y perdurable fue el Castillo de la Inmaculada Concepción, cuya inauguración la ciudad celebró el 12 de diciembre de 1675, con una misa y un sermón pronunciado por el franciscano José de Velazco, impreso al año siguiente en Guatemala. En 1762, Rafaela Herrera defendió la Provincia contra una invasión formal de la Corona inglesa. En 1780, otra invasión —al mando de Kemble Poulson y Nelson— no pudo penetrar más allá del Castillo. Autoridades y tropas de Nicaragua se involucraron en esos hechos y Costa Rica —reducida en 1700 a 17 asentamientos precarios en su valle central— fue ajena a ellos.

Costa Rica: provincia aislada y precaria

También Costa Rica, sumida en el aislamiento, nada tuvo que ver con el interés de abrir una ruta directa con España. Tal fue el proyecto emprendido por el vizcaíno Juan de Zavala, quien vivió en Granada de 1790 a 1796, dedicado al comercio y al estudio sobre la apertura del puerto de San Juan, habilitado por Real Orden del 26 de febrero de 1796. “De modo que todas las libertades y excepciones que corresponden al puerto de San Juan las ha de gozar la ciudad de Granada”, se esclarecía. Zavala se marchó a España para organizar la expedición de 1796, retornando a Cádiz y arribando al puerto de San Juan el 6 de noviembre de 1798 e inmediatamente a Granada. Así quedó inaugurado el comercio transatlántico de la Provincia.

Como se ve, Nicaragua controlaba la navegación por el río San Juan, estableciendo un eje comercial desde Granada con los puertos del Caribe citados. La Gaceta de Guatemala reportó viajes de balandras y chatas grandes entre Portobelo y Granada —y viceversa— de 1706 a 1733, cuando se interrumpió temporalmente dicho comercio. En 1775, lo reinició desde Portobelo atravesando el río San Juan, Juan Joseph de Izarraundiaga.

Granada y su comercio marítimo

Hasta la independencia, la explotación comercial, defensa militar y jurisdicción exclusiva del San Juan por parte de la provincia de Nicaragua fue un hecho relevante. El número de fragatas que viajaban entre Granada y los citados puertos caribeños eran “diez o doce”, según lo consignó en 1613 el viajero Antonio Vásquez de Espinoza. En 1620, ante este auge, Diego de Mercado propuso al Rey la apertura de una comunicación interoceánica a través de la misma ruta que —cruzando el istmo de Rivas (franja de veinte kilómetros entre el Lago de Nicaragua y el Océano Pacífico)— concluiría en el Golfo de Papagayos. Y en 1637, otro viajero, el irlandés Thomas Gage, observó en el puerto de Granada de 14 a 18 fragatas listas a zarpar cargadas con muchos “frutos de la tierra” —incluyendo añil, bálsamo y azúcar— y la plata del Rey procedente de Guatemala, con otros productos, en recuas. Por ello se podía decir, sostenía Gage, que “esta ciudad [Granada de Nicaragua] es una de las más ricas que hay en toda la parte septentrional de América”

Por su lado, Costa Rica fue la última región de la América Central poblada por los españoles. Hasta 1561 tuvo lugar la primera penetración en su Valle Central. Ello explica, en parte, que la cartografía de la época ignorase su territorio. Sin las riquezas auríferas, la población indígena y la posibilidad de comunicación interoceánica de Nicaragua, su comercio durante el período colonial se inició con la apertura de 1601 de un camino de mulas hacia Panamá —los equinos procedían de Honduras y de Nicaragua—, y siguió en la primera mitad del siglo XVIII con la explotación del cacao, desde Cartago, en el puerto caribeño de Matina, más de cien kilómetros al Sur de San Juan de la Cruz. Era, además, escaso, y estaba sujeto a las agresiones y despojos de los zambos mosquitos.

Como se ve, a diferencia de Nicaragua, Costa Rica no tuvo ningún derecho de navegación ni ejerció jurisdicción alguna en el San Juan a lo largo de los siglos coloniales.

Segunda falacia

Que las primeras constituciones políticas de Costa Rica (la de 1825 y la de 1841) coinciden en señalar la frontera colonial con Nicaragua. Lo cual es falso, ya que ambos textos no coinciden. El texto constitucional de 1825 acepta el uti possidetis juris de 1573; y el texto constitucional de 1841 lo desconoce, como consecuencia de la anexión ilegal del nicaragüense partido de Nicoya.

Al declararse la independencia de España el 15 de septiembre de 1821, fue aplicado el uti possidetis juris de Nicaragua. O sea, la conservación de sus límites coloniales, de acuerdo con la Constitución Federal de las Provincias Unidas del Centro de América —que integraba con otros cuatro Estados— del 22 de noviembre de 1824: es decir, el partido de Nicoya y el curso de agua del San Juan —con el cual Costa Rica nunca había tenido nexo alguno— pertenecían enteramente a Nicaragua.

Así lo reconoció la primera Constitución de Costa Rica, emitida el 21 de enero de 1825. Por tanto, reconocía los linderos del partido de Nicoya, situado en el suroeste de Nicaragua, territorio en forma de triángulo, cuyo vértice era la boca del San Juan y su base el Pacífico, teniendo por ángulo noreste el río La Flor y por ángulo sureste el río El Salto. El mismo reconocimiento lo manifestó el delegado costarricense Mariano Montealegre, el 16 de agosto y el 9 de septiembre de 1823, al firmar acuerdos políticos respectivos con las provincias nicaragüenses de Granada y de León.

A raíz de la disolución de la Federación Centroamericana en 1838, el Comisionado de Costa Rica, Francisco Oreamuno, firmó con Pablo Buitrago, su homólogo nicaragüense, el Tratado Buitrago-Oreamuno. La importancia de esta misión no radica en el tratado, que no entró en vigencia, sino en las instrucciones dadas a Oreamuno, las cuales evidencian que Costa Rica estaba consciente de que carecía de fundamento jurídico para navegar por el río San Juan. Por eso planeaba el asunto desde la perspectiva del caudal de aguas aportado al San Juan por sus ríos tributarios, e insistía en obtener un derecho de navegación limitado a mercaderías y objetos de comercio, para cuya obtención estaba dispuesta a erogar sumas de dinero a favor de Nicaragua.

Prescindiendo del uti possidetis juris colonial, y al margen de su propia Constitución de 1825, Costa Rica estableció por primera vez sus pretensiones territoriales al otorgar rango constitucional, en su “Decreto de Bases y Garantías” de 1841, a su tesis de los “límites naturales”, según la cual su frontera norte partía de la desembocadura del río La Flor (en el Pacífico), prosiguiendo por la ribera meridional del Lago de Nicaragua, y la del río San Juan hasta su desembocadura en el Atlántico.

Sin duda, esta decisión “constituía un acto unilateral, que lógicamente no obligaba a nuestra vecina septentrional”, lo confirma el historiador costarricense Jorge Sáenz Carbonell. Y, sin duda, aprovechaba la disolución del gobierno federal, que ya no podía exigir la restitución a Nicaragua de la cesión temporal del Partido de Nicoya, cuya apropiación arbitraria y unilateral le permitía expandir su territorio.