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En la actitud de Costa Rica respecto del Río San Juan no hay imprevistos y, por lo tanto, tampoco nada sorpresivo. La reacción del gobierno costarricense ante el dragado del Río, es porque frustra su histórica aspiración de apoderarse del mismo. No lo confiesa abiertamente, por cuanto, además de que los tratados y el Derecho Internacional confirman que el Río es nicaragüense, nadie aquí se lo va a entregar; ante tal hecho, Costa Rica persigue explotarlo económicamente más de como lo ha venido haciendo.

Explotar el Río con fines turísticos, se le ha hecho posible a Costa Rica, por el abandono en que los gobiernos nicaragüenses han tenido al Río, al Departamento todo y, naturalmente, también el desarrollo y bienestar de los núcleos humanos que lo habitan.

Hay dos cosas que hubiesen desalentado la ambición de Costa Rica y evitado la actual alharaca de su gobierno: 1) en lo regional, si los gobiernos de Nicaragua hubieran atendido el desarrollo de esa zona, como los ticos lo han hecho en su frontera norte, y 2) en lo internacional, si Nicaragua hubiese podido presentar las credenciales democráticas formales que Costa Rica ha podido presentar. Esto le ha granjeado a los ticos las simpatías internacionales, y le permite presentar el conflicto del Río como producto de la agresividad de Nicaragua contra una Costa Rica pacífica. Y le ayuda este argumento: si el gobierno nica es agresivo contra la democracia interna, lo puede ser también contra la democracia del país vecino.

Ésa es una historia conocida, y ahora es diplomáticamente aprovechada por Costa Rica. No obstante, en torno al conflicto actual se observan dos situaciones, una positiva y otra negativa: 1) que el gobierno de Nicaragua está actuando con la razón histórica y jurídica, y cuenta con el apoyo unánime de las fuerzas políticas de oposición, lo cual le ofrece a Daniel Ortega, la oportunidad de presentarse como el presidente de todos los nicaragüenses y de sus intereses nacionales; 2) que, al mismo tiempo, Daniel Ortega, no ha detenido, ni siquiera menguado, el ritmo de su auto promoción continuista, negando los derechos democráticos de la mayoría de los nicaragüenses.

Esta doble actitud del gobierno de Ortega la sostiene y oculta bajo los ruidos del conflicto tico-nica, el cual él mismo está presentando con ribetes dramáticos de un patriotismo a ultranza. Su defensa patriótica ante la ambición costarricense, es la segunda de sus más elementales obligaciones –“representar a la nación”—, no sólo en reuniones de nivel presidencial en el exterior, sino también, y principalmente, como presidente de la república, jefe del Estado, del Gobierno, y jefe supremos del Ejército de Nicaragua, defender la soberanía nacional. En este conflicto, es difícil precisar cuándo Ortega está cumpliendo con sus obligaciones formales, cuándo lo hace con interés patriótico y cuándo por interés político personal.

Es que, en medio del conflicto, Ortega atiende su proyecto político que todos sabemos en qué consiste y cuáles son sus pretensiones. Es por eso, que luce más que sospechoso que los opositores arnoldistas del PLC y de otros grupos de oportunistas, estén adoptando posiciones complacientes con el gobierno, y en nombre de la defensa del país, se ponen de acuerdo en reelegir a la actual directiva de la Asamblea Nacional, compartida entre ambos, pero dominada por Ortega. Una reelección a la sombra del patriotismo, dentro del pacto Ortega-Alemán, y con miras a repetirlo con la reelección de los magistrados electorales y demás Poderes e instituciones del Estado.

Han dejado al margen la lucha por la defensa de la Constitución, en lo que se refiere a la violación del artículo 147, que es como admitir la inscripción ilegal de Ortega como candidato a la presidencia. Hay un doble juego de Ortega; por un lado se presenta cumpliendo sus deberes constitucionales ante Costa Rica, y por el otro lado burlando su primer deber constitucional, que es “Cumplir con la Constitución y las leyes” (artículo 150 Cn. numeral 1), al seguir proclamándose “candidato” a la presidencia, en franca contradicción con su artículo 147. Además, recurre a todo lo ilegal y a la complicidad del PLC para mantenerse extra oficialmente como tal.

Aún no se había comenzado a resolver el conflicto tico-nica por el dragado del Río San Juan, y surgen ya razonables sospechas de que no todo es tan patriótico como se supone en la defensa del gobierno, dado los apresurados arreglos de los pactistas en relación a las condiciones en las cuales no se debieran realizar los próximos comicios electorales. Condiciones harto ilegales: un candidato que por mandato constitucional no puede serlo; un tribunal electoral cuestionado con sobrada razón por su comportamiento corrupto e incondicional con Ortega; un padrón electoral y una cedulación manejados al gusto por los magistrados a la orden de Ortega; con los derechos políticos de algunos partidos mutilados; otros partidos, jugando sombra a favor del gobierno mediante arreglo económico bajo la mesa; y, por si esto fuera poco, sin la observación electoral nacional e internacional.

Existe un marcado interés del gobierno y sus cómplices, de que todo lo señalado desparezca bajo la sombra del conflicto tico-nica por el Río San Juan. Sin embargo, los problemas electorales siguen ahí, inconmovibles. Y bajo las sombras del patriotismo, hay algo que no escapa del panorama oficial del conflicto: la OEA fue convocada por el gobierno costarricense, y admitida por el gobierno nicaragüense como instancia confiable para buscarle una solución pacífica. Pero esa función que estaba desempeñando el organismo continental, con la venia de ambos países y con la participación de todos sus miembros, se vino al piso con la resolución del viernes 12 del corriente mes.

Esto le vino a Ortega como anillo a dedo: desconoció la resolución, remitirá la disputa a la Corte de La Haya y con ello alienta la continuidad del conflicto, y él se queda con la imagen de gran patriota; y, a la sombra de esta imagen, se permite reforzar su proyecto de reelegirse. No en vano convocó, la noche del sábado 13 de noviembre, “a votar en paz” en el 2011, obviando las irregularidades que él mismo ha provocado: sus violaciones constitucionales para inscribirse y la insistencia en mantener vigente al peor árbitro electoral que haya habido jamás.

De ipegüe, se libraría de la observación electoral, al dejar descalificada a la OEA. Ortega prefiere mantener su imagen antidemocrática, antes que cambiar la decisión de hacer de las elecciones una misa negra oficiada por un Consejo Electoral desprestigiado ante el pueblo nicaragüense y también internacionalmente. Las piedras que trae el Río, no suenan por gusto.